Barbara Johnson lleva décadas luchando contra la contaminación por carbón en su barrio, mayoritariamente negro, del norte de San Luis, como organizadora de Metropolitan Congregations United, uno de los muchos grupos activistas que luchan por un aire más limpio en una ciudad que tiene algunos de los aires más contaminados del país.
Hasta hace poco, Johnson tenía motivos para creer que las cosas mejorarían: las normas federales más estrictas sobre hollín, adoptadas en 2024 bajo la administración Biden, debían entrar en vigor en 2027, obligando a las centrales eléctricas a reducir drásticamente sus emisiones o cerrar. Esto habría obligado a una de las mayores contaminadoras de la zona, la central eléctrica Labadie Energy Center de Ameren, a reducir a la mitad sus emisiones de hollín para poder seguir operando.
Sin embargo, las esperanzas de Johnson se desvanecieron en febrero, cuando la administración del presidente Donald Trump derogó las normas antes de que entraran en vigor, como parte de un esfuerzo más amplio para garantizar que la red eléctrica nacional pueda satisfacer la creciente demanda de los centros de datos. Ahora se pregunta si algún día verá los cambios por los que luchó desde su juventud.
“Se dan dos pasos hacia adelante y cuatro hacia atrás”, dijo Johnson, de 75 años. “Estoy acostumbrado a esa tendencia regresiva, pero ¿cuántas generaciones harán falta para que esos cambios positivos se consoliden?”.
Los retrocesos de Trump en apoyo a la IA marcan un giro en la política ambiental estadounidense y una dolorosa verdad para los activistas por el aire limpio: tras años de relegar el carbón a la extinción, el auge de los centros de datos, ávidos de energía, volvió a poner en primer plano la fuente de energía más contaminante del país.
El año pasado, Trump emitió una orden ejecutiva titulada “Revitalizando la hermosa industria del carbón limpio de Estados Unidos”, en la que afirmaba que la energía generada con carbón era crucial para satisfacer el aumento de la demanda de electricidad en Estados Unidos, impulsado por la construcción de centros de procesamiento de datos de IA.
Desde entonces, proporcionó financiación para mantener en funcionamiento las antiguas centrales, emitió órdenes para retrasar su cierre y flexibilizó las regulaciones ambientales sobre el mercurio y otras toxinas para eximir a las centrales de costosas modernizaciones.
“Garantizar energía de base asequible, incluyendo la generada con carbón, es esencial para mantener el suministro eléctrico y la calefacción en los hogares estadounidenses”, declaró la Agencia de Protección Ambiental de EU (EPA) en un comunicado enviado por correo electrónico sobre la flexibilización de las regulaciones. “La EPA está comprometida con garantizar un aire limpio para todos los estadounidenses, independientemente de su raza, género, credo o procedencia”.
El Departamento de Energía de EU estima que el crecimiento de la inteligencia artificial y los centros de datos generará una nueva demanda de electricidad de 50 gigavatios para 2030, lo que representa un aumento de casi el 4% con respecto a los 1,300 gigavatios producidos por todas las centrales eléctricas estadounidenses en 2025.
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Auge de la IA afecta calidad del aire
Reuters entrevistó a 20 activistas por la calidad del aire y defensores de la salud para este reportaje y constató que todos habían identificado el auge de la IA —y las políticas que lo respaldan— como la mayor amenaza potencial para la calidad del aire en EU debido a su necesidad de energía, incluyendo la proveniente de fuentes contaminantes como el carbón.
En la última década, el número de centrales de carbón estadounidenses que suministran energía a la red eléctrica y a otras operaciones industriales se redujo de casi 400 en 2015 a unas 200, de acuerdo con datos de la EPA analizados por Reuters. Sin embargo, este ritmo se ralentizó rápidamente.
En 2025, solo se cerraron cuatro centrales con una producción de 2.6 gigavatios, en comparación con las 94 que producían 15 gigavatios en 2015, debido a las órdenes de emergencia emitidas por el Departamento de Energía para mantenerlas operativas, de acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos.
Una coalición de agricultores, ecologistas y propietarios de viviendas se unió para oponerse a la expansión de los centros de datos por su preocupación ante sus impactos, que van desde facturas de electricidad más altas hasta la reducción del suministro de agua, lo que podría suponer un lastre para los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
Desde entonces, Trump consiguió acuerdos voluntarios con grandes empresas tecnológicas para que paguen sus necesidades energéticas y protejan a los consumidores estadounidenses de facturas más altas, pero su administración no anunció medidas para abordar los efectos en la salud derivados de la mayor contaminación causada por la expansión de la generación de energía.
De acuerdo con entrevistas y datos gubernamentales revisados por Reuters, San Luis será una de las ciudades estadounidenses más afectadas por la flexibilización de las regulaciones, principalmente debido a su ya deficiente calidad del aire y la proximidad de la enorme planta de Labadie.
El año pasado, los residentes del área metropolitana de San Luis disfrutaron de aire de buena calidad solo durante un tercio de los días del año, indican los estándares del Índice de Calidad del Aire de la EPA. Esto situó a San Luis en el puesto 475 en calidad del aire de entre 501 áreas metropolitanas estadounidenses, tanto pequeñas como grandes.
El Centro Energético de Labadie contribuye significativamente a la contaminación, señalan datos de la EPA y estudios científicos recientes.
La planta, una extensa instalación ubicada a unos 64 kilómetros al oeste de la ciudad, produce la mayor cantidad combinada de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno entre las centrales de carbón de EU, y también emite hollín a un ritmo dos o tres veces mayor que el de casi todas las demás centrales de carbón del país, muestran datos de la EPA.
Esta contaminación genera una carga económica estimada de hasta 5,500 millones de dólares anuales, de los cuales aproximadamente 820 millones recaen sobre los residentes del área de San Luis, según un análisis de Reuters de la herramienta de Evaluación de Riesgos de Beneficios Colaterales (COBRA) de la EPA.
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COBRA estima los costos de salud, como las visitas a urgencias, y mide cuánto está dispuesta a pagar la población, en conjunto, por un aire más limpio, dado que reduce el riesgo de muerte prematura.
Reuters presentó el análisis a dos expertos externos: Bryan Hubbel, investigador principal del grupo de investigación sin fines de lucro Resources for the Future, y John Graham, científico sénior del grupo de investigación ambiental Clean Air Task Force, quienes coincidieron con las cifras.
El propietario de Labadie, la empresa de servicios públicos Ameren Corp., con sede en San Luis, no refutó el análisis de Reuters de los datos de la EPA.
Ameren afirmó que la planta opera dentro de los límites federales de contaminación vigentes. Labadie seguirá funcionando durante al menos otra década, ya que la demanda de los centros de datos impulsados por inteligencia artificial supera el desarrollo de energías más limpias, según Ameren.
“Nuestros empleados viven aquí, crían a sus familias aquí y dependen de la misma energía que nuestros vecinos”, declaró Craig Giesman, director de servicios ambientales de Ameren, en un comunicado. “Esa es solo una de las muchas razones por las que seguimos centrados en operar de forma responsable, proteger la salud pública y proporcionar energía fiable, especialmente cuando más se necesita”.
La EPA declinó hacer comentarios sobre el análisis de Reuters de los datos de COBRA, pero señaló que la agencia está trabajando para actualizar sus herramientas de modelado de costo-beneficio.
Un estudio científico dirigido por investigadores de la Universidad de Washington y publicado el año pasado en la Revista de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental (JIE) indicó que San Luis sería la ciudad más afectada por el retraso en la implementación de normas más estrictas sobre las emisiones de hollín en las centrales eléctricas de carbón de EU.
La regulación de Biden habría obligado a Labadie a reducir sus emisiones de hollín a menos de la mitad para poder seguir operando. De acuedo con el análisis de costo-beneficio de la EPA de 2023, estos límites de emisiones habrían generado beneficios netos para la salud pública de hasta 3,000 millones de dólares a nivel nacional para 2037.
Desde entonces, la EPA, bajo la administración Trump, ha rectificado su postura. La agencia declaró a Reuters que las estimaciones de la administración Biden eran exageradas y que las normas vigentes proporcionan “un amplio margen de seguridad para proteger la salud pública”.
Los activistas por un aire limpio de San Luis tienen una opinión diferente.
“Nuestra región sigue siendo una zona de sacrificio”, afirmó Darnell Tingle, director de United Congregations of Metro-East, otra red de activistas. “Estamos intentando prepararnos para estos centros de datos y contrarrestar el daño que puedan causar a nuestras comunidades.”
Con información de Reuters
