Empresarios y la industria condenaron el avance de la criminalidad en México, ya que amenaza la integridad de las personas, frena el crecimiento económico, debilita las instituciones y profundiza la desconfianza social.
“El avance de la criminalidad amenaza la integridad de las personas, sino que frena el crecimiento económico, debilita las instituciones y profundiza la desconfianza social”, asegura la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Michoacán.
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Hoy México necesita respuestas firmes y coordinadas que permitan reconstruir el tejido social y devolver la tranquilidad a las comunidades, declaró el organismo empresarial, quien enumera los crímenes de alto impacto registrados en Michoacán en las últimas semanas.
Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, fue asesinado por una célula del crimen organizado el pasado 1 de noviembre durante un evento público en el ayuntamiento michoacano.
El 19 de octubre de 2025, fue asesinado Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, “lo que evidencia el grave deterioro de la seguridad en la región”, manifestó la Coparmex Michoacán.
El estado de Michoacán es disputado por el Cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo delictivo Cárteles Unidos, que agrupa a células delictivas como los Viagras, la Familia Michoacana y los Blancos de Troya, que se caracterizan por la generación de un alto índice de violencia.
En el municipio de Apatzingán, los Blancos de Troya son los principales generadores de violencia en la calidad Las Colonias y las rancherías del municipio productor de limones y aguacates.
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo actuar con determinación y transparencia a fin de esclarecer los hechos, castigar a los responsables y garantizar cero impunidad ante este crimen atroz.
“Es indispensable fortalecer el estado de Derecho, la justicia social y las estrategias de seguridad que protejan a los ciudadanos, a las autoridades locales y a quienes, desde la iniciativa privada, contribuyen al desarrollo y crecimiento económico de México”, comentó el organismo dirijo por Alejando Malagón Barragán.
Agregó que los hechos como este representan un duro golpe a las instituciones y al trabajo de quienes, desde el servicio público, buscan el bienestar de sus comunidades.
“Este lamentable suceso se suma a otros actos de violencia que en las últimas semanas han cobrado la vida de líderes sociales y productivos en Michoacán, lo que refleja un deterioro preocupante en las condiciones de seguridad en la región”, comentó la Concamin.
El G9, que agrupa a las principales cámaras y asociaciones empresariales de la Ciudad de México, expresó su condena “y profunda preocupación ante la creciente inseguridad que se vive en el país y que hoy ha cobrado la vida de servidores públicos, empresarios, trabajadores y ciudadanos por igual”.
“Desde el sector productivo hacemos un llamado urgente al Gobierno Federal, a los gobiernos estatales y municipales para redoblar esfuerzos coordinados y efectivos en materia de seguridad”, dijo en un comunicado.
El G9 exigió acciones inmediatas, resultados verificables y una estrategia nacional integral que devuelva la tranquilidad a las familias y garantice las condiciones básicas para trabajar, invertir y generar empleo.
“La inseguridad no solo amenaza la vida y la libertad de las personas, sino que también destruye la confianza en las instituciones, inhibe la inversión y vulnera el futuro del país. México no puede avanzar sin seguridad, ni desarrollo sin Estado de derecho”, señaló.
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