Por Marilú Rasso Ibarra*
Por cada peso que gana un hombre en México, una mujer recibe 65 centavos. No es una metáfora, lo dice la realidad (ENIGH 2024 del INEGI)
Cuando pensamos en impuestos, pensamos en cifras visibles, en porcentajes claros y en obligaciones establecidas por ley. Pero existe otro gravamen que no aparece en ninguna legislación fiscal ni en ningún modelo financiero: la violencia hacia las mujeres basada en el género. Es un impuesto oculto que recae de manera sistemática sobre las mujeres y que también impacta directamente al país.
Cuando hablamos de impuestos, hablamos de algo obligatorio, sistemático, que se paga por pertenecer a una estructura: vivir en un país, tener ingresos, consumir. La violencia de género funciona de manera muy similar. No es un evento aislado ni un “accidente”. Es un costo estructural que se impone por la forma en que está organizada nuestra economía y nuestra cultura.
Entonces surge la pregunta: ¿por qué no llamarlo simplemente “costo”? ¿Por qué hablar de “impuesto”? Porque la palabra impuesto introduce algo fundamental: no es opcional, no depende de decisiones individuales y está sostenido por una estructura que lo reproduce. Y como todo impuesto, tiene un monto.
El tamaño del problema en números que sí se entienden
La ENDIREH 2021 indica que el 70.1% de las mujeres en México ha experimentado violencia al menos una vez en su vida. Esta cifra no solo revela una crisis de derechos humanos: también describe un problema económico de gran escala. Siete de cada diez mujeres con las que trabaja, dirige o hace negocios cualquier empresa en el país.
Cada episodio de violencia tiene consecuencias económicas concretas: incapacidades médicas, terapias, procesos legales, traslados, pérdida de empleo, disminución de productividad y decisiones laborales condicionadas por la seguridad. El único estudio gubernamental que ha intentado calcular ese costo elaborado por la UNAM, la Secretaría de Gobernación y la CONAVIM con datos de 2013-2014, lo situó en más de 245,000 millones de pesos anuales. Esa cifra nunca fue actualizada oficialmente. No existe un cálculo posterior con la misma metodología. El hecho de que México no haya vuelto a medirlo en diez años es, en sí mismo, un dato periodístico. No es costo de gobierno: es costo de nómina, de operación, de talento que no rinde porque está gestionando una crisis que el modelo corporativo ha preferido no ver.
En el Artículo: “La violencia de pareja y su relación con el ingreso laboral” de Yei Javier Zepeda Hernández y Alma Sofía Santillán Hernández, destacan que solo la violencia sexual de pareja reduce en promedio 17.4% el ingreso laboral mensual de las mujeres que la viven, lo que equivalente a perder más de dos meses de salario al año. En términos agregados, ese impacto representa el 0.87% del PIB nacional. Si se suman la violencia emocional (0.33%), económica (0.42%) y física (0.53%), el costo laboral total supera el 2% del PIB. Una pérdida que ocurre cada año, sin que nadie la contabilice en ningún presupuesto.
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La brecha que crece exactamente cuando más importa
La brecha salarial y la baja presencia de las mujeres en puestos de alta dirección no pueden entenderse sin este entramado. La ENIGH 2024 del INEGI documentó que por cada peso que gana un hombre en México, una mujer recibe 66 centavos: una brecha del 34% en ingreso total que no se explica por diferencias de escolaridad ni de horas trabajadas. Se explica, en buena medida, por cómo la violencia y la sobrecarga de cuidados condicionan cada decisión laboral a lo largo de la vida.
Y la brecha no es pareja. Se amplía precisamente cuando las personas llegan a sus años más productivos: entre los 30 y 39 años, los hombres ganan en promedio 62,479 pesos trimestrales y las mujeres 41,909, una diferencia de 20,570 pesos. Es el mismo período en que las empresas más invierten en desarrollo de liderazgo. El talento que forman, en muchos casos, no llega a rendir su mayor retorno.
El dato más revelador de la ENIGH 2024: las mujeres con cuatro hijos o más ganan 5,745 pesos al mes. Los hombres con dos hijos perciben 15,303 pesos. La maternidad, en México, sigue siendo una penalización económica disfrazada de elección personal.
Pero no se trata solo de “romper techos de cristal”. También es necesario revisar cómo están organizadas las empresas: los horarios extendidos, la disponibilidad permanente y la ausencia de corresponsabilidad en los cuidados responden a un modelo que asume que alguien más – generalmente una mujer – sostiene la vida cotidiana fuera de la oficina.
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El trabajo invisible que sostiene la economía
En paralelo, el trabajo del hogar y de cuidados no remunerado representa alrededor del 24% del PIB nacional, según la Cuenta Satélite del INEGI. Cerca del 73% de ese trabajo lo realizan mujeres. Esto significa que una parte sustantiva de la riqueza del país depende del tiempo gratuito de las mujeres. Un ‘”impuesto” que no aparece en ningún presupuesto, pero que sostiene toda la estructura.
Y México no solo está mal en este indicador: es el peor de toda la OCDE. Las mujeres en México dedican 331 minutos diarios a labores de cuidado y hogar, frente a 131 minutos de los hombres. Una diferencia de más de tres horas y media cada día que explica por qué las mujeres llegan a sus empleos con menos tiempo disponible, menos energía acumulada y menos capacidad de asumir los horarios extendidos que el modelo corporativo considera sinónimo de ambición.
Cuando la violencia se cruza con la sobrecarga de cuidados, la autonomía económica se debilita. Muchas mujeres permanecen en relaciones violentas porque no cuentan con ingresos suficientes para independizarse. No es una falla de carácter: es el resultado lógico de un sistema que limitó sus opciones desde mucho antes de esa decisión.
Durante mucho tiempo se habló de lo que ocurre en los hogares como si perteneciera al ámbito “privado”. Sin embargo, lo personal es político y económico. Lo que sucede en las relaciones y en las casas tiene efectos directos en la economía, en el mercado laboral y en el desarrollo del país. No es un asunto individual ni del hogar: es estructural.
El costo de oportunidad que ningún modelo ha calculado
Un impuesto, en teoría, financia el funcionamiento del sistema. En este caso, el “’impuesto oculto” termina sosteniendo un orden que descansa en el trabajo gratuito y en la disponibilidad emocional, corporal y de cuidado de las mujeres. No se trata solo de que la violencia tenga costos. Se trata de que la desigualdad redistribuye de manera obligatoria el riesgo, el tiempo y las oportunidades.
McKinsey Global Institute calculó que lograr la paridad de género podría generar un crecimiento del 25% en el PIB mundial (equivalente a que China y Estados Unidos aportaran dos veces su PIB combinado a la economía global). La pregunta no es si el costo de la violencia es real. La pregunta es cuánto desarrollo hemos dejado de construir mientras seguimos sin contabilizarlo.
Invertir en prevención, en corresponsabilidad y en un sistema nacional de cuidados no es solo una agenda de igualdad: es una política de desarrollo económico. La autonomía de las mujeres es un indicador de salud económica. Mientras el cuidado siga recayendo desproporcionadamente en nosotras y la violencia continúe limitando nuestras trayectorias, el país seguirá perdiendo talento, innovación y crecimiento.
La brecha salarial y la baja presencia de mujeres en puestos directivos no son fallas del mercado que se corrigen solas con el tiempo. Son la consecuencia acumulada de un sistema que durante décadas ha cobrado un impuesto silencioso, sin factura, sin recibo y evidentemente sin derechos. Reconocerlo como tal es el primer paso para decidir que ya no queremos pagarlo.
Sobre la autora:
*Marilú Rasso Ibarra, directora ejecutiva de Espacio Mujeres.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
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