En la peculiaridad que vive México, donde la Suprema Corte se extingue en espera de que lleguen sus nuevos integrantes en septiembre, todo hay que tomarlo con cautela, porque todo puede ocurrir.
El Poder Judicial atraviesa por sus horas más bajas, lo que hace poco viables los litigios de alto impacto. Todo queda para después, porque no hay claridad, aún, de quiénes serán los responsables de hacer que la legalidad prevalezca.
En ese escenario, los poderes ejecutivos, y en particular quienes gobiernan en los estados, tienen un margen de discrecionalidad elevado. Es decir, la sociedad está, de alguna manera, a merced de las ocurrencias de los políticos, donde el único dique, por ahora, es Palacio Nacional o el juego de fuerzas entre corrientes del morenismo.
Por eso generó alarma la exigencia del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, para que la empresa Proyecta, donara dos hectáreas de terreno, en una zona de alta plusvalía, para la construcción de viviendas para los policías y sus familias.
El problema es que Armenta Mier anunció que, si no le otorgaban lo que pedía, les expropiaría, a los empresarios de la construcción, el doble de lo planteado.
Una decisión de ese calibre no puede ser producto del calor de las declaraciones, ya que tienen que existir motivos que respalden su utilidad, además de que se requiere de presupuestos para indemnizar a los propietarios de los predios.
Armenta Mier, quien se formó en el PRI, pero es de los morenistas más conspicuos, alega que está corrigiendo una injusticia producto de otra expropiación, ejecutada en los años noventa en contra de campesinos, cuando gobernaba Mariano Piña Olaya, pero mantenida por los mandatarios siguientes, entre ellos Manuel Bartlett y Mario Marín, por cierto.
Si bien, el proyecto de dotar de hogares dignos a quienes integran las fuerzas policiales es acertado, lo inquietante son los modos del gobernante, ajenos a los principios jurídicos y contrarios, de acuerdo con el doctor Diego Valadés, de la propia Constitución.
Ya no habrá expropiación alguna, porque la propuesta cayó como balde agua fría en la presidencia de la República, donde intentan mandar el mensaje de que hay garantías para las inversiones.
Armenta Mier sostiene que se hizo un escándalo y celebró que otros constructores sí cooperen con sus planes. El asunto es que dejó un muy mal sabor de boca, una inquietud más que explicable, para quienes pretenden hacer negocios en Puebla.
Armenta Mier argumenta que los constructores han ganado mucho dinero y que es momento de que lo retribuyan, olvidando que lo hacen vía los impuestos y en algunos casos poniendo recursos en obras de carácter social.
El tema de fondo proviene de preguntarnos por qué un mandatario se siente capaz de lanzar una amenaza, porque eso fue, y cree que puede salirse con la suya.
Es el problema de los límites que se han diluido. En el pasado, cualquier mandatario que hubiera lanzado una proclama semejante habría tenido una sanción política y social inmediata.
Y no es que provengamos de un pasado idílico y de comportamientos ejemplares, sino que existían controles al poder, desde el modelo del sistema y hasta la labor de las organizaciones no gubernamentales. Eso es lo que está en entredicho, precisamente.
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