Las empresas extranjeras han replanteado inversiones en México, debido a la falta de certeza jurídica y cambio de las reglas de juego provocada por la reforma al Poder Judicial, alertó Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Lo que sí está pasando es que hoy las empresas, que están en nuestro país o que quieren invertir en nuestro país, están replanteando sus inversiones nuevas que van hacer y están replanteando hasta no ver (certeza jurídica y confianza en las) negociaciones de las imposiciones arancelarias y la reforma al Poder Judicial”, dijo el empresario.
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El líder del sindicato patronal recordó que en visita a Washington hablaron de la falta de certidumbre, de certeza jurídica y de confianza, la cual afecta al tratado de libre comercio.
“Si México quiere ser atractivo para la inversión, si quiere ser un país que atraiga inversión es importante dar la certeza jurídica, ya que la confianza no es una palabra abstracta, sino la confianza se gana o se pierde y hoy México tiene que ganarse la confianza del inversionista nacional y extranjero”, expresó.
Agregó que la reforma al Poder Judicial es contraria a la certeza jurídica, que requieren las empresas para invertir en la economía mexicana y por ello, en 2024, la Coparmex conformó un frente plural de voces ciudadanas para externar una preocupación por dicha iniciativa presentada y aprobada por el Congreso de la Unión.
La reforma al Poder Judicial “representa un riesgo profundo para la impartición de justicia, la legalidad y la estabilidad económica y democrática de México”, comentó.
“Durante la discusión (de la reforma judicatura) advertimos sus impactos y graves consecuencias”, declaró Juan José Sierra Álvarez.
El representante empresarial enumeró los riesgos estructurales de la reforma al Poder Judicial como la independencia judicial, la calidad de las resoluciones, el acceso a la justicia y derechos humanos y la estabilidad institucional.
La suma de cada uno de los riesgos afectará la certeza jurídica para que los empresarios inviertan y haya un crecimiento económico en México, apuntó.
“El riesgo más grave (se centra en que la reforma judicial) no garantiza legitimidad ni calidad judicial ni fortalece al sistema de justicia”, expresó.
Puntualizó que la elección de jueces, magistrados y ministros por la popularidad y las promesas abre la puerta a la injerencia política y a la participación de grupos del crimen organizado.
“Hoy estamos siendo ya testigos de las consecuencias y omisiones, ya que el proceso electoral ha sido precipitado, mal diseñado, lleno de inconsistencias y con errores judiciales”, indicó el presidente de la Coparmex.
Se registraron 18 mil personas candidatas para competir por mil 662 cargos judiciales a nivel federal y las entidades de la República: “La organización de esta elección se hizo en apenas unas semanas, con una legislación deficiente, sin los recursos necesarios y sin mecanismos claros de evaluación y transparencia”.
Hoy el INE reconoce que debe revisar cada candidatura antes de que valide el triunfo de cada candidato, ya que existen perfiles de personas “con nexos con grupos y organizaciones que operan al margen de la ley, tienen intereses partidistas y otros que no cumplieron con los requisitos mínimos como el promedio en su carrera”, concluyó.
