Durante años, los opositores a la regulación del cannabis han sostenido que abrir un mercado legal podría generar problemas de supervisión, competencia desleal o dificultades administrativas. La realidad internacional demuestra que esos desafíos existen, pero también revela algo mucho más importante: incluso con imperfecciones, los mercados regulados ofrecen mejores herramientas para proteger a los consumidores, generar inversión y reducir el poder de las economías criminales.
En distintas jurisdicciones donde el cannabis es legal, las autoridades enfrentan actualmente una nueva generación de retos. La caída de precios derivada de una mayor competencia, la necesidad de fortalecer los mecanismos de trazabilidad y la permanencia de operadores ilegales obligan a perfeccionar los modelos regulatorios. Sin embargo, el debate ya no consiste en decidir si debe existir una industria legal, sino en cómo hacerla más eficiente y segura.
México ni siquiera ha llegado a esa etapa. En nuestro país, el cannabis se comercializa todos los días a través de una extensa red informal que incluye distribuidores independientes, servicios de entrega a domicilio, redes sociales y puntos de venta clandestinos. Existe producción, distribución, logística y consumo. Existe oferta y demanda. Existe una economía funcional.
Lo único que no existe es una regulación integral que permita trasladar esa actividad hacia la formalidad.
La consecuencia ha sido evidente durante décadas: el mercado negro conserva el control absoluto de una actividad económica multimillonaria, mientras el Estado renuncia tanto a la recaudación fiscal como a la posibilidad de establecer estándares mínimos de calidad y seguridad.
Paradójicamente, quienes terminan asumiendo las mayores consecuencias son los consumidores.
En la práctica, muchas personas continúan siendo percibidas como potenciales delincuentes por el simple hecho de consumir cannabis, a pesar de los avances judiciales que han reconocido el derecho al libre desarrollo de la personalidad. La ausencia de una legislación clara ha generado un escenario de incertidumbre donde la línea entre el ejercicio de derechos y la criminalización depende frecuentemente de interpretaciones discrecionales.
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Este enfoque ha demostrado ser ineficaz. La prohibición no ha eliminado el consumo ni ha reducido la disponibilidad del producto. Tampoco ha impedido la existencia de cadenas de suministro sofisticadas que operan al margen de la ley. Lo que sí ha logrado es impedir la construcción de un mercado regulado capaz de generar empleos, atraer inversiones y ofrecer garantías sanitarias para los usuarios.
La experiencia internacional también deja una lección importante: regular no es suficiente. Los mercados legales requieren supervisión efectiva, mecanismos de cumplimiento y condiciones equitativas para quienes deciden operar dentro del marco normativo. Cuando la aplicación de la ley es débil, los actores ilegales continúan obteniendo ventajas competitivas.
Pero existe una diferencia sustancial entre enfrentar estos desafíos dentro de un sistema regulado o hacerlo desde la prohibición absoluta.
En el primer caso, el Estado cuenta con herramientas para corregir distorsiones, sancionar incumplimientos y fortalecer la integridad del mercado. En el segundo, simplemente observa desde la barrera cómo el comercio ilegal continúa expandiéndose sin controles ni responsabilidades.
México posee condiciones excepcionales para participar en la economía global del cannabis. Cuenta con experiencia agrícola, condiciones climáticas favorables y una ubicación estratégica frente a uno de los mercados más grandes del mundo. Sin embargo, mientras otros países discuten cómo optimizar sus modelos regulatorios, nosotros seguimos debatiendo si debemos reconocer una realidad que ocurre diariamente frente a nuestros ojos.
La verdadera pregunta ya no es si existe un mercado de cannabis en México. Ese mercado ha existido durante generaciones. La pregunta es cuánto tiempo más seguiremos permitiendo que permanezca exclusivamente bajo el control de la clandestinidad.
Cuando el Estado decide no regular una actividad que claramente existe, no desaparece la demanda ni se extingue el comercio. Simplemente se transfiere el poder económico hacia quienes operan fuera de la ley. Y esa, quizás, ha sido una de las políticas públicas más costosas de nuestra historia reciente.
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