La elección judicial en curso rompe el modelo mexicano conocido por la ciudadanía de las últimas décadas. Lo inédito de este proceso electoral no solamente aplica al hecho de convertirnos en la primera nación que elegirá democráticamente a todas las personas juzgadoras del país, sino también a su organización.
Esta elección introduce la figura de “Comités de Evaluación” integrados por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024, que modificó el artículo 96, crea estos Comités “conformados por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica”, en una suerte de preselección de candidatas y candidatos, antes de ser susceptibles de ser votados por la ciudadanía; al ser las encargadas de evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como la selección de las personas mejor evaluadas para cada cargo, desde juezas y jueces de Distrito hasta Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el caso del Poder Judicial de la Federación.
Este modelo se replica en las 19 entidades federativas que también estarán eligiendo cientos de cargos judiciales locales el próximo 1 de junio de manera coincidente con la elección judicial federal, con la consideración particular de Durango y Veracruz, donde habrá también elecciones municipales.
En este contexto se inscribe la discusión si es jurídicamente válido que los Poderes del Estado puedan promocionar la participación de la ciudadanía en la elección judicial en curso y si es una función legítima ante un modelo electoral que pretende renovarse y ampliar sus márgenes democratizadores.
Esta discusión es tan necesaria y oportuna que recientemente, el 29 de marzo, el Consejo General del INE se pronunció al respecto. Por una mayoría de votos se aprobó prohibir la participación de las autoridades públicas en la promoción del voto ciudadano, con el argumento de que “el INE es la autoridad del estado mexicano que cuenta con las atribuciones exclusivas” para ello. “Ni ministros de culto, ni otras instituciones públicas o entes gubernamentales podrán realizar esta promoción y difusión”.
Estamos ante una lectura equívoca del papel de los Poderes del Estado en esta nueva etapa del Poder Judicial, pues tanta es la participación que deben tener éstos en la elección de las y los juzgadores, que sobre ellos descansa un papel fundamental a través de los Comités de Evaluación aludidos desde el texto constitucional. Desde luego, la promoción para participar en una elección sin precedentes, como lo es la que está en curso, tiene límites nítidos, como son los que establece el artículo 134 constitucional sobre la propaganda gubernamental y personalizada, pero eso es otra discusión.
Llama la atención que una mayoría de consejeras y consejeros del INE niegue la posibilidad que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en el orden federal y de los estados, puedan hacer sinergia en los esfuerzos institucionales para informar a la ciudadanía sobre una elección sin precedentes. Es la primera vez que nos enfrentaremos a boletas electorales sin emblemas de partidos, sino a boletas diferenciadas por colores, por cargos judiciales que la mayoría de la población desconoce, y en centros de votación con ubicaciones que no corresponderán a las de las tradicionales mesas de casilla.
A la fecha, sumaban 29 impugnaciones ante la Sala Superior del TEPJF contra el acuerdo del INE, algunas presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, la Cámara de Diputados, morena y la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Es probable que el TEPJF dé revés a la decisión del INE, lo que podría remediar el tiempo perdido para promocionar el voto ante una ciudadanía que necesita que los Poderes del Estado destinen sus mejores talentos y voluntades para informar sobre los qué, cómo, dónde y por qué de la primera elección judicial en México.
Sobre el autor:
Palmira Tapia es Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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