En un contexto de normalidad jurídica, los intentos de buscar responsables del asesinato de Luis Donaldo Colosio, más allá de Mario Aburto, estarían condenados al descrédito que proviene de la pérdida del tiempo en una institución, la FGR, que tiene muchos casos recientes sin resolver. Pero no estamos en un momento de normalidad, y por ello un juez otorgó la orden de captura en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, un exagente del CISEN al que pretenden acusar de ser el segundo tirador el 23 de marzo de 1994.
De atenerse a las indagatorias y a las pruebas que las sustentan, Sánchez Ortega tendría que ser liberado de inmediato, pero eso no ocurrirá, porque la finalidad de dar un giro al caso Colosio es política, ya que de lo que se trata, de nueva cuenta, es de fijar la atención en un hecho del pasado, para atribuir conductas criminales a personajes relevantes hace décadas.
En el fondo, lo que anima a los fiscales, aunque parezca un despropósito, es culpar a Genaro García Luna de viajar a Lomas Taurinas, para sacar del apuro a su compañero del CISEN y así encubrir su participación en el magnicidio.
Es importante tener en cuenta que sobre quien posteriormente sería director de la AFI y secretario de Seguridad Publica, no existe mención alguna en los voluminosos expedientes del homicidio del candidato del PRI a la presidencia de la República.
Lo que sí hay, en cambio, es elementos que desmontan la hipótesis, no solo de la participación de Sánchez Ortega, sino la de un segundo tirador.
Sánchez Ortega fue detenido la misma tarde noche del crimen. Los motivos tuvieron que ver con que un comandante lo consideró sospechoso al verlo correr en las inmediaciones del lugar de los hechos.
Al practicársele la prueba de rodizonato de sodio resultó positivo y, además, se encontró una pequeña mancha de sangre que resultó del mismo tipo que la del candidato asesinado.
En el desorden que imperó en las primeras horas después del atentado, no se realizaron estudios que pudieran certificar, con certeza, el disparo de arma de fuego ya que los peritos no contaban con equipo para realizar la prueba de absorción atómica.
Lo que sí se hizo, en cambio, es descartar, a partir de una minuciosa investigación, por medio de fotografías, que Sánchez Ortega haya estado en la cercanía del candidato al momento del ataque.
Respecto al manchado de sangre, se comprobó que ocurrió en el momento en que se trasladó el cuerpo de Colosio de la camioneta Blazer a una ambulancia.
Lo fundamental en este asunto, sin embargo, radica en la imposibilidad de un segundo tirador.
La PGR, en su momento, realizó una identificación balística indudable del arma y los proyectiles. La bala y el casquillo encontrado en el lugar de los hechos fue disparada por el revólver Taurus .38 que Aburto portaba. Un experto del FBI, Carlo J. Roseti, así lo certificó.
También se demostró la imposibilidad de un disparo simultáneo, a partir del análisis criminalístico de las lesiones infringidas a Colosio.
Estos estudios motivaron, de igual manera, que Othón Cortés fuera exonerado del cargo de homicidio, ya que se le atribuyó ser el segundo disipador, y de pasó mostró las malas artes con que el primer fiscal del asunto, Pablo Chapa Bezanilla, ensució la indagatoria, con el objetivo de buscar responsables políticos a modo.
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