El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) afirmó que sus integrantes están preocupados por las consecuencias económicas y financieras que implica la aprobación de la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“De llevarse a cabo la reforma Constitucional tal y como está planteada, México tendría que enfrentarse a un escenario económico, financiero y de negocios adverso”, declaró el organismo a cargo de José Domingo Figueroa Palacios.
La reforma judicial promovida por el gobierno de López Obrador debilitaría la confianza en las instituciones y en la seguridad jurídica, lo que generaría un ambiente de pérdida de confianza para los inversionistas, agregó.
Consideró que los cambios constitucionales también podrían ocasionar incertidumbre en los mercados financieros, y disminuir la posibilidad de que llegue nueva inversión extranjera directa.
Agregó que la reforma judicial aprobada por Morena, PVEM y PT en la Cámara de Diputados incrementa los riesgos financieros de las empresas y del país, lo que impactaría en la estabilidad y crecimiento económico.
“Abre la posibilidad de perder el grado de inversión, propiciando una mayor volatilidad en el tipo de cambio y dificultades en la capacidad de financiamiento, tanto del país como de sus empresas, al aumentar la tasa de interés y reducir los plazos de financiamiento de manera importante”, comentó.
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“Hoy la reforma al Poder Judicial, que incluye, entre otros temas, reducir el número de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la elección de los jueces por voto popular disminuiría la confianza y seguridad jurídica de los inversionistas debido, entre otros factores, a la incertidumbre en el proceso de designación de los jueces, así como a la posible politización en las designaciones, lo que abriría la puerta para que los jueces pudieran enfrentar presiones externas que puedan comprometer su independencia e imparcialidad”, apuntó.
El IMEF señaló que se requiere que la reforma judicial garantice cuando menos un Poder Judicial con todas las garantías de imparcialidad e independencia, por medio de un proceso de nombramientos adecuado, libre de presiones externas donde los perfiles profesionales más competentes prevalezcan con estabilidad en su encargo.
Además de un sistema de justicia capaz de resolver conflictos, que sancione a quienes cometen delitos y garantice protección a la persona frente al Estado.
También un sistema que atienda las causas de la baja efectividad de la justicia y la lucha contra la impunidad, considerando a todas las instituciones que integran el sistema de justicia y no solo a los poderes judiciales.
Añadió que se requiere certeza para los inversionistas de que existe un mecanismo judicial para ampararse frente a actos de autoridad o para litigar controversias, concesiones denegadas o permisos rechazados que vulneren sus derechos.
Así como seguridad para inversionistas de tener la posibilidad de dirimir disputas comerciales en los tribunales expertos en materia energética, minera, de telecomunicaciones o de cualquier otra índole.
El IMEF dijo que se debe tener presente que al cierre de 2024 las finanzas públicas presentarán un déficit de aproximadamente 5.9%, que traerá como consecuencia un margen de maniobra limitado en el presupuesto de 2025 y en los siguientes años.
“Actualmente se requiere de seguridad y confianza en el Poder Judicial para atraer la inversión privada como motor principal para el crecimiento económico”, precisó.
El IMEF instó a la Cámara de Senadores a reconsiderar los temas expuestos en el planteamiento de la reforma judicial para garantizar la seguridad jurídica, y la confianza en las instituciones a fin de fomentar la inversión y el crecimiento económico que permita contribuir a disminuir la desigualdad y pobreza.
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