Por Jorge Francomárquez*
En México, la soberanía suele abordarse como un concepto abstracto. Sin embargo, adquiere sentido cuando se traduce en capacidades concretas del Estado, como la de definir, producir y resguardar la identidad de sus ciudadanos.
El pasaporte es uno de los instrumentos más claros en ese terreno. No es solo un trámite administrativo: es una validación internacional de identidad, un componente de seguridad nacional y un activo estratégico en un entorno geopolítico cada vez más complejo. Bajo esa lógica, su cadena de suministro debería estar sujeta a estándares rigurosos de control, trazabilidad y alineación con el interés nacional.
Hoy, ese control se somete a aspectos críticos.
Durante años, empresas extranjeras han suministrado componentes relevantes del pasaporte mexicano, como policarbonato, cubiertas y páginas de datos. Se trata de insumos esenciales que constituyen la base física del documento. La participación de proveedores internacionales, en sí misma, no es atípica: forma parte de la integración económica global que México ha impulsado durante décadas.
El punto de tensión surge cuando esos contratos recaen en compañías provenientes de países con los que México mantiene relaciones comerciales limitadas, sin acuerdos bilaterales relevantes o sin una presencia diplomática robusta. En ese contexto, la discusión deja de ser operativa y se vuelve estratégica.
La pregunta no es solo cómo se llegó a este esquema, sino si sigue siendo el adecuado.
El momento es particularmente relevante. En la antesala de una nueva licitación, algunos de estos proveedores no solo buscan mantenerse en la cadena de suministro, sino ampliar su participación hacia funciones de mayor sensibilidad, como el manejo de datos y la emisión del pasaporte.
Este posible cambio modifica la naturaleza del riesgo. No es equivalente suministrar insumos físicos que gestionar información de identidad. Implica pasar de una relación industrial a una función con implicaciones directas en seguridad, privacidad y gobernanza de datos.
En mercados altamente regulados, este tipo de funciones suele recaer en actores con experiencia comprobada en entornos de alta exigencia técnica y normativa. Cuando ese no es el caso, la posibilidad de error se amplía significativamente.
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La paradoja
En México y en la región se cuenta con capacidades industriales, talento especializado y acceso a cadenas productivas regionales. Además, el propio Plan Nacional de Desarrollo plantea fortalecer las proveedurías locales y/o regionales, y por supuesto ante el hostil entorno internacional favorecer las relaciones estratégicas bilaterales, donde destaca el proceso de revisión del T-MEC.
En ese contexto, la dependencia de proveedores externos en un sector crítico abre una contradicción estratégica: ¿por qué mantener esquemas de proveeduría que incrementan la exposición a riesgos operativos y geopolíticos, cuando existen alternativas que podrían fortalecer la resiliencia interna?
El entorno internacional refuerza esta pregunta. La presión migratoria, la redefinición de la relación con Estados Unidos y la tendencia global hacia la relocalización de sectores estratégicos están llevando a los países a recuperar control sobre activos clave. El pasaporte, por definición, es uno de ellos.
Sin embargo, la discusión pública sobre este tema ha sido limitada. La nueva licitación avanza, y es imperante que evite ser arrastrada por las prácticas señaladas en el suministro de componentes, donde persisten dudas sobre los criterios de asignación y los mecanismos de supervisión. En asuntos de seguridad nacional, la opacidad no es un elemento menor: es un factor de riesgo.
El debate de fondo no es ideológico, sino de gobernanza. Se trata de definir si México debe delegar funciones críticas relacionadas con la identidad de sus ciudadanos, bajo qué condiciones y con qué mecanismos de control.
El pasaporte no es solo un documento. Es una infraestructura de identidad. Y como toda infraestructura crítica, requiere decisiones que prioricen la seguridad, la trazabilidad y el interés nacional por encima de la inercia operativa.
En ese contexto, las zonas grises no son solo vacíos administrativos: son señales de vulnerabilidad. Corregirlas no es una opción política, sino una necesidad estratégica.
Sobre el autor:
*Jorge Francomárquez es periodista y asesor de empresas e instituciones en posicionamiento, narrativa pública y reputación. Integra análisis coyuntural y ejecución editorial.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
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