El borrador del plan de paz impulsado recientemente por la administración Trump para poner fin a la guerra en Ucrania ha colocado al sistema internacional ante uno de los dilemas más complejos desde el fin de la Guerra Fría. Bajo la apariencia de una solución inmediata al conflicto, el documento de 28 puntos introduce un conjunto de condiciones que, lejos de restaurar el orden violado en febrero de 2022, podrían consolidar un precedente profundamente problemático para la seguridad europea y la arquitectura jurídica internacional que rige las relaciones entre los Estados.
El plan propone un alto el fuego inmediato sin exigir la retirada de las tropas rusas de los territorios ocupados, lo que equivaldría a legitimar de facto —y potencialmente de jure— el control que Moscú ha obtenido mediante el uso de la fuerza. A ello se suma la exigencia de que Ucrania renuncie permanentemente a integrarse en la OTAN, un elemento que no solo redefine su futuro estratégico, sino que también condiciona su capacidad de disuasión en un entorno donde la agresión ya ha demostrado ser una herramienta recurrente. Estas medidas se complementan con la imposición de límites estrictos a las capacidades militares ucranianas y con un esquema de reconstrucción económica administrado por Estados Unidos, acompañado de un levantamiento gradual de sanciones a Rusia.
La propuesta ha generado reacciones inmediatas, sobre todo en Kiev, donde el presidente Volodímir Zelensky habló de una “decisión imposible”, planteando el dilema entre aceptar una paz que compromete la soberanía o arriesgarse a perder a su principal aliado. Para Ucrania, que ha enfrentado invasiones en 2014 y 2022, la confianza en el agresor es una opción que tensiona tanto la lógica estratégica como la memoria nacional. En su discurso más reciente, Zelensky recordó que una paz que implique renunciar a la libertad, a la dignidad o a la justicia sería incompatible con las aspiraciones de su país y con la defensa de su integridad territorial.
Europa, cuya seguridad depende directamente de cómo se resuelva este conflicto, también ha reaccionado con reservas. Alemania evocó el precedente del Memorándum de Budapest y la fragilidad de las garantías internacionales cuando no están respaldadas por compromisos vinculantes. Francia y Reino Unido han insistido en que una solución duradera no puede diseñarse sin la participación plena de Kiev y de la Unión Europea, mientras que los países bálticos y Polonia alertan sobre el riesgo de normalizar la modificación de fronteras mediante la fuerza. Su preocupación es clara: un acuerdo que consolide los avances rusos enviaría un mensaje peligroso a otros actores revisionistas con aspiraciones territoriales.
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Si bien la propuesta podría detener los combates a corto plazo, sus implicaciones a largo plazo son más inquietantes. Una paz que no exige reparación, retirada o garantías sólidas es una paz que reconfigura los incentivos del sistema internacional. Cuando la fuerza militar se convierte en una estrategia con beneficios tangibles, se erosionan los principios que sostienen la previsibilidad y la estabilidad global. Lo que se negocia en Ucrania no es únicamente el fin de una guerra, sino también la vigencia del marco normativo que impide que los conflictos territoriales escalen sin freno.
Los mercados energéticos, agrícolas y de minerales críticos también se verían profundamente afectados por un acuerdo de este tipo. El levantamiento gradual de sanciones y el retorno de Rusia a circuitos comerciales clave podrían aliviar las presiones inflacionarias, pero también fortalecer las capacidades financieras y militares de un actor que ha mostrado disposición a utilizar la fuerza como herramienta de política exterior. La geoeconomía del conflicto revela que una paz construida sobre concesiones asimétricas podría generar beneficios inmediatos, pero a costa de incrementar el riesgo sistémico a mediano plazo.
El conflicto en Ucrania nos recuerda que la estabilidad no se logra únicamente mediante alto el fuego, sino mediante acuerdos que respetan la integridad territorial, que ofrecen garantías robustas y que no premian la violación del derecho internacional. La urgencia humanitaria es real y apremiante, pero la prisa por cerrar la guerra no puede nublar la responsabilidad de construir una paz sostenible. El plan de 28 puntos abre un debate necesario, pero también subraya los límites de una solución transaccional en un conflicto con profundas raíces históricas, estratégicas y normativas. Más que un cierre inmediato, la comunidad internacional necesita una solución que reafirme los principios que han mantenido a Europa en relativa estabilidad durante ocho décadas y que evite que el precedente de hoy se convierta en la crisis de mañana.
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