La cumbre del G7 en Évian-les-Bains confirma algo que ya resulta difícil ignorar: la economía internacional ha dejado de funcionar según las reglas que conocíamos. Analizar el crecimiento, el comercio o la inversión desde una lógica puramente técnica ya no basta para entender lo que está en juego. Hoy, la economía se ha convertido en el principal terreno de disputa por el poder global. Energía, inteligencia artificial, minerales críticos, deuda, sanciones, rutas marítimas y cadenas de suministro forman parte de una misma ecuación estratégica.
El G7 —Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón y la Unión Europea— se reúne del 15 al 17 de junio en medio de un contexto marcado por Ucrania, Irán, China, la presión sobre el Estrecho de Ormuz, la regulación tecnológica y las tensiones comerciales entre aliados. La presidencia francesa ha puesto sobre la mesa la necesidad de corregir desequilibrios globales, fortalecer la gobernanza internacional y atender crisis geopolíticas de primer orden, incluida la guerra en Ucrania.
La tesis es clara: el G7 ya no funciona únicamente como un club de democracias industrializadas. Se ha convertido en un espacio de coordinación de la seguridad económica ampliada. Durante décadas, este foro representó la arquitectura de la globalización liberal: apertura de mercados, cooperación financiera, reglas comunes y defensa del comercio internacional. Pero la coyuntura actual revela un giro profundo. El mundo no se está desglobalizando por completo, pero sí se está reorganizando bajo criterios de seguridad, resiliencia, afinidad estratégica y control tecnológico. La eficiencia dejó de ser el único criterio de competitividad; ahora importa dónde se produce, con quién se invierte y bajo qué condiciones se comercia. Lo que cuenta es operar en entornos confiables, trazables y políticamente seguros.
Ucrania es el primer gran eje de esta cumbre. La presencia de Volodímir Zelenski y las discusiones sobre sanciones, defensa aérea, apoyo financiero y presión sobre Rusia muestran que la guerra se ha convertido en una prueba de resistencia para Occidente. Ya no se trata sólo de respaldar a Ucrania en términos diplomáticos, sino de sostener un esfuerzo industrial, militar, energético y fiscal de largo plazo. La posibilidad de nuevas sanciones sobre el petróleo ruso y el apoyo a capacidades defensivas ucranianas exhiben la dimensión económica de la guerra: las sanciones, la energía y la producción militar son hoy instrumentos centrales de poder.
El segundo eje es Irán y, en particular, el Estrecho de Ormuz. La relevancia del tema radica en que una crisis regional puede convertirse rápidamente en una crisis global de precios, seguros marítimos, transporte, energía e inflación. Ormuz nos recuerda que la geografía sigue siendo decisiva en la economía internacional. Una interrupción o incertidumbre sostenida en esa ruta estratégica puede afectar no sólo a los países directamente involucrados, sino también a economías emergentes con vulnerabilidades fiscales, energéticas o cambiarias. La seguridad energética ha dejado de ser un asunto sectorial: es una variable de estabilidad macroeconómica y de gobernabilidad política.
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El tercer eje, quizá el más estructural, es China. Aunque no esté sentada en la mesa, China es el actor ausente-presente de la cumbre. La preocupación por la sobrecapacidad industrial, los subsidios, el dominio de cadenas de suministro, los minerales críticos y la competencia tecnológica refleja una realidad: China no sólo compite por mercados, compite por definir la arquitectura industrial del siglo XXI. La respuesta del G7 no parece orientarse a un desacoplamiento total, que sería costoso e inviable, sino a una estrategia de reducción selectiva de riesgos. El concepto clave es *de-risking*: diversificar proveedores, proteger sectores estratégicos y reducir dependencias en áreas sensibles como semiconductores, baterías, defensa, inteligencia artificial, energía limpia y tierras raras.
En ese sentido, los minerales críticos se han convertido en el nuevo petróleo de la transición energética y digital. No son relevantes únicamente para autos eléctricos o tecnologías limpias; también resultan indispensables para defensa, telecomunicaciones, infraestructura digital, centros de datos, manufactura avanzada y sistemas de inteligencia artificial. Por ello, las conversaciones del G7 sobre una posible estructura permanente para dar seguimiento a la agenda de minerales críticos reflejan una preocupación de fondo: las economías avanzadas no quieren que la transición energética reproduzca nuevas dependencias estratégicas.
La inteligencia artificial introduce otra capa de complejidad. Su discusión en el G7 no debe verse sólo como una conversación tecnológica, sino como una disputa por productividad, estándares, datos, seguridad, empleo y ventaja militar. La presencia de ejecutivos tecnológicos en la cumbre confirma que la gobernanza de la IA ya no se limita a los reguladores: involucra a Estados, corporaciones, plataformas y sociedades. El dilema será cómo regular sin perder competitividad, cómo innovar sin profundizar desigualdades y cómo proteger derechos sin frenar capacidades estratégicas.
Para México, esta cumbre no es lejana. Sus decisiones y tendencias inciden en *nearshoring*, comercio, energía, cumplimiento normativo, estándares laborales, trazabilidad, ciberseguridad, manufactura avanzada y cadenas de valor norteamericanas. México puede beneficiarse de la reconfiguración productiva si logra ofrecer certidumbre jurídica, infraestructura logística, energía competitiva, talento especializado y cumplimiento regulatorio robusto. Pero si no convierte su posición geográfica en estrategia industrial, corre el riesgo de observar el reordenamiento desde la periferia.
El G7 en Francia confirma que la nueva economía global estará organizada menos por la lógica abstracta del mercado y más por la administración concreta del riesgo. La pregunta de fondo ya no es sólo quién produce más barato, sino quién produce con mayor seguridad, legitimidad, resiliencia y control tecnológico. Para México y América Latina, el mensaje es inequívoco: la próxima década premiará a los países capaces de insertarse estratégicamente en cadenas de valor seguras, sostenibles y políticamente confiables. El G7 está trazando parte de ese mapa; la tarea de los países emergentes será decidir si quieren ser simples proveedores, espectadores o actores con capacidad de negociación en la nueva geografía económica del poder.
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