La unidad del Departamento de Justicia de EU responsable de procesar posibles irregularidades cometidas por las fuerzas del orden, incluyendo la ofensiva contra la inmigración ilegal en Minneapolis, perdió dos tercios de sus fiscales y recibió órdenes de reducir sus investigaciones sobre uso excesivo de la fuerza, informaron a Reuters personas familiarizadas con su trabajo.
La unidad, que suele desempeñar un papel fundamental en la revisión de casos a nivel nacional en los que agentes del orden parecen violar los derechos de las personas, perdió una capacidad significativa para llevar a cabo investigaciones debido a la salida de personal y a las nuevas directrices de la administración del presidente Donald Trump que restringen su mandato, señalan entrevistas con siete exabogados de la sección.
El número de abogados litigantes en la unidad, conocida como la Sección Penal de la División de Derechos Civiles, se redujo de aproximadamente 40 antes de que Trump asumiera el cargo hace un año a no más de 13, indican tres de las personas con conocimiento de su plantilla. Solo dos supervisores permanecen en sus puestos y no anunciaron planes de marcharse. Anteriormente, la unidad contaba con unos siete supervisores.
Los exabogados del Departamento de Justicia, la mayoría de los cuales hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias, expresaron dudas sobre la capacidad de la sección para realizar investigaciones exhaustivas sobre incidentes recientes, incluyendo los tiroteos fatales de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales de inmigración en Minneapolis el mes pasado. El Departamento de Justicia afirmó que está investigando el asesinato de Pretti, pero no el de Good.
Al principio de la administración Trump, los supervisores de la sección informaron al personal que las investigaciones de agentes del orden solo se llevarían a cabo si se daban circunstancias graves, como una muerte bajo custodia o una agresión sexual, afirmaron tres de los exabogados del Departamento de Justicia. Los departamentos estatales y locales tomarían la iniciativa en la mayoría de los casos, recordaron los tres abogados.
Una portavoz del Departamento de Justicia, Natalie Baldassarre, afirmó que la sección prevé contratar más fiscales y “continúa aplicando las leyes de derechos civiles de nuestro país de forma enérgica y eficiente”, señalando casos recientes de agresión sexual y delitos de odio cometidos por agentes del orden.
“Evaluamos cada asunto con base en sus méritos y sin prejuicios. Nada dentro de nuestro ámbito de competencia legal está fuera de nuestro alcance”, declaró Baldassarre.
No cuestionó la reducción de los casos policiales, y añadió que el alcance nacional de la sección “requiere inherentemente la priorización de recursos”.
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Departamento de Justicia tiene casos estancados
Baldassarre indicó que la sección ahora cuenta con más de 25 abogados, una combinación de abogados litigantes, asesores legales y supervisores, y declinó hacer más comentarios sobre la dotación de personal.
Al menos cinco abogados senior anunciaron sus planes de dejar el departamento a principios de este mes, la mayoría de los cuales aceptaron ofertas de jubilación anticipada.
Exfiscales que llevaron investigaciones de irregularidades policiales afirmaron que su carga de trabajo disminuyó debido al estancamiento de las investigaciones por fuerza excesiva el año pasado.
El número de personas acusadas de violar la ley de derechos civiles, más comúnmente utilizada en casos federales de fuerza excesiva, se redujo aproximadamente un 36% el año pasado, a un total de 54 casos, la cifra más baja desde 2020, de acuerdo con un análisis de Reuters de los expedientes judiciales federales obtenido de Westlaw.
En una señal de la nueva dirección de la sección, los fiscales de derechos civiles están manejando el caso contra el ex presentador de CNN Don Lemon y otras ocho personas acusadas de interrumpir un servicio religioso en Minnesota el mes pasado en protesta por la aplicación de la ley migratoria, señalan registros judiciales.
Con información de Reuters
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