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    Las elecciones presidenciales en Perú vuelven a situar al país andino frente a una pregunta que trasciende la contienda entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: ¿puede una democracia profundamente fragmentada producir no solo un ganador electoral, sino también un gobierno legítimo, funcional y capaz de reconstruir la confianza ciudadana? Los primeros resultados favorecieron a Fujimori, impulsada por el voto urbano, limeño y costero; no obstante, conforme avanzó el escrutinio de actas rurales y altoandinas, Sánchez logró reducir la distancia hasta situar la elección en un escenario prácticamente empatado. El conteo final aún depende de actas pendientes y del voto exterior, históricamente más favorable a la derecha peruana. En consecuencia, más que hablar de una victoria definitiva, conviene hablar de una elección de alta incertidumbre, con efectos políticos inmediatos para Perú y lecturas ideológicas relevantes para América Latina.

    La lectura más superficial consistiría en afirmar que Perú se enfrenta una nueva batalla entre derecha e izquierda. La interpretación más profunda revela que el país atraviesa una fractura territorial, social e institucional que lleva años sin resolverse. Keiko Fujimori representa para una parte del electorado la promesa de orden, seguridad, continuidad económica y capacidad de mando frente a una década de inestabilidad política. Sin embargo, el fujimorismo sigue constituyendo una identidad política altamente polarizante: para algunos sectores evoca estabilidad macroeconómica y combate al desorden; para otros, memoria autoritaria, corrupción y concentración del poder. Esta dualidad explica tanto su resiliencia electoral como su techo político. Fujimori puede capitalizar el temor al caos, pero también activa un antifujimorismo estructural que no desaparece con el transcurso del tiempo.

    Roberto Sánchez, por su parte, conecta con una geografía política distinta: la del Perú rural, altoandino y popular que percibe que el Estado llega tarde, llega poco o simplemente no llega. Su avance en el escrutinio, conforme se fueron incorporando las actas rurales, confirma que la elección no se define únicamente por ideologías, sino por experiencias diferenciadas de ciudadanía. Lima y las regiones no votan de la misma manera porque no experimentan el Estado de la misma manera. Mientras ciertos sectores urbanos priorizan la estabilidad, la inversión y la seguridad, amplias zonas periféricas demandan reconocimiento, redistribución, presencia estatal y la corrección de las desigualdades históricas. Sánchez, exministro durante el ciclo político de Pedro Castillo, recoge parte de ese malestar, aunque enfrenta cuestionamientos legítimos sobre su capacidad de moderación, de conducción económica y de articulación institucional.

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    Desde una perspectiva regional, Perú confirma que América Latina no está experimentando un giro lineal ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. La región atraviesa una etapa de volatilidad política, voto de castigo y búsqueda de liderazgos que prometan respuestas inmediatas a problemas urgentes: inseguridad, informalidad, corrupción, inflación, precariedad institucional y agotamiento de los partidos tradicionales. El electorado latinoamericano parece menos leal a identidades ideológicas estables y más dispuesto a alternar entre opciones que ofrezcan orden, protección social, eficacia gubernamental o el castigo a las élites. En ese sentido, si Fujimori consolidara una victoria, el resultado sería interpretado como parte de una corriente regional más favorable a opciones conservadoras, securitarias y promercado. Si Sánchez terminara imponiéndose, confirmaría que el malestar territorial y social conserva una considerable potencia electoral, incluso en contextos de temor económico.

    La dimensión geoeconómica también resulta central. Perú no es un actor marginal: es una economía minera estratégica, especialmente por su producción de cobre, oro y otros minerales relevantes para las cadenas globales de valor. De ahí que la incertidumbre electoral tenga efectos inmediatos en los mercados, la inversión y las expectativas. Reuters reportó caídas en acciones y fondos vinculados a Perú ante el avance de Sánchez, debido a la posibilidad de reformas constitucionales, cambios regulatorios y una mayor intervención en el sector minero. No obstante, reducir el análisis a la reacción de los mercados resultaría insuficiente. La estabilidad macroeconómica, sin legitimidad social, ya no basta para sostener la gobernabilidad. Y la reforma social, sin certidumbre económica, puede convertirse rápidamente en una crisis de confianza. Ese es el dilema peruano.

    El verdadero desafío comenzará después del resultado. Perú podría encaminarse a tener a su noveno presidente en una década, en un contexto de congresos fragmentados, mecanismos de vacancia recurrentes, partidos débiles y una ciudadanía profundamente desconfiada. Si Fujimori resulta electa, deberá evitar que la gobernabilidad se convierta en revancha política o en concentración de poder. Su oportunidad radicaría en construir un gobierno técnico, amplio y moderado, capaz de responder a la inseguridad sin erosionar los controles democráticos. Si Sánchez resulta electo, su reto será ofrecer certidumbre económica, evitar maximalismos refundacionales y demostrar que puede representar el malestar social sin reproducir la improvisación gubernamental.

    El peor escenario sería una elección prolongada, judicializada o impugnada políticamente, puesto que un gobierno nacido con legitimidad precaria enfrentaría desde el primer día una crisis de autoridad. Perú no necesita únicamente un presidente electo; necesita reconstruir la relación entre la ciudadanía, el Estado y la democracia. Esta elección demuestra que el voto latinoamericano ya no se explica por simples adhesiones ideológicas, sino por una combinación de miedo, hartazgo, desigualdad, demanda de orden y búsqueda de representación. Perú nos recuerda que las democracias no se sostienen solo con elecciones competitivas, sino también con instituciones capaces de gestionar conflictos, producir resultados y evitar que la mitad del país se sienta derrotada antes de ser gobernada.

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