Durante el último año, las imágenes de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enmascarados y fuertemente armados arrestando a hombres, mujeres y niños —afuera de tribunales, en escuelas y hogares— se volvieron comunes en todo Estados Unidos.
El video de un agente del ICE disparando y matando a Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense, en Minnesota el 7 de enero de 2026, es un ejemplo de las tácticas descaradas, a veces mortales, que emplea la agencia.
Parte de la razón por la que las recientes tácticas del ICE conmocionaron a los estadounidenses es porque la mayoría de la gente no las vio antes. Históricamente, las prácticas militarizadas de control migratorio del país se desarrollaron más cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Y durante décadas, los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) llevaron a cabo la mayoría de las deportaciones cerca de la frontera, no el ICE.
De 2010 a 2020, casi el 80% de todas las deportaciones se iniciaron en o cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Durante la pandemia de Covid-19, esa cifra se disparó al 98%, ya que tanto la administración de Trump como la de Biden utilizaron el Título 42, una ley de salud pública que permitía al gobierno deportar rápidamente a los migrantes recién llegados.
Sin embargo, durante su segunda presidencia, Trump desplazó considerablemente la aplicación de la ley migratoria hacia el norte, al interior de Estados Unidos. Y el ICE desempeñó un papel fundamental.
Como expertos en migración internacional y derechos humanos, hemos examinado la política federal de inmigración reciente para determinar por qué el ICE se ha convertido en la principal agencia que detiene y deporta migrantes en lugares tan lejanos de la frontera sur como la nevada Minnesota.
Y también hemos explorado cómo la transición en el control migratorio desde la frontera sur a las casas de más estadounidenses podría estar cambiando la opinión pública sobre las tácticas de deportación.
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La migración como amenaza
El ICE es una agencia relativamente nueva. La Ley de Seguridad Nacional de 2002, aprobada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mediante la fusión del Servicio de Aduanas de EU (anteriormente bajo el control del Departamento del Tesoro) y el Servicio de Inmigración y Naturalización (ICE), anteriormente dependiente del Departamento de Justicia.
El DHS cuenta con 22 agencias, incluyendo tres especializadas en inmigración: la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el ICE y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EU (USCIS), que gestiona la inmigración legal y la naturalización.
No existe una razón intrínseca para que la aplicación de las leyes de inmigración deba ser responsabilidad de la seguridad nacional. Sin embargo, la administración de George W. Bush consideró la inmigración un asunto de seguridad nacional después del 11-S.
En una sesión informativa presidencial de 2002 que justificaba la creación del DHS, Bush declaró: “La naturaleza cambiante de las amenazas que enfrenta Estados Unidos requiere una nueva estructura gubernamental para protegerse de enemigos invisibles que pueden atacar con una amplia variedad de armas”.
Desde entonces, el gobierno estadounidense abordó la inmigración desde esta perspectiva de seguridad nacional.
El impacto total de las deportaciones
A principios de 2025, la administración Trump se fijó el objetivo de deportar a un millón de personas durante su primer año.
Sin embargo, con tan pocos cruces, y por ende, deportaciones, en la frontera entre Estados Unidos y México, la administración ha centrado sus esfuerzos en el interior del país.
El proyecto de ley fiscal y presupuestaria de Trump para 2025 reflejó esta repriorización, asignando 170,000 millones de dólares durante cuatro años a la aplicación de las leyes migratorias, en comparación con los aproximadamente 30,000 millones asignados en 2024.
Aproximadamente 67,000 millones de dólares se destinan a la aplicación de las leyes migratorias en la frontera, incluida la construcción del muro fronterizo. Sin embargo, el mayor porcentaje de los fondos para inmigración del proyecto de ley (al menos 75,000 millones de dólares) se destina a arrestar, detener y deportar a inmigrantes que ya residen en Estados Unidos.
La administración Trump no inició las deportaciones desde el interior del país. Formaron parte de las políticas de otras administraciones, tanto demócratas como republicanas.
La vigilancia fronteriza interior aumentó durante el gobierno de Bill Clinton en la década de 1990 con la introducción de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996, que amplió los criterios de deportación.
El expresidente Barack Obama fue conocido como el “Deportador en Jefe” después de que su administración llevara a cabo más de 3 millones de deportaciones durante sus dos mandatos, de las cuales aproximadamente el 69% ocurrieron en la frontera.
Pero el crecimiento astronómico de la financiación gubernamental para el control migratorio, tanto en la frontera como en EU, llevó al país a donde se encuentra hoy.
Por ejemplo, entre los años fiscales 2003 y 2024, el Congreso asignó aproximadamente 24 dólares a la vigilancia migratoria a cargo del ICE y la CBP por cada dólar gastado en el sistema de tribunales de inmigración que tramita las solicitudes de asilo.
El nuevo dinero asignado en el proyecto de ley de presupuesto de 2025 y la repriorización de la aplicación de las leyes migratorias desde la frontera hacia el interior explican en parte por qué los estadounidenses ahora ven las consecuencias a largo plazo de la militarización de la frontera desarrollarse directamente en sus comunidades.
Puede que los estadounidenses desconozcan las experiencias de los migrantes que son deportados rápidamente cerca de la frontera, pero es más difícil ignorar las imágenes recientes de personas detenidas en sus propios barrios.
Ahora, los blancos visibles de la vigilancia fronteriza son cada vez más inmigrantes que han construido su vida en Estados Unidos (vecinos, amigos, compañeros de trabajo), así como cualquiera que se oponga a las tácticas del ICE, como Renee Good.
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Cambio de actitudes políticas
De hecho, la violencia de la campaña de deportaciones masivas de Trump podría estar cambiando la percepción de los estadounidenses sobre la inmigración.
Justo antes de las elecciones presidenciales de 2024, una encuesta de Gallup reveló que el 28% de los estadounidenses creía que la inmigración era el problema más importante que enfrentaba la nación, el porcentaje más alto desde que Gallup comenzó a rastrear el tema en 1981.
Esta cifra se redujo al 19% en diciembre de 2025, lo que refleja que cada vez más estadounidenses ven la inmigración como un problema rutinario que el gobierno puede gestionar, en lugar de una crisis que debe abordarse.
Esto se sustenta en la literatura académica. Los expertos en migración han demostrado que los votantes a menudo apoyan políticas migratorias estrictas en las urnas, pero se resisten y protestan cuando los gobiernos intentan implementarlas en comunidades inmigrantes organizadas.
En 2002, por ejemplo, la experta en migración Antje Ellermann documentó que los funcionarios de inmigración informaron que era más difícil detener y deportar personas en Miami, debido a la resistencia de una comunidad inmigrante politizada, en comparación con las comunidades relativamente conservadoras y menos organizadas de San Diego.
Sin embargo, en ambos lugares, legisladores republicanos y demócratas tuvieron influencia al intervenir en casos individuales para prevenir deportaciones. Esto se debe a que altos funcionarios de inmigración, señaló Ellermann, se vieron influenciados por la atención de los medios y la presión de los miembros del Congreso para otorgar ayuda.
El apoyo a la gestión de Trump en materia de inmigración tiende a la baja. Solo el 41% de los estadounidenses aprobaba el enfoque de Trump en materia de inmigración a principios de enero de 2026, en comparación con el 51% en marzo del año pasado, según una encuesta de CNN.
Esta disminución del apoyo a las tácticas de Trump se produce cuando senadores republicanos como Thom Tillis de Carolina del Norte, Lisa Murkowski de Alaska y Joni Ernst de Iowa han criticado a ICE y sus operaciones en Minnesota.
*Kelsey Norman es investigadora para Oriente Medio del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice y Nicholas R. Micinski es profesor adjunto de Derechos Humanos y Relaciones Culturales de la Universidad Americana.
Este texto fue publicado originalmente en The Conversation
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