El Poder Judicial, que está entre los entes a ser cambiados por las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador gracias al avasallador triunfo de Claudia Sheinbaum en las urnas, es el garante de la Constitución y es necesario para proteger de los derechos de las minorías, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

“El Poder Judicial es el garante de la Constitución, ya que su calidad e integridad son necesarios para la protección de los derechos de todos, particularmente de las minorías”, aseguró el organismo a cargo de Carlos López Hurtado.

Las reformas a la Constitución y a las leyes propuestas por el presidente López Obrador y la virtual presidenta electa deben darse con el debate, las consideraciones y los contrapesos previstos dentro de la división efectiva de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con el respeto de su autonomía, declaró el órgano asesor en materia económica del Consejo Coordinador Empresarial.

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“Se debe tener presente que el Estado de derecho es una condición necesaria para hacer realidad los derechos humanos para todos y también para el progreso económico duradero de cualquier país y México no es una excepción”, comenta.

Hoy es indispensable para garantizar reglas claras, justas y procesos judiciales que propicien la inversión física y la contratación, dijo la  institución encargada de elaborar análisis e investigaciones de la coyuntura económica para las empresas de primer nivel en México.

“El respeto a la Constitución es una característica imprescindible del estado de derecho. La garantía de su cumplimiento es responsabilidad del gobierno”, agregó.

Según el CEESP, las empresas y ciudadanos requieren de un país en donde se colabore, se construya con respeto a los derechos de cada uno, se discuta de forma constructiva, así como la energía social se canalice al progreso y en conjunto se haga frente a la pobreza, inseguridad, estado de derecho, salud, educación, exclusión social y crecimiento económico.

“Es fundamental contar con un Estado de derecho que dé seguridad de que las reglas permanecen y se respetan, que los conflictos comerciales se resuelven de manera justa y eficiente, que la regulación es la necesaria para el buen desarrollo del mercado”, expresó.

Un entorno favorable para la inversión debe ser uno de los pilares de la política pública de cualquier gobierno, de acuerdo con el organismo.

“Nadie gana con un país con más pobres, con un sistema de salud deficiente e insuficiente, sin generación de capital humano, todos ganamos con un Mejor México para todos”, alertó.

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Para el CEESP, la certidumbre jurídica, regulación, seguridad, calidad del factor humano, la salud y muchos otros factores deben estar alineados de manera que el mercado genere los mayores beneficios posibles.

A finales del año pasado, el CEESP presentó el documento “Un México mejor para todos” que contempla acciones para apoyar el crecimiento, el empleo y la prosperidad, así como combatir la pobreza y la inseguridad, impulsar la inclusión y justicia social y la generación de oportunidades y la movilidad social.

No hay duda de que “Un México mejor para todos” significa un país con más y mejores oportunidades de desarrollo para las empresas y para las familias, recordó el CEESP.

“No hay otro camino sostenible para el mejoramiento de las condiciones económicas de las familias diferente a la creación de empleos productivos, ya que es la única forma de reducir la pobreza”.

El sector privado es el principal generador de riqueza del país, y en ese tenor considera que “Un México mejor para todos” debe ser la aspiración que una a todos los sectores en torno a un propósito común.

“Es en las empresas donde se crean los empleos, se gesta el crecimiento de la economía, en donde se generan los impuestos que sirven para atender las necesidades sociales. Por lo que, si a las empresas les va bien, al país también”, concluyó.

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