El número de personas en México sin afiliación a un sistema público de salud pasó de 22.2 millones en 2018 a 47.7 millones en 2024, lo que evidencia un retroceso en esta dimensión de la cobertura universal, de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Basado en datos del Inegi, el centro de análisis privado detalló que el número de personas que reportaron alguna afiliación pasó de 54.6 a 63.7 millones en ese periodo.
La afiliación presenta diferencias entre entidades, pues aquellas con mayor empleo formal, como Nuevo León y Coahuila, registraron mayores niveles de afiliación, mientras que en el sur se observan mayores proporciones de población sin cobertura. Destaca Chiapas, donde cerca de dos terceras partes de la población no reportan afiliación a algún sistema público de salud.
En el marco del Día Mundial de la Salud, el CIEP subrayó que la cobertura universal de salud, integrada por las dimensiones afiliación, cobertura y financiamiento, es clave para construir sistemas sanitarios resilientes, equitativos y sostenibles.
Enfatizó sobre la importancia de garantizar que todas las personas cuenten con el acceso a servicios esenciales -como prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos- sin enfrentar dificultades financieras.
La organización observó avances insuficientes en las dimensiones acceso y financiamiento.
Respecto a la primera, señaló que hay aumentos en los indicadores de catálogo de servicios, personal médico y personal de enfermería, pero no en número de camas.
“La evidencia sobre el acceso a servicios de salud muestra que no todas las personas que experimentan una necesidad de atención médica buscan o reciben servicios oportunamente”, aseveró.
Explicó que la dimensión financiamiento incluye el gasto público, contribuciones asociadas a la seguridad social y el gasto privado, y que la combinación de estas fuentes incide en la equidad y en el acceso efectivo a los servicios de salud, así como en la capacidad del sistema para responder a las necesidades de atención.
Apuntó que el gasto total en salud ha mostrado una tendencia creciente en términos reales durante los últimos años. Entre 2018 y 2024 el gasto pasó de 1.7 a 2.1 billones de pesos (de 5.2 % a 6.2 % del PIB), lo que representa un incremento acumulado cercano a 24 %.
Sin embargo, ese aumento se debe principalmente a la persistencia del gasto privado, en particular del gasto de bolsillo y al aumento en el gasto de instituciones de seguridad social.
Explicó que a nivel internacional se sugiere que el gasto público concentre cerca de 80% del gasto total, con la finalidad de evitar el gasto privado excesivo que podría conducir a gasto catastrófico o empobrecedor por motivos de salud, pero en México esta proporción se ubica cerca de 55% y 60%, lo que implica mayor participación privada.
“Esto generó que una mayor proporción del gasto total esté financiada por los hogares. En 2024, el caso menos favorable se presentó en las personas afiliadas al ISSSTE donde el 52% del monto total proviene del gasto de bolsillo”, señaló.
El centro observó que el gasto público pasó de 2.3% del PIB en 2018 a 2.6% en 2024, y aunque representó un aumento de 3 décimas, mantiene una brecha de más de 3 puntos para alcanzar el mínimo sugerido a nivel internacional, de 6%.
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Mencionó que la composición del gasto público muestra una mayor proporción destinada a la población con seguridad social. Entre 2018 y 2024, alrededor de 54% a 56% del gasto público en salud se dirigió a este grupo, mientras que entre 44% y 46% se asignó a la población sin seguridad social.
Agregó que el gasto privado en salud, que se compone principalmente del gasto personal, representa alrededor del 50% del financiamiento del sistema de salud en México, equivalente a alrededor de 2.5% a 3% del PIB en el periodo analizado.
Aunque el gasto público sigue siendo la principal fuente de recursos, los hogares absorben una proporción considerable de los costos de atención mediante pagos directos por consultas, medicinas y otros insumos.
“Esto evidencia los retos que enfrenta el sistema para reducir la carga financiera sobre la población y fortalecer la protección financiera a los hogares”, advirtió.
Expresó que la expansión del modelo de atención a través de IMSS-Bienestar es una oportunidad para ampliar la cobertura de servicios para la población sin seguridad social, pero para que la transición
contribuya efectivamente a la cobertura universal será necesario acompañarla con mayor inversión en infraestructura, personal médico y sistemas de información que permitan monitorear el acceso y el desempeño del sistema nacional de salud.
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