La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió abrir un debate abierto, técnico, académico y ciudadano para incorporar propuestas que enriquezcan el texto final de la iniciativa para postergar la elección judicial a 2028.
Advirtió que la legitimidad del sistema judicial no puede depender únicamente de procesos electorales, sino de la fortaleza institucional y de la capacidad técnica de quienes integran los órganos jurisdiccionales.
El organismo empresarial reconoció como un avance la propuesta del gobierno federal para aplazar la elección judicial, al considerar que coincide con planteamientos que previamente había impulsado para evitar mayores riesgos operativos, reducir complejidades logísticas y generar condiciones más adecuadas para revisar integralmente el modelo.
Sin embargo, advirtió que cualquier modificación al sistema judicial debe construirse con diálogo, visión de Estado y privilegiando la legalidad, por lo que consideró indispensable abrir una discusión amplia en el Congreso de la Unión que permita fortalecer la iniciativa mediante aportaciones técnicas y ciudadanas.
Indicó que México requiere fortalecer el Estado de Derecho, la confianza institucional y la certeza jurídica para generar inversión, competitividad y desarrollo sostenible.
“La experiencia observada durante la elección judicial de 2025 evidenció diversas áreas susceptibles de mejora”, señaló en un comunicado la organización patronal al referirse a la baja participación ciudadana, inconsistencias operativas, complejidad de las boletas e insuficiencia de legislación secundaria.
Sostuvo que la eventual creación de una comisión coordinadora para homologar criterios de evaluación entre los tres Poderes de la Unión representa una oportunidad para fortalecer estándares técnicos, transparentar procesos y privilegiar la capacidad profesional de quienes aspiren a impartir justicia.
Además, consideró positivo que se contemplen evaluaciones de conocimientos, competencias y antecedentes de los perfiles judiciales, siempre y cuando exista plena transparencia, autonomía y supervisión ciudadana.
Lee también:
Congreso prepara ‘fast track’ para aplazar elección judicial a 2028
El organismo insistió en que México requiere perfiles con sólida preparación jurídica, experiencia acreditada y trayectoria ética para garantizar una impartición de justicia independiente y basada en el mérito profesional.
Alertó que las reformas al sistema judicial tienen impacto directo en la certeza jurídica, la inversión, la competitividad y la estabilidad democrática del país, especialmente ante un entorno internacional marcado por presiones económicas y la próxima revisión del TMEC.
“México requiere instituciones sólidas, autónomas y confiables que generen certidumbre para las empresas, las personas trabajadoras y las familias mexicanas”, señaló.
Finalmente, la confederación reiteró su disposición a participar en la construcción de propuestas que fortalezcan la independencia judicial, la carrera jurisdiccional y la confianza institucional, al asegurar que “sin certeza jurídica no existe desarrollo sostenible ni viabilidad económica”
