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    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los gobernadores de varios estados republicanos a desplegar la Guardia Nacional de sus respectivas entidades en Washington, ciudad que, según él, está plagada de delincuencia.

    Mientras las tropas llegaban a la capital, Trump también sugirió el martes que podría enviar la Guardia Nacional a otras ciudades. Pero, ¿qué tanta autoridad tiene Trump para desplegar tropas en Washington y en otras ciudades del país?, te contamos.

    Que dice la ley sobre la policía militar

    Una ley federal llamada Ley Posse Comitatus generalmente restringe el uso de las fuerzas armadas de EU para fines de aplicación de la ley nacional. Esta norma, aprobada en 1878, refleja una convicción profundamente arraigada en la tradición estadounidense: involucrar a los militares en asuntos civiles constituye una amenaza para la libertad personal.

    Sin embargo, existen excepciones a la ley, y con frecuencia no se aplica a las acciones de las tropas de la Guardia Nacional que actúan bajo el mando de los gobernadores estatales.

    ¿Cómo logró desplegar Trump la guardia Nacional en Washington?

    A diferencia de los estados, la Guardia Nacional de Washington, al ser un distrito federal, depende directamente del presidente, por lo que Trump tiene plena autoridad para activarla.

    El 11 de agosto, Trump anunció que había ordenado el envío de 800 soldados de la Guardia Nacional en respuesta a lo que calificó como un alto nivel de criminalidad, una caracterización cuestionada por la alcaldesa demócrata de la ciudad, Muriel Bowser. Desde entonces, gobernadores de media docena de estados liderados por republicanos —entre ellos Virginia Occidental, Carolina del Sur y Ohio— anunciaron el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Washington a petición de Trump.

    Los gobernadores suelen recurrir a la Guardia Nacional en sus propios estados para atender desastres naturales, como huracanes. En 2020, por ejemplo, Minnesota desplegó a su Guardia Nacional para restablecer el orden tras las protestas por el asesinato de George Floyd a manos de la policía.

    Asimismo, las unidades de la Guardia Nacional pueden ser completamente federalizadas y quedar bajo la autoridad y financiación del gobierno federal.

    La administración Trump recurrió a un tercer mecanismo, conocido como Título 32, para desplegar tropas de la Guardia Nacional en Washington. Bajo este modelo híbrido, los efectivos operan bajo el mando estatal, pero sus funciones son financiadas y reguladas por el gobierno federal. La Ley Posse Comitatus no se aplica en este caso porque las tropas permanecen bajo control estatal.

    ¿Podría Trump desplegar tropas en otros estados?

    Cuando Trump anunció sus planes para movilizar a la Guardia Nacional en Washington, sugirió que otras ciudades de tendencia liberal, como Nueva York y Chicago, podrían ser las siguientes.

    Sin embargo, el presidente cuenta con mucho menos poder sobre esas ciudades que sobre el Distrito de Columbia.

    El Título 10 del Código de EU, que regula el papel de las Fuerzas Armadas, incluye una disposición que permite al presidente desplegar unidades de la Guardia Nacional al servicio federal para repeler una invasión, sofocar una rebelión o ejecutar la ley.

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    Trump invocó esta disposición, conocida como Sección 12406, cuando envió unidades de la Guardia Nacional a California a pesar de la oposición del gobernador Gavin Newsom. Según la administración, la medida buscaba proteger a los agentes federales de inmigración y a la propiedad federal, lo cual no constituía —a su juicio— una función de aplicación de la ley.

    En el caso de Chicago, considerada una “ciudad santuario”, Trump podría argumentar que las leyes locales que prohíben a los funcionarios cooperar con agentes federales de inmigración impiden al presidente hacer cumplir la ley, lo que justificaría la presencia militar.

    No obstante, es casi seguro que Trump enfrentaría desafíos legales si recurriera a la Sección 12406 para enviar tropas de la Guardia Nacional de estados republicanos a bastiones demócratas.

    Algunos estados, como Rhode Island y Texas, cuentan con leyes que impiden la entrada de tropas de la Guardia Nacional de otros estados sin permiso. Varios estados gobernados por demócratas evalúan aprobar normativas similares.

    ¿Hay otras formas en que Trump podría desplegar tropas en otras ciudades?

    Trump podría recurrir a una medida de mayor alcance: invocar la Ley de Insurrección, que constituye una excepción a la Ley Posse Comitatus.

    Esta norma puede aplicarse en casos de insurrección, rebelión u obstrucciones ilícitas. La Corte Suprema ha establecido que solo el presidente puede determinar si se cumplen dichas condiciones.

    Según el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, institución de tendencia progresista, la ley ha sido invocada en 30 ocasiones a lo largo de la historia.

    El presidente podría aplicarla a solicitud de un gobernador, como ocurrió en 1992, cuando George H. W. Bush respondió a los disturbios en Los Ángeles. También podría hacerlo de manera unilateral si se produjera un colapso del orden público o si fuera necesario defender los derechos civiles.

    De hecho, se utilizó en las décadas de 1950 y 1960 para imponer la desegregación escolar y proteger las marchas por los derechos civiles, incluso frente a la oposición de gobernadores estatales.

    La situación en los Ángeles

    En junio, Trump puso a la Guardia Nacional de California bajo control federal y la desplegó junto con marines en servicio activo en Los Ángeles tras las protestas contra su política migratoria.

    El Departamento de Justicia sostuvo que la administración estaba facultada para hacerlo bajo la Sección 12406.

    El gobernador Newsom presentó una demanda, alegando que la administración violó la Ley Posse Comitatus, ya que los soldados participaron en tareas de aplicación de la ley, incluyendo la detención temporal de personas.

    Recientemente concluyó un juicio sin jurado en San Francisco. Se espera un fallo del juez federal Charles Breyer en los próximos días. La decisión no será vinculante para otros estados y, casi con seguridad, será apelada.

    Con información de Reuters

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