Esta semana se llevó a cabo la segunda ronda de conversaciones bilaterales entre los gobiernos de México y Estados Unidos rumbo a la revisión conjunta del T-MEC programada para el 1 de julio próximo.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sostuvo reuniones con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y posteriormente con la presidenta Sheinbaum. Según información oficial, México reporta avances significativos en 48 de los 54 temas cuestionados por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, principalmente en cumplimiento comercial, propiedad intelectual y combate a prácticas desleales.
La presidenta Sheinbaum señaló que México busca alcanzar un acuerdo previo sobre acero, aluminio y automóviles antes de la revisión formal de julio. El gobierno propone mantener y fortalecer el tratado “con mejoras”, eliminando o reduciendo aranceles unilaterales y reforzando la integración regional de América del Norte.
México llega a estas conversaciones con la intención de generar mayor certidumbre que impulse la inversión extranjera directa y fortalezca sus exportaciones, especialmente en los rubros automotriz y manufacturero, consolidándose como el principal hub de nearshoring en Norteamérica. Sin embargo, más allá de los avances reportados, existen riesgos estructurales que trascienden el texto mismo del acuerdo y que podrían erosionar la confianza de los inversionistas.
El primero y más evidente es la incertidumbre prolongada. Aunque el tratado se mantenga vigente, la posibilidad de entrar en revisiones anuales actuaría como una herramienta permanente de presión por parte de Estados Unidos. Esto desincentiva inversiones de largo plazo, que requieren estabilidad regulatoria predecible. Calificadoras como Fitch ya han señalado que esta incertidumbre, combinada con otros factores externos, está frenando el ritmo del nearshoring que se esperaba más vigoroso.
En segundo lugar, el endurecimiento de las reglas de origen representa un riesgo concreto para miles de proveedores mexicanos, especialmente PYMEs en la cadena automotriz y de autopartes. Aquellos que no alcancen los nuevos umbrales podrían perder la preferencia arancelaria, elevando costos y reduciendo competitividad. Tercero, la negociación asimétrica abre la puerta a concesiones en sectores estratégicos. En energía, por ejemplo, Estados Unidos podría exigir mayor apertura al mercado privado y menos ventajas para Pemex y CFE, lo que chocaría con la política actual de “rescate” de las empresas estatales.
El T-MEC sigue siendo el pilar del comercio exterior mexicano, una extensión estable podría consolidar a México como plataforma manufacturera privilegiada en un mundo que busca diversificar cadenas de suministro lejos de Asia. No obstante, el verdadero desafío para el gobierno no radica solo en cerrar los 6 temas pendientes o presumir los 48 avances. Radica en negociar con inteligencia estratégica: defender intereses nacionales sin caer en el aislacionismo.
Atraer inversión sin sacrificar soberanía en sectores críticos como la energía, y generar certidumbre interna, certeza jurídica, seguridad y Estado de derecho, que complemente lo que se logre en la mesa bilateral. Si México logra un acuerdo que mantenga acceso preferencial al mercado más grande del mundo, sin entrar en una dependencia excesiva ni en revisiones anuales crónicas, habrá convertido un riesgo en oportunidad histórica.
De lo contrario, corremos el peligro de que el T-MEC se transforme, de facto, en un instrumento de presión permanente que limite nuestro margen de maniobra económica y geopolítica.
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