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    Mientras el presidente Donald Trump comenzaba a impulsar el envío de la Guardia Nacional y de los Marines a ciudades de Estados Unidos, líderes militares cuestionaron en privado si las tropas habían recibido el entrenamiento adecuado y advirtieron sobre los riesgos “sociales, políticos y operativos de gran alcance” de apoyar a las fuerzas del orden, según una revisión de Reuters de registros militares revelados en un tribunal.

    Los funcionarios del Ejército de Estados Unidos que planearon una operación en el Parque MacArthur durante el despliegue de junio en Los Ángeles determinaron que el uso de tropas para proteger a los agentes que participaban en la represión migratoria de Trump representaba un riesgo “extremadamente alto” para los civiles, las tropas y la reputación de los militares, de acuerdo con un documento interno.

    Los funcionarios advirtieron que la operación podría atraer protestas y desembocar en un motín con riesgo de “falta de comunicación y fratricidio”, además de provocar daños accidentales a civiles, incluidos niños, según el documento de planificación.

    El conjunto de informes y mensajes internos, revelados durante un juicio para resolver una demanda del gobernador de California, Gavin Newsom, ofrece una mirada poco común a las preocupaciones de los comandantes después de que Trump rompiera con la larga tradición de no utilizar a las fuerzas armadas en apoyo de la aplicación de la ley nacional, a pesar de las objeciones de funcionarios locales.

    Desde que desplegó 4 mil guardias nacionales y 700 marines en Los Ángeles para sofocar las protestas contra los arrestos por inmigración, el republicano Trump también envió tropas a Washington y analiza ampliar la presencia militar en otras ciudades gobernadas por demócratas.

    Para mitigar los riesgos del despliegue en Los Ángeles, abogados militares elaboraron reglas sobre el uso de la fuerza y desescalada, disponibles en los teléfonos de las tropas, que advertían sobre los altos riesgos de la misión.

    “La propia naturaleza de las operaciones nacionales —fuerzas militares estadounidenses que operan en comunidades estadounidenses— tiene implicaciones tan significativas que los errores de unos pocos soldados pueden tener consecuencias sociales, políticas y operativas de gran alcance”, señala un documento sin fecha titulado Los Angeles Civil Unrest SRUF. El acrónimo corresponde a Standing Rules for the Use of Force (Reglas Permanentes para el Uso de la Fuerza).

    Louis Caldera, exsecretario del Ejército bajo la presidencia de Bill Clinton, advirtió en entrevista que desplegar militares dentro del país “pone en riesgo a soldados y civiles, socava el reclutamiento y erosiona el apoyo público”.
    “Trump ha roto muchas normas”, dijo Caldera. “Sus predecesores no habrían utilizado a las fuerzas armadas de esta manera”.

    El Departamento de Defensa se negó a comentar sobre un litigio en curso.

    ¿Tres horas de ‘entrenamiento para prevención de disturbios civiles’ eran suficientes?

    Aunque los gobernadores suelen desplegar tropas de la Guardia Nacional bajo su mando en casos de desastres como huracanes, en Los Ángeles fueron convocadas al servicio federal por el presidente.

    Newsom alegó que las tropas participaron en actividades de aplicación de la ley, en violación de la Ley Posse Comitatus de 1878. La administración Trump argumentó que no hicieron cumplir la ley, sino que se limitaron a proteger edificios y personal federal, incluidos agentes de inmigración.

    El juez federal de distrito Charles Breyer, en San Francisco, podría emitir su fallo en cualquier momento.

    Un portavoz de Newsom afirmó que las pruebas del juicio demostraron que el despliegue fue “puro teatro político” y una “demostración de poder destinada a intimidar a nuestras comunidades”. Solo permanecen unos cientos de soldados en la ciudad.

    Tras ordenar el envío de tropas a Los Ángeles, Trump afirmó que su administración “liberaría” la ciudad. Mientras tanto, líderes del Ejército cuestionaban si tres horas de “entrenamiento para la prevención de disturbios civiles” eran suficientes, según mensajes internos.

    “Según su experiencia, ¿este entrenamiento proporciona un nivel adecuado de mitigación de riesgos para las condiciones actuales en Los Ángeles? Esta no es una pregunta capciosa”, escribió un oficial del Ejército a sus colegas —cuyas identidades fueron ocultadas— un día después de que Trump ordenara el despliegue. No se reveló ninguna respuesta en los documentos judiciales.

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    Una semana más tarde, el Departamento de Seguridad Nacional solicitó apoyo militar para una operación en el Parque MacArthur, un lugar de reunión de inmigrantes donde los agentes federales sospechaban de un mercado al aire libre de identificaciones falsas.

    En el juicio, el mayor general Scott Sherman testificó que rechazó la solicitud porque consideraba innecesaria la protección militar. Sherman aseguró que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, desestimó su decisión y que la operación finalmente se llevó a cabo el 7 de julio.

    Según un documento de planificación del 1 de julio, divulgado en el expediente judicial, la operación presentaba un riesgo “extremadamente alto” con la incorporación de tropas. El texto advertía sobre la posibilidad de protestas violentas, fallas de comunicación, fratricidio y daños accidentales a civiles, incluidos niños. Un mapa incluía la ubicación de varias escuelas cercanas.

    Laura Dickinson, profesora de derecho en la Universidad George Washington y especialista en seguridad nacional, señaló que el despliegue implicaba numerosos riesgos para los militares:
    “Colocarlos en estas situaciones de alto riesgo los pone en una posición muy delicada y puede dañar la reputación del Ejército estadounidense y su amplio apoyo entre la población”.

    Para mitigar los riesgos, los planificadores realizaron ensayos en una base en Los Alamitos, California, además de entrenamientos sobre las reglas de uso de la fuerza, según el documento del 1 de julio.

    Finalmente, la operación en el Parque MacArthur duró cerca de una hora y pareció concluir sin incidentes, según un reporte de Associated Press que Reuters no pudo verificar de manera independiente. La alcaldesa de Los Ángeles, la demócrata Karen Bass, calificó la operación como una “maniobra política”.

    El Departamento de Seguridad Nacional no respondió directamente a las preguntas sobre la operación o si resultó en arrestos, pero aseguró que sus agentes de Inmigración y Control de Aduanas, junto con la Patrulla Fronteriza, habían detenido a más de 5 mil personas en Los Ángeles desde junio.

    Compartiendo lecciones

    Mientras se preparaban para la misión en el Parque MacArthur, líderes militares comenzaron a compartir las lecciones aprendidas en Los Ángeles con oficiales de otras regiones en previsión de futuros despliegues.

    Una cadena de correos del 1 de julio describía cómo militares uniformados eran acosados en la ciudad, cómo se producían protestas en los hoteles donde se hospedaban agentes de inmigración y cómo manifestantes intentaban identificar públicamente a miembros de la Guardia Nacional.

    “Esta es una situación en evolución, pero pronto llegará a una región cercana (¡esperemos que no sea tan polémica!)”, decía un mensaje cuyo remitente y destinatarios fueron censurados.

    Los documentos hacían referencia constante a las reglas sobre el uso de la fuerza, que se esperaba todo soldado conociera como mecanismo de mitigación de riesgos.

    Ese documento concluye con una advertencia ilustrada con el caso del cabo de la Marina Clemente Bañuelos, quien en 1997 participó en una misión conjunta con la Patrulla Fronteriza en Texas y mató a un adolescente armado con un rifle. Aunque Bañuelos nunca fue procesado, el caso fue investigado por tres grandes jurados.

    “El incidente sigue siendo un poderoso recordatorio de que, cuando el personal militar emplea la fuerza, sus acciones, decisiones y las reglas que sigue pueden quedar sujetas al escrutinio externo en múltiples niveles”, concluye el texto.

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    Con información de Reuters

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