Por Edgar Alonso Angulo Rosas*
Los relatos históricos rara vez son neutrales; operan como vehículos cargados de ideologías y narrativas diseñadas para erigir mitos fundacionales. En este ejercicio de poder, los vencedores de los procesos políticos, bélicos o sociales suelen autoproclamarse como los únicos artífices de la construcción nacional. Bajo esta óptica, la polarización no es un accidente de la historia, sino un estadio psicológico y social instaurado deliberadamente para justificar los grandes cambios y cohesionar a las bases mediante el conflicto.
Sin embargo, esta visión totalizadora conlleva un síntoma peligroso: el desconocimiento absoluto de los logros, aciertos y conquistas de los antecesores. Se borran legados enteros para reconstruir los hechos a la medida y conveniencia del poder en turno, provocando una amnesia institucional que fractura la continuidad del Estado.
Hoy revive el complejo ibérico y padecemos una negación de nuestro propio origen, una tensión identitaria que bien advertía Octavio Paz cuando escribió que «el mexicano no quiere ser ni indio ni español». El abordaje histórico de nuestra Independencia constituye un ejemplo elocuente de este fenómeno. Ciertas narrativas oficiales han tendido a presentar a España como el antagonista fundacional de la nación mexicana, desconociendo que México requiere, ontológica e históricamente, de su herencia ibérica para explicarse a sí mismo y existir.
Resulta casi un agravio contemporáneo pronunciar el término «madre patria». Paradójicamente, reconocer que existe una madre supone afirmar la existencia de un país nuevo, emancipado y plenamente independiente. La reivindicación del pasado prehispánico no está peleada con la aceptación de la raíz europea. La mexicanidad es una síntesis compleja; exigir purezas históricas es un reduccionismo que perpetúa una escisión psicológica en nuestra identidad. Asumir nuestros orígenes duales demuestra, por el contrario, la madurez de una nación que ha superado sus complejos de inferioridad.
Esta disonancia cognitiva se materializa claramente en el actuar del gobierno actual. Se invierte un enorme capital político en exigir una disculpa pública al Estado español por actos que, bajo la narrativa presente, se clasifican anacrónicamente como un genocidio a gran escala. Esta exigencia ignora la historiografía básica: omite que la caída de Tenochtitlán fue, en gran medida, producto de alianzas indígenas contra el yugo mexica, y evade una realidad ineludible: los españoles actuales no fueron los conquistadores; quienes conquistaron se quedaron, se reprodujeron y terminaron convirtiéndose en nosotros, los mexicanos de hoy. Las responsabilidades históricas pertenecen a un pasado compartido, que nos es mucho más cercano a los mexicanos de hoy que a los europeos contemporáneos.
Simultáneamente, ese mismo poder escatima empatía y se niega a ofrecer una verdadera disculpa de Estado frente al dolor tangible de tragedias que sí son nuestra responsabilidad generacional. El colapso del Colegio Rébsamen, la tragedia de la Línea 12 del Metro, los siniestros y fallas logísticas en obras como el Tren Interurbano o el Interoceánico, y la crisis incesante de las desapariciones obligarían a quien detenta el poder ejecutivo en turno a ofrecer no solo solidaridad, sino una disculpa institucional. Se exige contrición por el pasado lejano mientras se evade la responsabilidad del presente inmediato.
Para sostener esta evasión, el Estado necesita un binarismo histórico: fabricar villanos absolutos y héroes inmaculados. La reescritura de la historia no perdona matices. Figuras polémicas como Maximiliano de Habsburgo buscaron la reconciliación nacional a través de políticas sorprendentemente liberales para su época, manteniendo parte de las Leyes de Reforma y promulgando leyes laborales pioneras que abolían las deudas heredadas de los peones. En contraste, el gobierno de Juárez, vital para la consolidación del Estado, incurrió en prácticas que hoy serían objeto de severos cuestionamientos democráticos y recurrió al apoyo extranjero —estadounidense, no europeo, materializado en episodios como el Tratado McLane-Ocampo— para resolver conflictos internos.
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Si aplicáramos las categorías políticas de hoy, conductas que en el siglo XIX fueron consideradas pragmatismo de Estado serían calificadas de injerencismo, entreguismo o incluso traición a la patria. La historia exige contexto, no consignas; juzgar el pragmatismo del siglo XIX (o de la propia historia prehispánica) con la moralidad del siglo XXI es un despropósito analítico.
El alcance de esta guillotina narrativa se extiende a figuras como Porfirio Díaz, de quien este 2 de julio conmemoramos un aniversario más de su muerte en el exilio. Otrora héroe patrio y pilar de la resistencia republicana, vencedor de más de 30 batallas, hoy su perfil es reducido a una caricatura tiránica. Se borra de tajo al estadista que, desde la perspectiva de la gobernanza, comprendió que el Estado y la paz social se consolidan a través de la infraestructura y la modernización.
Y es precisamente aquí donde la narrativa histórica choca con la realidad material. La historia oficial sugiere que vivimos en una singularidad espacio temporal donde los agravios de la Conquista, la Independencia, la Guerra de Reforma o la Revolución jamás terminan de pasar. En el fondo, se reviven los rencores hacia las figuras del pasado que aportaron obras de largo aliento —hoy descalificadas como «faraónicas»— con un objetivo sumamente pragmático: disminuir la vara de la exigencia institucional.
El desprecio por los estadistas del pasado oculta una alergia a la competencia técnica. Se busca evitar que las obras públicas adquieran trascendencia transgeneracional, instaurando el «solo aquí y ahora» de la política. Un dato resulta revelador y demoledor: durante los años cincuenta se edificó Ciudad Universitaria, el campus más imponente de América Latina. Su etapa principal se desarrolló en menos de tres años y el Estadio Olímpico Universitario se levantó en ocho meses, con la tecnología de mediados del siglo pasado. Estas hazañas nos recuerdan que la ingeniería mexicana posee una capacidad histórica sobradamente demostrada.
¿Por qué entonces las administraciones que se autoproclaman moralmente superiores no logran entregar obras a tiempo y sin fallas? La respuesta reside en el alto costo del dogma político contemporáneo: exigir un noventa por ciento de lealtad y conformarse con un diez por ciento de capacidad.
La corrupción del pasado merece condena; la incompetencia del presente, también. Un país no se construye con relatos de superioridad moral ni exigiendo disculpas transatlánticas, sino con instituciones y perfiles capaces de entregar resultados. Cuando la lealtad política vale más que la competencia técnica, el andamiaje del Estado se derrumba, y el precio —a veces en vidas, siempre en desarrollo— lo terminan pagando las siguientes generaciones. Por ello, un poder que necesita reescribir el pasado para legitimarse termina utilizando la historia como sustituto de los resultados del presente.
Sobre el autor:
*Edgar Alonso Angulo Rosas es psicólogo clínico y experto en adicciones con amplia experiencia en prevención y atención a violencias, adicciones, salud mental y derechos humanos. Ha ocupado cargos directivos en ONGs, sector público y privado.
Correo electrónico: [email protected]
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