La razón por la que a varias organizaciones civiles se les revocó su autorización de donatarias en 2025 fue porque no acreditaron que sus investigaciones eran “de carácter científico, toda vez que su autorización era por ese rubro”, según el SAT.
El órgano recaudador informó en una tarjeta informativa que la acreditación es un requisito que señalan las disposiciones fiscales, y que el tipo de documento atiende a la ley de la materia, en el caso de esas ONG, la nueva ley de Ciencia.
“De tal modo que, una vez que cumplan con tal requisito pueden solicitar nuevamente la autorización”, indicó.
El órgano recaudador SAT informó que en 2025 se revocaron 270 donatarias de un padrón de más de 10,000 por no cumplir con los requisitos legales.
Aseguró que a todas se les dio derecho de audiencia conforme a la Ley del ISR, por lo que la revocación se debió a que no cumplieron o subsanaron lo dispuesto por la ley en el plazo legal.
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“Se reitera que todas las revocaciones siguen un procedimiento que permite a las donatarias corregir su situación y únicamente se revocan a las que no cumplen con la ley”, sostuvo.
Recordó que las donatarias autorizadas son aquellas organizaciones civiles o fideicomisos que tienen autorización para recibir donativos deducibles del ISR, es decir, permiten que las personas donantes paguen menos contribuciones.
El SAT agregó que las donatarias están obligadas a destinar esos recursos a los fines autorizados por la Ley del ISR, y es obligación de la autoridad verificar que cumplan con sus obligaciones.
Esta mañana, la presidenta Claudia Sheibaum declaró que desconocía el número total de organizaciones involucradas, y luego aseveró que la revocación de las autorizaciones fue producto de un análisis técnico del SAT.
“No es que el SAT me pregunte: ‘Oiga presidenta, le quito a esta organización la posibilidad de que no pague impuestos por una donación’. Sino que son evaluaciones estrictamente técnicas”, declaró.
Entre las organizaciones que perdieron la autorización están Mexicanos Primero, creada en 2005 y enfocada en la promoción del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes; México Evalúa, dedicada al análisis de políticas públicas, así como el Instituto Mexicano para la Competitividad, especializado en temas de desarrollo económico y competitividad, de acuerdo con una nota de El Universal.
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