Cuando Lauren Vaughn, asistente de un jardín de infancia en Carolina del Sur, vio las noticias de que el influencer de derecha Charlie Kirk había sido baleado en un evento en Utah, abrió Facebook y escribió una cita del propio Kirk.
Las muertes por armas de fuego, dijo Kirk en 2023, eran lamentables, pero “valían la pena” si preservaban “la Segunda Enmienda para proteger nuestros otros derechos otorgados por Dios”. Tras la cita, Vaughn añadió: “Mis pensamientos y oraciones están con ustedes”.
Vaughn, una cristiana de 37 años que realizó viajes misioneros a Guatemala, afirmó que su petición de oración era sincera. Dijo que esperaba que leer las palabras de Kirk en el contexto del tiroteo pudiera llevar a sus amigos a reconsiderar su oposición al control de armas.
“Quizás ahora me escuchen”, recordó haber pensado.
Unos días después, Vaughn perdió su trabajo. Fue una de las más de 600 personas en Estados Unidos despedidas, suspendidas, investigadas o sancionadas por sus empleadores por comentarios sobre el asesinato de Kirk el 10 de septiembre, de acuerdo con una revisión de Reuters de registros judiciales, declaraciones públicas, informes de medios locales y entrevistas con dos docenas de personas que fueron despedidas o sancionadas de alguna otra manera.
Algunos fueron despedidos tras celebrar o burlarse de la muerte de Kirk. Al menos 15 personas fueron sancionadas por supuestamente invocar el “karma” o la “justicia divina”, y al menos otras nueve fueron sancionadas por variaciones de “¡Qué bueno que se fue!”. Otras publicaciones ofensivas parecían regocijarse por el asesinato o expresar la esperanza de que otras figuras republicanas fueran las siguientes. “Uno menos, quedan muchos”, decía una.
Otros, como Vaughn, dicen que simplemente criticaron la ideología política de Kirk.
En el bando pro-Kirk, al menos un académico fue suspendido de empleo y sueldo tras amenazar con “dar caza” a quienes celebraran el asesinato.
Este relato es el más completo hasta la fecha sobre la reacción violenta contra los críticos de Kirk, y describe cómo altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, legisladores republicanos locales y personas influyentes afines se movilizaron para imponer las ideas del movimiento trumpista.
El reportaje describe la maquinaria de represalia pro-Trump que está transformando la vida política estadounidense, detallando su alcance y tácticas, que van desde la difamación en redes sociales hasta la presión pública sobre empleadores y las amenazas de retirar fondos a instituciones. Informes anteriores de Reuters documentaron cómo Trump purgpó el gobierno federal de empleados considerados opositores a su agenda y tomó medidas enérgicas contra los bufetes de abogados que defienden a personas en la mira de la administración.
En ocasiones, los estadounidenses pierden sus empleos tras expresarse en momentos políticos acalorados. Veintidós académicos fueron despedidos en 2020, el año en que George Floyd fue asesinado por un policía de Minneapolis, la mayoría por comentarios considerados insensibles, de acuerdo con la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, una organización defensora de la libertad de expresión.
En 2024, el primer año completo tras el estallido de la última guerra entre Israel y Gaza, más de 160 personas fueron despedidas por su activismo a favor de Palestina, señala Palestine Legal, una organización que protege los derechos civiles de los estadounidenses que apoyan la causa palestina.
La reacción negativa a los comentarios sobre el tiroteo de Kirk destaca por su alcance y el respaldo público de Trump, el vicepresidente J.D. Vance y otros altos funcionarios del gobierno. Representa un giro radical para los republicanos, quienes durante años criticaron a la izquierda por lo que denominaban “cultura de la cancelación”: el ostracismo o castigo de aquellos cuyas opiniones se consideraban inaceptables.
Quienes apoyan los despidos afirman que la libertad de expresión no exime de las consecuencias. Según indicaron, se deben exigir altos estándares de conducta a personas como médicos, abogados, maestros o personal de emergencias que ocupan cargos de confianza pública.
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Funcionarios republicanos apoyan medida punitiva tras asesinato de Kirk
En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó: “El presidente Trump y toda su Administración no dudarán en decir la verdad: durante años, la izquierda radical ha difamado a sus oponentes políticos, tildándolos de nazis y fascistas, incitando a la violencia de la izquierda. Esto debe terminar”. Añadió: “Nadie comprende mejor los peligros de la violencia política que el presidente Trump”, tras haber sobrevivido a dos atentados contra su vida.
Turning Point USA, el movimiento juvenil que Kirk fundó en 2012, declaró en un comunicado que apoya el derecho a la libertad de expresión, “incluido el derecho de los empleadores privados a determinar cuándo se ha cruzado un límite y un empleado merece ser despedido”. Sin embargo, la organización advirtió que, si bien celebrar o regodearse por la muerte de Kirk fue “un comportamiento reprobable e inhabilitante”, discrepar respetuosamente de sus ideas, declaraciones o valores es un derecho de todo estadounidense.
Vaughn impugna su despido mediante una demanda federal presentada el 18 de septiembre, en la que solicita su reincorporación. Como parte del caso, presentó una carta que recibió del superintendente del Distrito Escolar del Condado de Spartanburg, en la que se describían sus comentarios como “incendiarios, poco profesionales e inapropiados”. En respuesta a la demanda, el distrito declaró que la publicación de Vaughn “parecía respaldar el asesinato del Sr. Kirk o indicar que ‘valía la pena’ que perdiera la vida para proteger los derechos constitucionales de los estadounidenses”.
Los castigos a menudo se originaron en campañas en redes sociales que difunden capturas de pantalla de los comentarios ofensivos, junto con los nombres y números de teléfono de los empleadores y mensajes como “Internet, ¡haz lo tuyo!”. De acuerdo con Reuters, lo que suele seguir son cientos de mensajes airados o amenazantes. Varias personas que fueron blanco de estas campañas declararon en entrevistas que fueron acosadas con llamadas telefónicas. Una de ellas recordó haber recibido una llamada cada minuto durante todo un día. Al menos dos afirmaron que el acoso fue tan intenso que planean vender sus casas.
Julie Strebe, agente del sheriff en Salem, Misuri, perdió su trabajo tras publicar comentarios en Facebook sobre el tiroteo, incluyendo “No se debe empatía a los opresores”. Posteriormente, declaró que consideraba a Kirk un opresor porque, en sus palabras, buscaba marginar a los grupos vulnerables y utilizaba su plataforma para movilizar a cristianos blancos conservadores en torno a “opiniones racistas, sexistas y llenas de odio”. Dijo que sus jefes la acosaban con peticiones de despido y que, en un momento dado, apareció un cartel dibujado a mano frente a su casa que decía: “Julie Strebe apoya el asesinato de Charles Kirk”.
Strebe afirmó haber instalado cinco cámaras de vigilancia en su casa y que ahora solo carga gasolina por la noche para evitar a los vecinos. Mudarse de Salem significaría dejar atrás a su familia, pero dijo que la pequeña ciudad se ha vuelto demasiado hostil como para quedarse. “Simplemente no siento que pueda bajar la guardia”, declaró en una entrevista. Su antiguo empleador, la Oficina del Sheriff del Condado de Dent, declinó hacer comentarios.
Muchos funcionarios republicanos apoyaron la campaña punitiva. Algunos propusieron medidas extraordinarias, como la prohibición de por vida de usar las redes sociales para quienes se considere que se regocijan con la muerte de Kirk.
El Departamento de Estado de EU revocó las visas de seis extranjeros que, según la agencia, “celebraron el atroz asesinato de Charlie Kirk”. En un episodio especial del podcast de Kirk, emitido el 15 de septiembre, el vicepresidente J.D. Vance instó a sus oyentes a tomar medidas contra quienes celebraban la muerte de Kirk.
“Denúncienlos, e incluso llamen a sus empleadores”, dijo Vance. La oficina de Vance remitió a Reuters a declaraciones realizadas a principios de año en las que el vicepresidente afirmó: “Mi límite es incitar a la violencia contra opositores políticos”.
Con información de Reuters
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