"Matas a un hombre y eres un asesino. Matas a millones y eres un conquistador. Mátalos a todos y eres un dios." — Jean Rostand
En las últimas semanas, los cambios legislativos sobre los vapeadores y productos similares han desatado una tormenta de respuestas airadas. La industria tabacalera, diversas organizaciones civiles y algunos “supuestos” académicos sostienen al unísono que la prohibición se convertirá, inevitablemente, en la materia prima dorada para el crimen organizado. Su argumento central es que la única respuesta viable debe ser un mercado regulado, vigilado por agencias sanitarias; un modelo similar al que proponen para la cannabis o el que se usa para evitar que el tabaco de supuesta “baja calidad” inunde las ciudades a causa de los impuestos especiales.
Estos actores apelan constantemente a supuestos estudios internacionales que, muchas veces sin una evidencia sólida o contextualizada a nuestra realidad, sugieren que una “buena regulación” es la llave mágica para disminuir el consumo.
Del otro lado se atrinchera la postura prohibicionista: los productos son tan intrínsecamente nocivos que no cabe espacio para la regulación. Su argumento es contundente: estos dispositivos tecnológicos ya invaden las escuelas, afectando principalmente a menores de edad que, debido a una baja percepción de riesgo —diseñada por la mercadotecnia—, los consumen con mayor avidez que el tabaco tradicional. Bajo esta óptica, regular no es controlar, es ser cómplice.
Sin embargo, este es un debate secundario. En esta discusión, como en tantas otras de la vida pública nacional, los verdaderos especialistas están ausentes. Son los políticos quienes definen, defienden y argumentan posturas; muchas veces desde la ignorancia técnica, otras desde inconfesables complicidades comerciales y, algunas tantas, desde los simples buenos deseos llenos de una peligrosa ingenuidad.
Hay que ser claros y contundentes: los vapeadores son profundamente nocivos. Son responsables de la aparición de nuevas enfermedades respiratorias, como la lesión pulmonar asociada al vapeo (EVALI), particularmente agresiva en jóvenes. A diferencia del tabaco tradicional, cuyos daños son acumulativos a largo plazo, el vapeador presenta riesgos inmediatos. No olvidemos la mecánica: es una pila que calienta una resistencia para emitir aerosoles cargados de sustancias altamente tóxicas. Estudios recientes confirman que este proceso libera metales pesados como níquel, estaño y plomo directamente a los pulmones, además de que el sobrecalentamiento de los componentes electrónicos genera vapores imprevistos. Aunque la industria presuma que son “menos sustancias en número”, eso no las hace menos nocivas ni menos letales. Además, el daño del “aerosol secundario” en los usuarios pasivos apenas se está comenzando a estudiar, pero es previsible que los estragos en la salud pública se irán observando con el paso del tiempo.
Por su parte, el tabaco tradicional sigue siendo el genocida por excelencia. Es la sustancia responsable de más decesos a nivel global: más de 8 millones de personas por año según la OMS. En México, esta industria cobra la vida de aproximadamente 63,000 personas anualmente; todo impulsado por un sector con un historial documentado de mentiras, ocultamiento de información científica y prácticas éticas nulas.
Aquí radica la gran ingenuidad del argumento pro-regulación: pensar que el tabaco ilegal hace “más daño” que el legal, o que los vapeadores no regulados son potencialmente más nocivos que los de marca, es una falacia. Es igualmente ingenuo creer que, en un país marcado por la impunidad sistémica, se podrán controlar eficazmente los mercados negros mediante simples leyes sanitarias. En México, donde la extorsión de las autoridades encargadas de vigilar es la regla y no la excepción, la etiqueta de “regulado” a menudo solo cambia el destinatario del soborno, no la seguridad del producto. Es una realidad que los menores consumen productos prohibidos para ellos, sean legales o ilegales, bajo la complicidad de autoridades, pero también bajo la negligencia de familiares y cuidadores primarios.
El verdadero debate no es sobre el mercado o la recaudación fiscal, es —o debería ser— un debate ético: ¿Quién es “más malo”, la industria legal cuyo cinismo mata con permiso gubernamental, o el mercado negro que también mata desde la sombra? O peor aún, el mercado negro asociado al crimen organizado. Todos surten a menores con una impunidad lacerante.
La realidad es que la industria del tabaco y la nicotina es criminal en sus efectos, sea mercado negro o legal. Le cuesta millones a las finanzas públicas en tratamientos médicos (se estima que más de 116 mil millones de pesos anuales solo en nuestro país); devasta el medio ambiente con sus desechos —siendo las colillas la principal fuente de basura mundial—, provoca incendios forestales y la contaminación de mantos freáticos, donde una sola colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua. Cobra facturas impagables en morbilidad y mortalidad humana. ¿Es legítimo que una industria se enriquezca a partir de la premisa de enfermar y matar lentamente a sus usuarios?
Deberíamos estar centrando los argumentos no en cómo venderlos mejor, sino en una genuina campaña de prevención e información. Abordar el vapeo y el tabaquismo como lo que son: una emergencia sanitaria. Alertar a escuelas y padres de familia de los muchos riesgos que existen en el mal llamado “vapeo seguro”.
Mientras tanto, navegamos a ciegas. Se prometió para esta semana presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT). Resultados que, sabemos, ya son conocidos por la Secretaría de Salud y la Presidencia, pero que estuvieron sospechosamente ausentes en los debates legislativos. ¿De qué tamaño será la sorpresa que nos ocultan? ¿Qué rigor metodológico tendrán los datos? ¿Qué realidad están intentando maquillar? Porque hubo una ausencia de casi una década entre la última encuesta (realizada en 2016) y la actual; ¿qué pasó en la pandemia en términos de adicciones que no quisimos medir?
El reto real es cómo evitamos nuevos usuarios desde la conciencia y la protección a menores, y cómo generamos una cultura de la legalidad donde la prohibición no sea una invitación a “darle la vuelta” a la ley, sino un pacto social de salud pública.
Debemos proteger a las infancias tanto de ciertas industrias como de los gobiernos. Hace 2,400 años, el tratado de Epidemias estableció la máxima ética de la medicina, a menudo resumida en la frase latina: Primum non nocere (“Lo primero es no hacer daño”).
Hoy, nuestros legisladores parecen haber olvidado esa lección básica. Al ignorar la evidencia clínica y legislar sin datos (como los ocultos de la ENCODAT), no solo fallan en ayudar a la salud pública, sino que violan el principio sagrado de no dañar, convirtiéndose en cómplices activos de una industria que enferma para ganar.
Hace falta urgentemente aplicar principios similares para la industria y para el ejercicio del servicio público. “Lo primero es no hacer daño”. Si bajo esa lente ética se filtraran las leyes, las políticas públicas, los nombramientos y las acciones de gobierno, la gente dejaría de ser vista como simples “daños colaterales” en los enfrentamientos políticos, ideológicos y comerciales de quienes ostentan el poder.
Sobre el autor:
*Edgar Alonso Angulo Rosas es psicólogo clínico y experto en adicciones con amplia experiencia en prevención y atención a violencias, adicciones, salud mental y derechos humanos. Ha ocupado cargos directivos en ONGs, sector público y privado.
Correo electrónico: [email protected]
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