A comienzos del mes de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado la necesidad de discutir y aprobar una reforma electoral, la cual plantea temas sobre el financiamiento de los partidos políticos, revocación de mandato y eliminación de legisladores plurinominales.
El tema resulta prioritario para el Gobierno Federal, ya que, se ha anunciado la creación de una comisión que le dará forma a la propuesta a partir de la organización de foros, mesas de trabajo y escucha a partir de propuestas ciudadanas.
A pesar de que la propuesta de reforma del sistema político mexicano es necesaria, pareciera que esta discusión está fuera de lugar, ya que, el momento mexicano es de incertidumbre comercial con Estados Unidos y de un pronóstico de bajo crecimiento económico en 2025 y 2026.
Por tanto, la pregunta razonable es en qué se deben gastar los esfuerzos legislativos y del Ejecutivo entre una reforma fiscal y electoral, dada la situación económica nacional e internacional.
No perdamos de vista que toda reforma del sistema político o económico en México requiere de un esfuerzo por convencer a todos los actores del país, es decir, clase política, empresarial, sindicatos y gobiernos estatales, lo cual puede resultar muy desgastante.
Una reforma electoral como la planteada hasta el mes de agosto requiere de una negociación para convencer a gobiernos estatales y partidos políticos que perderán poder en el corto y mediano plazo, lo cual implica que la negociación actual resultará difícil y puede entorpecer la discusión futura en el Congreso mexicano en otros temas de interés nacional.
De darle prioridad a la reforma electoral, lo que resta del periodo legislativo en la Cámara de Diputados se usaría para discutir un tema que afecta a futuros congresistas y gobernadores y agotaría el tiempo para comenzar una discusión sobre la muy necesaria reforma fiscal.
En este punto vale la pena preguntarse sobre cómo quedarán los ánimos partidistas y de los gobiernos estatales después de la reforma electoral para darle salida a una reforma fiscal a partir de 2027, una vez que finalizaron las elecciones intermedias y se tomó posesión a todas las personas ganadoras de elecciones ese año.
Asumiendo que el partido gobernante logre alinear todos los intereses políticos derivados de una reforma electoral, surge la duda sobre si comenzar la discusión de una reforma fiscal en 2027 será ya muy tarde.
En 2025 existe incertidumbre sobre el sector manufacturero en México y su capacidad para seguir generando empleo y exportando; existe incertidumbre sobre la capacidad del Estado mexicano para recaudar eficientemente y destinarlo a temas prioritarios como el sector salud, educación y seguridad.
Tampoco se tiene la certeza sobre cómo se comportará el mercado de trabajo en Estados Unidos y, por ende, el envío de remesas de aquel país a México.
2027 se ve lejano si es que se piensa comenzar una discusión sobre reforma fiscal en ese momento, ya que, entre hoy y ese año se puede generar una mayor destrucción de empleo en México, detener el proceso de reducción de pobreza y pobreza extrema, así como no poder mejorar el sistema de salud y educativo.
Vale la pena entablar discusiones legislativas con la sociedad mexicana sobre qué es más urgente entre una reforma fiscal y electoral, considerando que en temas de indicadores económicos falta mucho por hacer por parte del Gobierno Federal.
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El autor es docente de Economía en la UNAM, coordinador del Programa Único de Especializaciones en Economía (Posgrado, UNAM).
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