Por Edgar Alonso Angulo Rosas*
La violencia prolongada que atraviesa América Latina ya no puede medirse únicamente en cifras de incidencia delictiva; representa una crisis profunda de salud mental que está desgarrando el tejido social desde su estructura más íntima: la neuroquímica del cerebro. La exposición constante al riesgo está causando modificaciones neuronales permanentes en la población, sumiéndonos en un estado de desánimo colectivo. Corremos el grave riesgo de convertirnos en una sociedad de veteranos de guerra, traumatizados no solo por el fuego cruzado, sino por conflictos derivados de la inseguridad estructural, las crisis económicas y una aguda polarización política.
Los gobiernos, sin embargo, operan con ceguera institucional. Ignoran que la violencia prolongada altera la neurobiología de comunidades enteras, sometiéndolas a una dosis diaria de frustración y miedo permanente. Factores aparentemente inconexos —las cicatrices aún abiertas de la pandemia de COVID-19, el alarmante resurgimiento de enfermedades prevenibles como el sarampión, la creciente crisis hídrica, el colapso de los servicios de salud, la impunidad sistemática frente al delito, el tránsito paralizante de las grandes urbes, las extorsiones, robos, el cobro de piso, la persecución de pequeños comercios por parte de autoridades corruptas, y la precariedad laboral, sumados al peso de las responsabilidades fiscales y la supervivencia básica— generan una carga alostática (adaptación cerebral para enfrentar el estrés y recuperar el equilibrio) brutal. Es un estrés prolongado, agobiante y silencioso, quizá nunca antes documentado con tal intensidad en tiempos de una supuesta paz.
Frente a esta realidad, las políticas de seguridad pública suelen tropezar con las mismas dos piedras: el despliegue reactivo de la fuerza o la reducción de las “causas” a una simple ecuación de supuesto desarrollo económico. Al brindar soluciones parciales, como las transferencias directas de efectivo, la política asistencial fracasa por incompleta. Ignora la brecha fundamental entre tener y ser. Ya lo advertía Aristóteles en su Ética a Nicómaco hace más de dos mil años: “la riqueza material no es el bien que buscamos, pues es meramente útil y existe por causa de otra cosa”. Cuando el Estado reduce la dignidad humana a un subsidio, olvida la advertencia socrática de que la paz y la virtud no provienen del dinero, sino del cuidado de la psique (la mente). Como sentenciaba Epicteto: “La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en ser dueño de uno mismo”.
La experiencia clínica y la realidad en las calles nos demuestran una verdad incómoda: en la disputa por las juventudes y las comunidades vulnerables, la cooptación del crimen organizado siempre ofrecerá más recursos financieros que cualquier programa oficial. El antídoto, por lo tanto, no es el dinero. Es la esperanza. Reconstruir un país exige más que subsidios; demanda estructurar un esfuerzo conjunto y nacional por la resiliencia y la salud mental, entendiendo que, sin un cerebro capaz de proyectar un futuro, ninguna paz social es sostenible.
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Las encuestas oficiales refuerzan pensamientos ingenuos. En últimas fechas se ha divulgado el resultado de encuestas de drogas en hogares que señala una reducción del consumo en menores. El problema es que, si tenemos los diagnósticos equivocados, no podemos hacer política pública adecuada. Si las personas con sobrepeso solo compran espejos que ven su rostro, no se darán cuenta de su estado real; el gobierno solo toma fotos parciales.
Pero, ¿qué es exactamente este desamparo colectivo que nos paraliza? Para entender por qué una sociedad entera pierde la esperanza, debemos mirar hacia uno de los descubrimientos más reveladores de la psicología moderna: el “desamparo aprendido”.
A finales de la década de 1960, el psicólogo Martin Seligman expuso a un grupo de perros a descargas eléctricas leves de las cuales no podían escapar, sin importar lo que hicieran. Posteriormente, se les colocó en un espacio donde bastaba con saltar una barrera para evitar la descarga. Sin embargo, los animales ya no lo intentaron. Se rindieron. Habían aprendido que, sin importar su esfuerzo, el resultado negativo era inevitable.
En una charla reciente con la Dra. Silvia Cruz Martín del Campo, destacada investigadora del Cinvestav, nos recordó cómo la neurociencia explica que esta rendición no es debilidad moral. La estructura responsable es la habénula lateral, conocida clínicamente como el “centro anti-recompensa”.
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Cuando un ciudadano trabaja horas extras solo para pagar extorsiones, o un joven se gradúa para enfrentar pura precariedad, la habénula se hiperactiva y funciona como un freno neuroquímico, bloqueando la producción de dopamina (motivación) y serotonina (paz mental). Citando sus propias palabras: “La adicción no es falta de voluntad, sino una alteración química… en la abstinencia o el estrés crónico, se activan los sistemas de anti-recompensa del cerebro”. Es decir, el entorno hostil reconfigura el sistema nervioso del ciudadano, dejándolo expuesto.
A este secuestro biológico se suma la innegable realidad descrita por la Dra. Nora Volkow, neurocientífica y directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA) en Estados Unidos, quien ha redefinido el problema al afirmar tajantemente que la adicción es “una enfermedad del cerebro” y fundamentalmente “una enfermedad del libre albedrío”. Bajo el peso aplastante del estrés continuo y los esfuerzos neuroquímicos por buscar una cada vez más frágil homeostasis, la corteza prefrontal —encargada de la toma de decisiones— se deteriora. El individuo pierde literalmente su capacidad neurológica de elegir libremente.
La política pública actual debe transitar del subsidio ciego a la intervención basada en evidencia. El cerebro del adolescente aún se encuentra en un periodo crítico de plasticidad. La detección e intervención temprana nos obligan a integrar una red de atención para las infancias y juventudes, conformada por agentes especializados en trauma y regulación emocional en todas las escuelas secundarias públicas, el epicentro del neurodesarrollo adolescente. Asimismo, debemos fomentar estímulos fiscales y alianzas donde las empresas inviertan en la salud mental comunitaria, no como filantropía, sino como protección del tejido social y productivo.
Legislar o gobernar asumiendo que el apoyo económico bastará para alejar a una población neurobiológicamente agotada de las adicciones o de la delincuencia, es ingenuidad gubernamental y negligencia clínica. Si no sanamos el cerebro colectivo, si no implementamos programas profundos de resiliencia y salud mental comunitaria, seguiremos combatiendo síntomas mientras la verdadera guerra la perdemos en la sinapsis de las juventudes y las infancias.
Sobre el autor:
*Edgar Alonso Angulo Rosas es psicólogo clínico y experto en adicciones con amplia experiencia en prevención y atención a violencias, adicciones, salud mental y derechos humanos. Ha ocupado cargos directivos en ONGs, sector público y privado.
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