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    La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) condenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y exigió al gobierno de Claudia Sheinbaum frenar la violencia.

    “Queremos vivir en un México con seguridad, justicia y paz para todos. Las organizaciones empresariales y sociales de diversas partes del país firmantes condenamos enérgicamente el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante un evento público”, dijo en un comunicado.

    El organismo expresó su “profunda consternación” y extendió sus condolencias a la familia del alcalde, quien había solicitado reiteradamente apoyo al Gobierno Federal para enfrentar a los grupos criminales que operan en su municipio.

    “Este atroz crimen no puede quedar impune. Exigimos que las autoridades aclaren los hechos con celeridad, que los responsables sean castigados con todo el rigor de la ley y que se fortalezcan las medidas de protección y seguridad para toda la ciudadanía”, agregó.

    La Coparmex señaló que la violencia que aqueja a Michoacán y a diversas regiones del país mantiene a los ciudadanos en un estado de temor constante y pone en riesgo la vida de quienes trabajan diariamente por el desarrollo de sus comunidades.

    “A esta tragedia se suma el asesinato de Bernardo Bravo, Presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido el 19 de octubre, lo que evidencia el grave deterioro de la seguridad en la región”, mencionó.

    Ante este panorama alarmante, dijo la Coparmex, demandamos acciones inmediatas y contundentes.

    “Es urgente que el Gobierno Federal y el del Estado de Michoacán asuman su responsabilidad directa en la recuperación de la seguridad y que no se permita que la población civil siga en riesgo”, expresó.

    Asimismo, el organismo exigió una reunión inmediata con todos los sectores del Estado y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el gobernador del estado y su gabinete de seguridad, con el fin de conocer qué acciones se están implementando, cuáles son los resultados esperados y qué estrategias se aplicarán para garantizar la seguridad en la región.

    “El avance de la criminalidad no solo amenaza la integridad de las personas, sino que frena el crecimiento económico, debilita las instituciones y profundiza la desconfianza social. México necesita respuestas firmes y coordinadas que permitan reconstruir el tejido social y devolver la tranquilidad a las comunidades”, aseguró.

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