Por Sergio Alberto Morales Zaldivar*
Como cada fin de año, comienzan las celebraciones, las compras financiadas por los aguinaldos y una breve desconexión de la vida cotidiana. La mayoría de las personas se olvida de lo que está por venir en 2026, que va desde la planeación de sus metas y objetivos personales, la famosa “cuesta de enero”, y lo que las autoridades traen entre manos en el tema fiscal.
El panorama fiscal de México para el 2026 tiene dos caras: por un lado, el optimismo del gobierno al mostrar por todos los medios posibles una recaudación récord, que las contribuciones de los mexicanos gracias a sus empleos y negocios están dando frutos como nunca antes y que, con ello, el país está gozando de algo jamás visto.
Del otro lado está la realidad de los contribuyentes, aquellos que cada quincena perciben menos dinero por las retenciones fiscales marcadas en la ley, sumado a los pagos que les han sido impuestos de manera indirecta al adquirir productos y servicios o una vivienda, por tener un ahorro, por invertir y por casi cualquier cosa que implique dinero.
De ahí la realidad de millones de mexicanos que, aunque está prohibido, prefieren la informalidad con tal de quedarse con un poco (o mucho) de sus recursos para subsistir en el mercado.
Para la mayoría de los contribuyentes debería de ser una preocupación lo que las autoridades están planeando implementar en el Paquete Económico, mismo que fue entregado por la SHCP al Congreso en septiembre, y que plantea un plan de ingresos y gasto para el próximo año “sin cambios drásticos”.
Se endurecerán las sanciones contra el negocio de las facturas falsas, se facilitarán las auditorías con fotos y videos brindando al SAT una autoridad sin precedentes.
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El objetivo declarado en el paquete es garantizar la continuidad de los programas sociales de bienestar, es decir, los apoyos a los adultos mayores y a los premiados “ninis” que seguirán gozando de una beca por no trabajar ni estudiar.
Otros objetivos son salud, vivienda y educación que desde hace siete años han sido los sectores más maltratados y abandonados por el actual régimen.
Algunas de las propuestas que directamente afectarán al contribuyente consisten en aumentos al IEPS de tabacos y bebidas; así como la creación del nuevo impuesto a la venta de videojuegos con contenido violento que ha generado una división de opiniones en los principales foros sociales. También el aumento de la tasa del 30% al 50% a los juegos de apuestas y sorteos, sean presenciales o en línea.
Podría considerarse que la mayoría de los contribuyentes daban por hecho el aumento en algunos impuestos existentes y la creación de otros sin importar su justificación lógica, lo verdaderamente preocupante para 2026 radica en los cambios a las retenciones y las nuevas obligaciones fiscales donde se elevarán las retenciones sobre rendimientos financieros pasando del 0.5% al 0.9%. Ahora los contribuyentes no solo seguirán pagando impuestos por trabajar, pagarán más por adquirir algunos productos e incluso, la minoría que ahorra o invierte deberá pagar más impuestos.
Por otro lado, el SAT llevaba varios años creando un plan maestro para poder fiscalizar a las plataformas digitales, pues sinceramente se estaban quedando fuera del juego y con una parte muy pequeña del gran pastel que representan. Para el nuevo año, se les adicionará la obligación de reportar al SAT en tiempo real y de retener impuestos en cada transacción.
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Además, se homologará la retención aplicable a personas físicas que venden por plataformas al 2.5% (tope máximo para RESICO) y se establecerá un esquema para personas morales.
Asimismo, hay que mencionar que las autoridades estarán promoviendo la recaudación sin sanciones, se permitirá que los contribuyentes con ingresos anuales menores a 300 millones de pesos paguen sus créditos fiscales sin multas ni recargos, además de que, se ampliarán los plazos de pago en aduanas facilitando el pago en parcialidades.
El impacto a las personas físicas
El paquete no afecta de forma directa a este gremio, pero sí indirectamente a través de los aumentos al IEPS y el impulso de nuevos impuestos a los videojuegos que incitan a la violencia.
Para los micro, pequeños y medianos contribuyentes, las autoridades decidieron brindar algunos incentivos de regularización (condonación de multas y recargos y facilidades de pago), pero se enfrentarán a una versión del SAT más agresiva y de mayor exigencia fiscal a través de los mecanismos de control de CFDI, por ejemplo.
El fortalecimiento de la fiscalización digital es uno de los principales ejes de estos cambios que afectarán al sector MIPyMEs, donde se reducirá el margen de la evasión vía facturas falsas o esquemas ocultos.
El sector MIPyMEs no verá cambios en tasas ni impuesto especiales que les afecten directamente, pero deberán adaptarse a nuevas reglas (pagar ISR/IVA al 2.5% sobre ventas en línea, facilitar información al SAT, etc.), algo similar a lo que ya enfrentan las personas físicas emprendedoras.
Las plataformas digitales representan uno de los sectores que mayor impacto recibirá en materia fiscal, se enfrentarán a nuevas retenciones y mecanismos de control. El SAT podrá exigir acceso en tiempo real a las bases de datos de estas plataformas (nacionales o extranjeras) y aplicar bloqueos temporales por incumplimiento.
También deberán incluir el IEPS en el precio de venta (para juegos de apuestas o videojuegos), expedir comprobantes de retención y reportar operaciones en tiempo real. Estas medidas buscan nivelar el campo de juego y asegurar que las grandes tecnológicas paguen impuestos íntegros.
El Paquete Económico 2026 refuerza la tendencia reciente de optimizar la recaudación vía digitalización, el combate a la evasión y ajustes focalizados (especialmente al IEPS y nuevos agentes digitales), en lugar de imponer impuestos adicionales generales.
Los contribuyentes se enfrentarán a una versión del SAT con mayor poder de solicitar información, bloquear y multar a quien se interfiera en su camino.
Es irónico que, en un contexto donde el pago directo o indirecto de contribuciones va al alza, la mayoría no goza de carreteras en buen estado, seguridad, medios de transporte eficientes, un servicio de salud digno ni otros servicios que deberían ser financiados por las contribuciones de todos los mexicanos a través del gobierno federal.
Exigir y recibir servicios dignos, infraestructura competitiva y un contexto justo desde el ángulo fiscal son los grandes derechos de los contribuyentes, pero con el paso del tiempo y una narrativa de optimismo perpetuo controlada por los medios de comunicación, se han olvidado de ellos.
*Sobre el autor:
L.C.P. y F. Sergio Alberto Morales Zaldivar es socio del Colegio de Contadores Públicos de México, emprendedor y conferencista.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
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