El debate económico deja atrás la falsa idea de repercusiones en la inflación ante el incremento del salario mínimo.
Con el aumento de 13 por ciento anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum para enero de 2026 se confirma que la política salarial no es campo de batalla ideológica sino mecanismo de orden macroeconómico, el paso lógico de un país que tardó 40 años en corregir una injusticia básica y comprende la inversión y los salarios como engranes complementarios dentro de la misma maquinaria productiva.
El salario mínimo alcanza ya un monto equivalente a 45 por ciento del ingreso promedio de quienes cotizan en el IMSS, el nivel más alto en 36 años. Después de 20 años de depreciación sistemática (1976-1995) y otros 20 de estancamiento (1996-2016), por fin cubre dos canastas básicas.
Y lo hizo sin provocar la crisis inflacionaria que tanto se arguyó. No hubo espiral de precios porque, como lo demostró la OCDE desde 2019: “no existe evidencia robusta de que los aumentos al salario mínimo generen inflación si se dan en economías con disciplinado manejo monetario”.
Por eso no es contradictorio que, en paralelo al anuncio del aumento salarial, la Presidenta se reuniera con los principales líderes empresariales del país agrupados en el Consejo Mexicano de Negocios. Lo hicieron frente a un portafolio de 38 proyectos de inversión por más de 40 mil millones de dólares para 2026. La expresión de Antonio del Valle —México tiene un potencial “inmenso”, “brutal”— resume la sensación empresarial de un país que, entre nearshoring, estabilidad macroeconómica y bono demográfico, se ha vuelto uno de los destinos más estratégicos para la expansión productiva.
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La presencia en la reunión de Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial —quien sostiene una agenda de seguridad en cercanía con el C5—, de Carlos Slim Domit, Emilio Azcárraga Jean, Germán Larrea y Claudio X. González, entre otros, envía un mensaje contundente respecto a la construcción de un pacto económico donde los salarios dignos no ahuyentan capital.
En el plano local, la Ciudad de México ofrece un ejemplo de cómo las políticas sociales pueden convivir con medidas fiscales que apuntalan la formalidad y despresurizan la economía cotidiana. El plan de regularización presentado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, facilita a hogares y microempresas limpiar su situación fiscal, reintegrarse sin cargas imposibles y operar dentro de la legalidad.
Una economía que no condena a la pobreza a quienes sostienen su actividad diaria puede aspirar a cadenas de valor más complejas, especialización e innovación. El aumento salarial encaja con el ciclo de confianza.
Sobre el autor:
Salvador Guerrero Chiprés es Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México.
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Twitter: @C5_CDMX
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