La prueba de cualquier gobierno ocurre en la crisis. Y el cambio climático se ha convertido en una verdadera amenaza a la seguridad alimentaria y la estabilidad social y económica, la cual está obligando a los gobiernos a tomar decisiones complejas sobre el gasto y distribución de los recursos públicos, ante fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, terremotos, sequías o el aumento del nivel de los océanos.
Las lluvias torrenciales registradas en Hidalgo, Puebla, Querétaro, Veracruz y San Luis Potosí son, lastimosamente, un recordatorio de que los impactos del cambio climático se han convertido una realidad en México. Y que la ciencia nos advierte que estas secuelas serán cada vez más intensas y frecuentes.
Queda para la posteridad los recorridos hechos por la presidenta Sheinbaum en las zonas afectadas, entre pobladores que exigen soluciones inmediatas y una mandataria que no teme recibir duros reclamos de la gente.
Incluso, la agencia británica de noticas BBC News destaca la fuerza de la respuesta del gobierno federal con recursos humanos y materiales y la coordinación con las autoridades locales, ante la violencia de la emergencia natural.
La presidenta de la República encabeza el Comité Nacional de Emergencias (CNE) junto con los gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, además de representantes de las dependencias del gobierno federal, como la Comisión Nacional de Agua (Conagua), así como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), y la Guardia Nacional, entre otras instancias. Esta coordinación intergubernamental es clave ante esta y cualquier otro tipo de emergencia nacional, siendo la mandataria una líder con la legitimidad y fuerza creíble para coordinar y supervisar este esfuerzo del Estado Mexicano.
Otro aspecto relevante ante esta crisis es la capacidad para comunicar de manera asertiva los trabajos que se están realizando. El gobierno federal ha informado cifras oficiales sobre decesos y desaparecidos, y ha realizado ya el censo a más de 4 mil viviendas en los cinco estados afectados. Sin embargo, también es cierto que el reto comunicacional se magnifica ante la difusión de noticias falsas o información imprecisa; o bien, el deceso de vidas que nublan el despliegue significativo de recursos humanos y materiales en la zona de desastre.
En una de las conferencias matutinas “Las mañaneras del pueblo”, la presidenta Sheinbaum mencionó que como parte de los protocolos para atención de emergencias vendrá, en su momento, una comunicación con la comunidad científica para saber sobre los “mejores mecanismos … de alertamiento”.
Esto último cobra una relevancia fundamental en el corto plazo en términos de la forma en que el país pretende enfrentar, de modo más eficiente, las emergencias por desastres naturales. De parte de la ciudadanía se espera no solamente una acción rápida por parte de sus autoridades para resolver sus necesidades una vez que ya sucedieron los percances, sino que estamos viendo una demanda creciente de la población para ser alertada con mayor rapidez.
Recordemos que no hace mucho, el país enfrentó otra emergencia con el huracán Otis que tocó tierra en octubre 2023 en Guerrero y afectó severamente Acapulco y Coyuca de Benítez, una experiencia que dejó ver áreas de oportunidad del Programa para la Atención de Emergencias para Amenazas Naturales, el cual reemplazó al FONDEN (Fondo de Desastres Naturales) en 2020, junto a otros fideicomisos.
Ambos eventos, el de 2023 y ahora los de 2025, dejan ver que más tecnología con sistemas de alertas avanzados y construir mayores capacidades de resiliencia son lecciones sobre los que la presidenta Sheinbaum tiene la oportunidad de convertir estos dolorosos hechos en un punto de partida para una gestión del riesgo en México más efectiva.
Sobre la autora:
Palmira Tapia es Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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