El lograr un equilibrio en las finanzas públicas, alcanzar tasas mayores de crecimiento económico, otorgar certeza jurídica a los inversionistas y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos son parte de los grandes temas que tendrían que atenderse de forma prioritaria en la agenda económica de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Si no podemos crecer más y más rápido, no podemos acceder a mejores condiciones de vida y para poder lograr esto necesitamos aprovechar la coyuntura [económica] y proveer de los factores elementales para atraer la inversión”, asegura, en entrevista, Adriana García Hernández, coordinadora de Análisis Económico en México, ¿cómo vamos?
En este sentido, el gobierno federal tendría que dotar de facilidades a la inversión privada para que participe en la generación de la infraestructura relacionada con el desarrollo de la industria, para aprovechar fenómenos económicos como el nearshoring, que se traduce en la relocalización de las cadenas productivas provenientes de Asia a México.
“Requerimos que en la próxima administración federal se cambie la visión del apoyo al sector productivo”, advierte Rodolfo de la Torre García, director de Movilidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
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La buena noticia, dice García Hernández, es que los niveles inflacionarios pudieran converger con el objetivo del Banco de México de alcanzar una inflación anual en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de 3%, lo que podría beneficiar a la economía mexicana.
Durante la primera quincena de agosto de 2024, la tasa de inflación interanual se ubicó en 5.16%, una disminución de 0.03% del registro previo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La inflación es un aspecto que debe cuidarse y no se puede cantar victoria por la inflación subyacente, advierte Rodolfo de la Torre García.
Sin embargo, la reforma al Poder Judicial y la eliminación de los organismos autónomos son focos de alarma que se encienden para los especialistas económicos, ya que podría desincentivarse el atractivo del país a los ojos de los inversionistas nacionales y extranjeros, además de complicar las negociaciones próximas de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
¿Más deuda o reforma fiscal?
El equilibrio en las finanzas públicas es uno de los retos principales de la próxima administración. El gobierno enfrentará la disyuntiva de ampliar la cobertura del gasto social, como parte de la política del gobierno entrante, a través de la adquisición de mayor deuda o llevar a cabo una reforma fiscal que permita generar nuevos recursos y ampliar la base de contribuyentes.
“Esta administración saliente tuvo un endeudamiento extraordinario, principalmente por un aumento en el gasto ligado al proceso electoral y el gasto en los grandes proyectos de inversión. Eso significa que la economía está en una trayectoria peligrosa para perder la estabilidad económica, es decir, desatar una situación de insostenibilidad del gasto público”, dice el especialista.
La deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 13 billones 987,877 millones de pesos en junio de 2024.
Una reforma fiscal es una de las soluciones más viables para enfrentar el creciente gasto público, a pesar de que el gobierno entrante ha preferido no plantear este escenario entre los panoramas futuros.
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El impuesto a la riqueza podría convertirse en una alternativa para generar mayores recursos por la vía fiscal, así como el ajuste al alza del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se cobra a las grandes empresas que operan en el país.
“Lo que esta administración ha pospuesto es una revisión de las bases gravables y de las tasas aplicadas a los estratos de población más rica, pues ya no hay margen para seguir posponiendo una reforma fiscal”, dice de la Torre, quien considera que recortar más el gasto público podría resultar una amenaza para la propia economía, ya que se requiere infraestructura energética, así como la generación a través de fuentes renovables, y de telecomunicaciones para atraer inversiones.
En cuanto a la generación de electricidad se requiere una nueva política que permita el abasto para la industria nacional y que no descanse solo en una empresa productiva del Estado mexicano. “La configuración que se ha perseguido en los últimos años, en donde se le da un 56% del mercado eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad no obedece a ninguna lógica económica ni financiera”, dice Adriana García.
Y es que la demanda de energía se incrementa y se requiere una mayor generación para poder impulsar el crecimiento económico, advierte la especialista.
En este sentido, se necesita una política industrial para guiar el desarrollo del país y medir la rentabilidad de las principales obras que se han construido en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Necesitamos que el Plan Nacional de Desarrollo integre a las diversas regiones del país. Si no se integra al sureste mexicano, éste va a continuar con un importante rezago, porque cada día se va a ir abriendo [o separando del desarrollo económico del resto del país] más conforme el norte esté aprovechando que [actualmente] ya está vinculado a las cadenas de suministro de Norteamérica”, dice Adriana García.
Crecimiento económico
Otro reto tiene que ver con el crecimiento económico, ya que el gobierno de la llamada cuarta transformación cierra con un Producto Interno Bruto debilitado. “Nos encontramos a la puerta de una fuerte desaceleración de los Estados Unidos que puede arrastrar a la economía mexicana a una baja de crecimiento, pero también a una posible recesión”.
El Banco de México prevé que el PIB este año crezca tan solo 1.5%, al ajustar por tercera ocasión esta previsión, alejado del 2.4% anunciado en un reporte previo, mientras que, para 2025, solo se espera que crezca 1.2%.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum debe buscar medidas que incentiven la inversión productiva y faciliten la llegada de nuevos capitales al país, para contrarrestar los efectos negativos que pudiera presentar la economía estadounidense en el mediano plazo.
“México se encuentra frente a una gran oportunidad, pues somos el principal socio comercial de la economía más grande del mundo, ya que Estados Unidos tiene una tensión geopolítica con China y, entonces, las cadenas de suministro o proveeduría están tratando de acercarse al mercado final de Estados Unidos”, dice García.
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En la perspectiva de Adriana García, el país, hasta ahora, no ha trabajado lo suficiente para aprovechar las oportunidades, ya que, además de las políticas públicas que incentiven el desarrollo de infraestructuras, se requiere la promoción de nuevas habilidades entre la población mexicana, como pueden ser la programación y el aprendizaje de inglés.
Sin embargo, el gobierno entrante deberá estar preparado para negociar con la administración que llegue al gobierno de Estados Unidos, que podría ser presidido por Kamala Harris, del Partido Demócrata, o el republicano Donald Trump.
“No importa la administración que llegue a Estados Unidos […] pues van a existir exigencias muy fuertes para que México no se convierta en un intermediario de las inversiones chinas y eso va a significar apretar las medidas de control del Tratado del Libre Comercio”.
Seguridad jurídica
Además, un aspecto importante que estará en la mira de los inversionistas es la seguridad jurídica que pueda ofrecer el país, para mantener la confianza de los socios comerciales, un elemento que ha sido puesto en discusión, tras plantearse la reforma al Poder Judicial, la cual plantearía la elección en las urnas de jueces y magistrados federales, así como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Los cambios al Poder Judicial pueden desatar una fuerte incertidumbre”, dice.
Adriana García Hernández asegura que los cambios jurídicos propuestos en cuanto a la desaparición de ciertos organismos autónomos vulneran la garantía jurídica de las inversiones y pone en riesgo que vengan más empresas asociadas al T-MEC”, dice Adriana García.
En 2026, México deberá sentarse a la mesa para renegociar el T-MEC y las señales de reformas no parecen favorables.
Además, el desaparecer al IFT y la Cofece podría considerarse una violación al T-MEC respecto al capítulo de competencia del tratado comercial signado por México, “pues habla de que se necesitan reguladores independientes […] estamos hablando de que le decimos a nuestros socios comerciales que el gobierno va a ser juez y parte de estos mercados”, dice la especialista.
El director de Movilidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias tiene claro que los esfuerzos deben estar alineados para impulsar a la economía mexicana. “Si se va a promover el crecimiento, no hay mejor para promoverlo que la competencia económica”, dice.
Rentabilidad social
El mejorar las condiciones que tendrán las próximas generaciones de mexicanos, es decir, lograr la movilidad social, depende de promover el gasto en salud y educación, sobre todo en el acceso de los estratos más pobres, lo que representa uno de los desafíos más importantes que ha vivido el país en las últimas administraciones.
Asimismo, un gran pendiente del país es transformar el mercado laboral a uno que sea predominantemente formal, es decir, que tenga acceso a servicios de seguridad social, lo que requiere un plan.
“Necesitamos políticas que permitan que más mujeres participamos en el mercado laboral remunerado, programas sociales que no solo sean transferencias, como los apoyos de niños y niñas de madres trabajadoras, porque, al final de cuentas, alguien tiene que cuidar al niño o niña”, dice la experta.
Y no se trata solo de transferencia de recursos para el apoyo a los más necesitados, sino en proyectos que solucionen las problemáticas de la población mexicana en el largo plazo.
“Se requiere invertir en donde existe una mayor rentabilidad social; es decir, no solo ver la retribución social de las inversiones, sino que haya una derrama en términos de empleo, de mejores condiciones de salud y educación”, dice Rodolfo de la Torre.
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