La administración Trump está creando un fondo de 1,800 millones de dólares para compensar a las personas que afirman haber sido “víctimas” de un procesamiento injusto, una condición para que el presidente Donald Trump llegara a un acuerdo en su demanda de 10,000 millones de dólares contra el IRS, pero aún podría avecinarse una batalla legal sobre la legalidad del fondo, a menos que Trump esté dispuesto a pagar él mismo los impuestos sobre dicho fondo.
Datos clave
El Departamento de Justicia anunció el lunes la creación de un fondo de 1,776 millones de dólares para la “lucha contra la instrumentalización de la ley” destinado a las “víctimas de la guerra jurídica y la instrumentalización de la ley”, que se espera que incluya a los condenados por participar en los disturbios del 6 de enero, ya que Trump retiró voluntariamente su demanda contra el IRS a cambio de la creación de dicho fondo.
Se financia a través del Fondo de Sentencias del Departamento de Justicia, que es el que utiliza el gobierno federal para pagar demandas y acuerdos extrajudiciales.
Trump, sus hijos y la Organización Trump, que también son partes en la demanda del IRS, no recibirán dinero alguno como parte del acuerdo, según informó el Departamento de Justicia el lunes, y algunos informes sugieren que Trump no podrá solicitar un pago por sí mismo del fondo de 1,800 millones de dólares.
Eso podría plantear un problema legal: el Centro de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York señaló que el Fondo de Sentencias solo puede, legalmente, pagar a personas o entidades que sean partes directas en una demanda, lo que significa que las personas que soliciten pagos del fondo, que no fueron partes en la demanda del IRS, en realidad no serían elegibles para recibirlos.
Según el Centro de Derecho Tributario, una forma de sortear esta situación sería que los 1.800 millones de dólares se consideraran dinero que Trump y las demás partes ganaron en el acuerdo y que ahora simplemente están regalando a otras personas.
Si ese es el caso, esos 1,800 millones de dólares se considerarían ingresos para Trump y sus hijos, lo que significa que tendrían que pagar impuestos sobre la renta, incluso si no se quedan con nada de ese dinero.
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Qué observar
El Departamento de Justicia aún no ha respondido a la solicitud de comentarios sobre las preocupaciones legales en torno al uso del Fondo de Sentencias y si el presidente deberá pagar impuestos sobre el acuerdo de 1,800 millones de dólares. Aún no se han presentado demandas que impugnen la legalidad de dicho fondo, aunque es probable que se presenten, dado que demócratas y expertos en ética han expresado su indignación por el acuerdo.
La organización de vigilancia ética Citizens for Responsibility and Ethics in Washington también ha sugerido que el acuerdo podría violar la Cláusula de Emolumentos Domésticos de la Constitución, que prohíbe a los presidentes y otros funcionarios federales obtener beneficios de su cargo, más allá de su salario gubernamental.
¿Recibirá Trump algo de los 1,800 millones de dólares?
No está claro. El anuncio del Departamento de Justicia del lunes sobre el fondo para la “antiarmamentización” no reveló si el presidente puede o no presentar una reclamación para recibir un pago, aunque Trump ha afirmado repetidamente que la administración Biden lo procesó injustamente. ABC informó la semana pasada, antes de que se anunciara formalmente el acuerdo, que este impediría a Trump recibir dinero del fondo, pero no prohibiría a las entidades vinculadas a él presentar reclamaciones. Esto significa que Trump podría beneficiarse indirectamente del fondo utilizando a otras empresas o personas para solicitar dinero.
Valoración de Forbes
Según las estimaciones de Forbes, el patrimonio neto de Trump asciende a 6,200 millones de dólares hasta el lunes por la tarde, de los cuales unos 2,100 millones corresponden a activos líquidos que podrían utilizarse para cubrir los impuestos derivados del acuerdo.
Antecedentes clave
Trump demandó por primera vez al IRS en enero, alegando que la agencia incumplió su deber de mantener la confidencialidad de sus declaraciones de impuestos después de que un contratista del gobierno filtrara detalles de los impuestos de Trump a los medios de comunicación. Sin embargo, las conversaciones sobre un posible acuerdo comenzaron incluso antes de que el IRS pudiera responder al caso, lo que generó inquietud en la jueza que lo supervisaba.
La jueza Kathleen Mary Williams había solicitado a Trump y al IRS que confirmaran si realmente se encontraban en lados opuestos de la demanda, lo cual es necesario para que el litigio sea válido, ya que de lo contrario, las partes podrían colaborar en el caso. No obstante, Trump terminó resolviendo la demanda antes de que Williams pudiera pronunciarse sobre este asunto, lo que provocó críticas generalizadas de que el presidente estaba eludiendo los tribunales al obtener dinero de un litigio que posiblemente nunca fue legal desde el principio.
Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US
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