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    La Corte Suprema dio luz verde a un veterano gravemente herido por un atacante suicida en Afganistán para demandar al contratista del gobierno estadounidense que empleaba al atacante. Este caso podría abrir la puerta a que los soldados heridos en zonas de combate busquen reparación legal.

    Datos clave

    En 2016, el especialista del Ejército Winston Hencely detuvo a un hombre que se dirigía a una carrera de 5 km con motivo del Día de los Veteranos en la base aérea estadounidense de Bagram, Afganistán, cuando el hombre detonó un chaleco explosivo, matando a cinco personas e hiriendo a más de una docena.

    Stenancely, de 20 años en ese momento, fue aclamado por el Ejército por haber evitado probablemente “una tragedia mucho mayor” y quedó parcialmente paralizado, con una fractura de cráneo y una lesión cerebral traumática.

    El atacante suicida, un miembro de los talibanes llamado Ahmad Nayeb, trabajaba para la Corporación Fluor, con sede en Texas, como contratista militar tras haber sido aprobado como empleado local por el ejército.

    Una investigación del Ejército sobre el incidente determinó que Fluor fue la principal responsable del ataque por no supervisar adecuadamente a Nayeb, no imponer medidas disciplinarias suficientes a pesar de varias faltas previas que justificaban su despido y no aplicar correctamente las medidas de seguridad en la base, lo que le permitió pasar desapercibido durante casi una hora antes del ataque.

    Stenfully demandó a Fluor ante un tribunal federal, pero el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de los Estados Unidos dictaminó que los contratistas militares estaban exentos de enjuiciamiento, al igual que el gobierno federal.

    Este miércoles, el juez Clarence Thomas, en nombre de la mayoría, discrepó con la decisión del Cuarto Circuito, argumentando que, dado que la gestión de Nayeb por parte de Fluor no estaba autorizada por el gobierno federal, no estaba protegida por la ley vigente.

    El fallo, con una votación de 6 a 3, anula la sentencia inicial y devuelve el caso de Hencely al Cuarto Circuito para su reconsideración.

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    Contra

    Los magistrados Samuel Alito, John Roberts y Brett Kavanaugh argumentaron en su voto particular que el caso podría interferir en la toma de decisiones del gobierno en tiempos de guerra.

    Dado que fue el ejército estadounidense quien consideró a Nayeb apto para el servicio militar, un jurado podría tener que decidir si las lesiones de Hencely fueron consecuencia de “negligencia o mal juicio de los responsables de la toma de decisiones militares”, lo que podría influir en futuras decisiones bélicas.

    Contexto clave

    En la mayoría de los casos, los veteranos no pueden demandar al ejército estadounidense por lesiones relacionadas con su servicio, incluso si dichas lesiones fueron causadas por errores o negligencia.

    Este precedente proviene principalmente de la Doctrina Feres, un caso de la Corte Suprema de 1950 que dictaminó que el gobierno no es responsable por lesiones que sean “incidentales al servicio”.

    Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US

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