José Jacobson Neto, presidente de la Federación Panamericana de Seguridad Privada (FEPASEP), afirmó que están perdiendo terreno frente a la industria ilegal y clandestina de vigilancia en Brasil por la falta de una efectiva regulación y leyes para frenar sus proliferación.

“La clandestinidad en la industria de la seguridad privada es un problema crónico” que ofrece servicios con elementos no registrados ante la autoridad y reguladores, afirmó.

“Por cada vigilante de seguridad formal que nace en Brasil a la par nacen 3 clandestinos (piratas)”, dijo durante el 17 Congreso Panamericano de Seguridad Privada.

El empresario explicó que actualmente operan más de 3 millones de vigilantes clandestinos, comparados con los 500 mil guardias de seguridad que están registrados ante las autoridades y son parte de la formalidad.

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“Hemos estado denunciando a la Policía Federal, que controla la seguridad privada de Brasil, pero  infelizmente los resultados no son buenos”, comentó.  

El gobierno de Brasil pierde miles de millones de dólares por la industria ilegal en seguridad privada, ya que no logra recaudar impuestos por los servicios prestados por las empresas, añadió.

Y las empresas de seguridad privada también pierden mucho dinero porque se enfrentan a una competencia desleal, añadió.

“En Brasil llegamos a tener un millón de vigilantes formales y ahora son 500 mil vigilantes, que están afiliados a más de 2 mil empresas”, dijo José Jacobson Neto.

“Solo en Brasil, por cada vigilante registrado de manera formal hay 3 clandestinos. Si consideramos los mercados de México, Colombia y Argentina esa proporción se quintuplica”, sostuvo.

Jefferson Simões, presidente de la World Security Federation, dice faltan de recursos financieros e interacción entre entidades que representan a las empresas de seguridad privada en diferentes países.

Edgardo Frigo, presidente del Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad, destacó que los organismos contratantes, incluidos los gobiernos, cuando contratan seguridad privada por licitación se van primero por el precio y luego por la oferta de valor de la propuesta del prestador de servicios.

“Es decir, se establece un contrato privado en el que el consumidor tiene el derecho de contratar por precio, un nicho de oportunidad para empresas que ofrecen baja calidad u operan en la ilegalidad”, explicó.

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Johan Fabricio Várgas Mejía, presidente de la Federación Centroamericana de Seguridad Privada de Costa Rica (FEDECASP), destacó la importancia de cerrar filas en Latinoamérica para contrarrestar la expansión de empresas de seguridad que no pagan impuestos, que contratan de forma informal, que cobran en efectivo, y que no paga salarios dignos.

“La importancia es superlativa porque delito que se comete en Centro América, mañana se va a cometer en México y después en Estados Unidos. Por ello es urgente empezar a trabajar en conjunto, intercambiar información y mostrar voluntad para empezar con el cambio que debilite el mercado negro y se desarrollen normas internacionales laborales para fortalecer la profesionalización de la industria”, declaró.

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