El diputado del parlamento europeo, Luis Pérez Fernández mejor conocido como Alvise Pérez, arremetió contra el anuncio del gobierno de España sobre la regularización extraordinaria de migrantes que viven en su territorio en situación irregular.
En una entrevista, Alvise Pérez consideró que actualmente en España hay aproximadamente 853,000 migrantes en situación irregular, los cuales, aseguró, cuando son llevados a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), en dicha zona, se incrementa estadísticamente la criminalidad en acoso sexual, agresiones con violencia y robos con violencia y agresiones sexuales, por lo que pidió que sean repatriados ya.
“Según datos oficiales, (había) 853,000 migrantes en 2024, 2025, o sea, casi un millón de personas a día de hoy, que (deberían ser repatriados) de golpe, es decir, ahora mismo tenemos un montón de CIEs por toda España. Todo barrio que esté cerca de ese CIE o de ese centro de menas, etcétera, se incrementa estadísticamente la criminalidad en acoso sexual, agresiones con violencia y robos con violencia y agresiones sexuales, etcétera”, aseguró.
El eurodiputado agregó que él cerraría todos los CIE para centralizarlos en un sitio que esté lejos de centros urbanos para desde ahí gestionar la salida de los migrantes de manera ordenada.
“Primero (saldrían) todos los criminales con antecedentes penales o con requisitorias o que tengan órdenes de expulsión. Segundo, todos aquellos que, pese a no tener eso, hayan entrado ilegalmente, porque entrar ilegalmente en España es un delito”, señaló.
El también líder de la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta criticó además a la eurodiputada Irene Montero, quien entre 2020 y 2023 fue ministra de Igualdad del Gobierno de España, por su ideología que busca abrir las fronteras de Europa y su país a los migrantes.
“Aunque a Irene Montero le duela. Esta mujer, en el pleno del Parlamento de Estrasburgo, dijo: ‘Hombre, si estos inmigrantes han hecho el enorme esfuerzo de llegar a las fronteras de Europa y de España, qué menos, más humanitario, que dejarles pasar’. Y digo, ‘vale, Irene, el fin de semana estoy con mis colegas en la puerta de tu casa, voy a ir ahí con el esfuerzo que me pega ir al chalet de Galapagar y a ver si me dejas tu piscina, bonita. ¿O qué cojones es un país si no controlamos fronteras? ¿Tú quieres tu casa con puerta o sin puerta? Si no, ojo, quítale la puerta, a ver qué pasa”, cuestionó.
También lee: España activa una regularización extraordinaria de más de medio millón de migrantes
Contexto
Las declaraciones de Alvise Pérez se dan a siete días de que el Gobierno español aprobó una regularización extraordinaria de migrantes que viven en España en situación irregular.
Dicha medida es dirigida a quienes puedan acreditar cinco meses de residencia en España hasta finales de diciembre y que se cree que beneficiará a medio millón de personas.
La reforma es fruto de un acuerdo alcanzado por el Partido Socialista (PSOE), el partido gobernante, con la formación izquierdista Podemos, después de que la iniciativa legislativa popular que recabó más de 700,000 firmas para lograr este objetivo haya estado más de un año bloqueada en el Congreso por falta de acuerdo político.
Al tramitarse como un real decreto, el Gobierno no requiere de su convalidación parlamentaria, lo que le permite esquivar la falta de apoyos.
El conservador Partido Popular, de hecho, tachó de “ilegal” esa regularización cuando fue anunciada y consideró que es un llamamiento “a las mafias” para que sigan llevando a gente a España, mientras que el ultraderechista Vox avanzó que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo.
Como beneficiarios, todas las personas en situación administrativa irregular que hubieran residido en España durante al menos cinco meses antes del 31 de diciembre o los solicitantes de asilo que presentaran su petición antes de entonces, siempre y cuando carezcan de antecedentes penales.
El padrón municipal u otros documentos, como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero, servirán para acreditar ese tiempo de residencia.
El plazo de tramitación será de tres meses como máximo, pero la mera admisión de la solicitud, que puede demorarse unos 15 días, permitirá a la gente trabajar desde el primer día.
El Ejecutivo prevé que puedan empezar a presentarse las solicitudes en abril y en el momento en que ese trámite tenga lugar quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesen sobre los solicitantes.
La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá acceder al mercado laboral y a una vivienda, recibir atención sanitaria con normalidad o viajar sin miedo a una posible multa o expulsión. Pasados esos doce meses podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
No es la primera vez que tiene lugar en España un procedimiento de este tipo. La última se produjo en 2005, durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), pero desde los años ochenta ha habido al menos otras seis.
¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias
