La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que el control artificial del gas LP ordenado por el gobierno de Claudia Sheinbaum genera desabasto, disminución de la inversión y abre el mercado ilegal en México.
“El control artificial de precios genera efectos adversos, como desabasto, disminución de la inversión y un crecimiento de los mercados informales que vulneran la seguridad de los consumidores”, aseguró el jueves en un comunicado el organismo dirigido por Juan José Sierra Álvarez.
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Agregó que la imposición de precios por parte del Gobierno desde hace seis meses, sin considerar los costos reales de distribución, está poniendo en riesgo la continuidad del servicio y generando impactos negativos en el sector.
Según el organismo patronal, el control de precio reduce la cobertura de la distribución, afectando a comunidades que dependen del Gas L.P. como principal fuente de energía.
Agregó que también provoca la expansión del mercado ilegal, con la incursión de grupos dedicados a la distribución clandestina de combustibles (huachigas), lo que incrementa los riesgos de seguridad y vulnera la legalidad del sector.
Dijo que otro de los efectos del control de precios del Gas L.P. es la pérdida de empleos directos, con afectaciones para miles de familias que dependen de esta actividad.
Precisó que hay un riesgo en la seguridad operativa a mediano plazo, ya que la falta de viabilidad económica limita la capacidad de las empresas para renovar y mantener su infraestructura de distribución.
El organismo empresarial dijo que el control de precios es un retroceso en el acceso a energéticos modernos, lo que podría obligar a algunas comunidades a recurrir al uso de leña como alternativa, con consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente.
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“Es prioritario establecer condiciones que permitan a las empresas operar de manera rentable, cumpliendo con estándares de seguridad y calidad en beneficio de los consumidores”, señaló Coparmex.
Señaló que cada mes empresas recorren más de 60 millones de kilómetros para asegurar la cobertura nacional, lo que implica elevados costos operativos en combustibles, mantenimiento de flotillas, salarios, seguros y normativas de seguridad.
“Su disponibilidad y distribución eficiente no solo inciden en la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también impactan la competitividad de sectores productivos clave”, recordó.
La confederación reconoció que garantizar su acceso en condiciones justas y equitativas requiere un entorno que promueva la inversión, la certidumbre jurídica y la libre competencia.
“Para preservar la viabilidad del servicio, es indispensable que las políticas regulatorias reflejen la realidad económica del sector, evitando distorsiones que comprometan su operación”, apuntó.
Añadió que la experiencia internacional confirma que el libre mercado es el mejor mecanismo para garantizar precios justos y condiciones equitativas para consumidores y empresas.
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Apuntó que la “Tarifa de Distribución” representa hasta el 50% del precio final del Gas L.P., por lo que cualquier ajuste debe basarse en criterios técnicos y económicos que aseguren la sostenibilidad del servicio.
