La justicia en la Ciudad de México se encuentra detenida. Desde el 28 de mayo de este año, un grupo de trabajadores determinó suspender las labores en las sedes judiciales. Sus peticiones son las de un aumento salarial de entre el 7 y el 10 por ciento, mejor equipo de cómputo, adecuación de los inmuebles, entre otros aspectos.
Los daños, a estas alturas, son severos, porque se suspenden alrededor de mil 200 audiencias por día, lo que significará atrasos en los diversos asuntos.
Por lo pronto, en la capital del país no se puede atender juicios civiles, laborales, familiares y penales. Se mantienen, por supuesto, la operatividad en los temas de urgencia, pero en términos llanos si alguien quiere que se protejan sus derechos, tendrá que esperar, con todas las implicaciones que ello tiene.
Si bien nadie niega que se requieran mejores condiciones de trabajo, hay evidencia de que un grupo minoritario de los paristas es el que está impidiendo que se llegue a un acuerdo.
Hay que tener presente que se han instalado 20 mesas de negociación, que se están avaluando las peticiones de los quejosos y que ya existen rutas de solución.
En estos empeños hay que destacar la labor del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, a quien le ha tocado una tarea por demás delicada, en la que cualquier paso en falso podría significar un recrudecimiento todavía mayor de las dificultades que de suyo se enfrentan.
Una parte del paquete de propuestas, y de construcción de soluciones, proviene del convencimiento del propio magistrado presidente sobre el momento en que le tocó enfrentar una crisis, que se sumará a las urgencias de la implementación de la Reforma Judicial, una vez que lleguen los jueces electos por voto popular y a lo que hay que añadir los rezagos que se arrastran desde la Pandemia del Covid-19, cuando las oficinas también cerraron, pero con motivos de salud.
Por eso es por lo que el magistrado Guerra Álvarez es el más interesado en que se llegue a una solución del conflicto, pero apagándose al sentido de la realidad.
En los conflictos de este tipo, donde se mezclan las demandas de condiciones dignas de trabajo, con otras motivaciones, el péndulo tendrá que moverse y ahí se apreciará a quién asiste la razón en lo que debiera ser lo más importante; mantener abiertos los tribunales para que las personas que lo requieran acudan a ellos.
Después de todo, no hay que confundirse, el paro en el PJCDMX no tiene que ver nada con las batallas que dieron los jueces y el personal de carrera hace apenas unos meses para defender sus derechos.
Lo de ahora, parece que es un proceso de degradación del propio movimiento parista, que a quienes más afecta es a los propios ciudadanos.
Una paradoja, por supuesto.
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