Una coalición de estados liderados por demócratas demandó este jueves a la administración Trump para intentar revocar la nueva ola de aranceles del gobierno a las importaciones extranjeras, después de que el presidente Donald Trump impusiera un arancel general del 10% para compensar la decisión de la Corte Suprema de anular su anterior programa arancelario.
Datos clave
Veinticuatro estados, liderados por Oregón, Arizona, California y Nueva York, presentaron una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional contra la administración Trump, argumentando que el arancel del 10% impuesto por el presidente fue ilegal.
Trump impuso el arancel del 10% —que sugirió aumentar al 15%— en virtud del Artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite la imposición de aranceles de hasta el 15% durante un máximo de 150 días para abordar problemas de balanza de pagos.
Trump hizo un uso indebido de la ley en este caso, argumentan los estados, ya que no estaba destinada a aplicarse a desequilibrios comerciales —como Trump utilizó para justificar la política— y viola el derecho del Congreso a imponer aranceles.
Los estados también argumentan que la política fue una forma de eludir a la Corte Suprema, después de que esta dictaminara que los amplios aranceles previos de Trump, impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), eran ilegales y debían ser anulados.
Los nuevos aranceles del 10% son “un claro intento de eludir el fallo de la Corte Suprema”, declaró James el jueves, según lo citado por CNBC.
La Casa Blanca aún no respondió a una solicitud de comentarios.
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Cita crucial
“Contrariamente al propósito y la limitada delegación de la Sección 122, el presidente Trump ha invocado esta ley para imponer aranceles inmensos y en constante evolución a cualquier mercancía que entre a Estados Unidos, según su elección y por cualquier razón que le convenga”, argumentaron los estados en su demanda.
“Al igual que con su uso ilegal de la IEEPA, el presidente ha ejercido una vez más una autoridad arancelaria que no le corresponde —al usar una ley que no autoriza los aranceles que ha impuesto— para alterar el orden constitucional y sembrar el caos en la economía global”.
Qué tener en cuenta
No está claro cuánto tiempo tardará en resolverse la demanda de los estados ni si podría llevar al bloqueo o la anulación de los nuevos aranceles de Trump.
Expertos legales especularon antes de la demanda del jueves que cualquier impugnación legal contra los nuevos aranceles probablemente sería más difícil de defender en los tribunales que los aranceles de la IEEPA, ya que la Sección 122 y otras leyes otorgan a los presidentes poderes arancelarios más explícitos que la IEEPA.
“Creo que será más difícil anularlos que la IEEPA, porque (las leyes) hablan directamente de aranceles”, declaró el abogado comercial Robert Shapiro a Forbes sobre la posibilidad de litigio contra cualquier arancel de reemplazo.
Si la demanda de los estados se convierte en una larga batalla judicial, eso también podría significar que cualquier resolución en el litigio podría llegar demasiado tarde para detener realmente los aranceles del 10%, ya que legalmente solo pueden durar 150 días.
Gran cifra
35,000 millones de dólares. De acuerdo con el Comité para un Presupuesto Federal Responsable, esa es la cantidad de ingresos que se espera que generen los nuevos aranceles del 10% en 150 días, lo que reemplazaría aproximadamente el 52% de los ingresos que el gobierno habría obtenido si no se hubieran derogado los aranceles de la IEEPA.
Esta cantidad asciende a 50,000 millones si el arancel aumenta al 15%, reemplazando el 77% de los ingresos de la IEEPA. Si el Congreso declarara permanentes los aranceles temporales, estos podrían recaudar hasta 1.3 billones de dólares hasta 2036, con base en una tasa arancelaria del 15%, lo que seguiría representando el 77% de los ingresos de la IEEPA.
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Lo que no sabemos
¿Qué otros aranceles podría imponer Trump? La Sección 122 es uno de los varios estatutos que Trump puede usar para imponer nuevos aranceles sin la aprobación del Congreso, junto con otras leyes que otorgan a los presidentes la autoridad clara para imponer aranceles a sectores o industrias específicos para proteger la seguridad nacional o tomar represalias contra prácticas comerciales desleales.
Trump ya ha sugirió que impondrá aranceles bajo esos otros estatutos, aunque serán más fragmentados que sus amplios aranceles de la IEEPA y su implementación tardará más.
Contexto clave
La demanda de los estados se produce después de que estados liderados por demócratas y pequeñas empresas presentaran demandas contra los aranceles IEEPA de Trump, lo que resultó en su anulación ante la Corte Suprema.
El tribunal falló 6-3 en contra de los aranceles de Trump en febrero, dictaminando que la IEEPA no otorga a los presidentes la facultad de imponer aranceles sin la aprobación del Congreso. Los aranceles IEEPA de Trump, que impusieron aranceles de entre el 10% y el 50% a productos de casi todos los países, fueron el eje central de su agenda económica y el presidente se opuso firmemente al fallo de la corte, describiéndolo como “profundamente decepcionante” y diciendo que se sentía “avergonzado” de los jueces de tendencia conservadora que fallaron en su contra.
Trump promocionó su “plan B” y la capacidad de seguir imponiendo aranceles bajo otras autoridades tras el fallo de la corte, alegando que la corte “accidental e involuntariamente me dio… muchos más poderes y fuerza” al decir en su fallo que los presidentes tienen la facultad de imponer aranceles bajo otras leyes.
Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US
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