Ciudad de México, (EFE).- El área de análisis económico de Banamex advirtió sobre los riesgos que conllevaría implementar nuevamente un régimen de rentas congeladas en la Ciudad de México, política similar a la aplicada entre 1942 y 2001 que causó distorsiones significativas en el mercado inmobiliario y deterioro urbano.
En una nota especial, la institución financiera recordó que durante casi seis décadas la congelación de rentas provocó el despoblamiento del centro histórico capitalino, una reducción en la oferta de vivienda en alquiler y una marcada disminución en el mantenimiento de inmuebles, generando deterioro físico y conflictos sociales.
El análisis detalla que inicialmente, en 1942, la medida tenía un carácter temporal durante la Segunda Guerra Mundial para proteger a inquilinos frente a una inflación del 10.4%.
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Sin embargo, la prolongación indefinida de esta política provocó que en los años 90 algunos alquileres fueran tan bajos como entre 0.40 y 10 pesos mensuales, frente a costos crecientes de mantenimiento e impuestos, que aumentaron en promedio un 10% anual entre 1970 y 2000.
Banamex subraya que la medida, eliminada inadvertidamente en 2001, cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México permitió luego una reactivación del mercado inmobiliario con un crecimiento promedio anual del 2.8% en construcción entre 2001 y 2010, así como un proceso de revitalización del centro histórico.
Actualmente, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha presentado el Bando 1 ‘Por una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo Local’, estrategia que busca controlar el aumento de rentas mediante incrementos vinculados a la inflación anual reportada de forma oficial.
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“Propuestas como la de limitar los aumentos de renta deben considerar las lecciones del pasado”, enfatizó el estudio, que señala posibles efectos negativos como el aumento de informalidad en arrendamientos, erosión del valor catastral y reducción de la recaudación fiscal.
Banamex advirtió que un diseño deficiente podría nuevamente desincentivar la inversión privada, que en 2024 representó el 85% del financiamiento para construcción de viviendas en la capital.
“Consideramos muy relevante la implementación de políticas complementarias, como incentivos fiscales para el mantenimiento de inmuebles en renta y subsidios directos a inquilinos de bajos ingresos, para balancear la justicia social con la sostenibilidad económica”, destacó el banco en su reporte.
Además, se mencionó que aún faltan detalles claros sobre conceptos clave de esta nueva estrategia, como las ‘Zonas de Tensión Inmobiliaria’ y la ‘Defensoría de los Derechos Inquilinarios’, necesarios para evaluar integralmente la viabilidad e impacto de la propuesta.
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“Las rentas congeladas que ya experimentó la Ciudad de México son un claro ejemplo de los efectos no deliberados de políticas públicas que pueden ser bien intencionadas”, afirmó Banamex.
Añadió que aunque protegieron a un segmento de la población, distorsionaron el mercado inmobiliario, deterioraron el parque habitacional y contribuyeron al despoblamiento del centro urbano.
“Ese episodio histórico nos deja la importante lección de que algunas intervenciones públicas deben diseñarse con plazos definidos, monitoreo continuo y mecanismos de ajuste porque, de lo contrario, pueden derivar en externalidades negativas de magnitud relevante y deteriorar de manera estructural activos escasos para la sociedad”, concluyó.
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