Dos pequeñas empresas estadounidenses presentaron este viernes una demanda contra la más reciente ronda de aranceles impuesta por el presidente Donald Trump a productos provenientes de 60 socios comerciales, al considerar que la nueva política, al igual que la mayoría de los gravámenes anteriores, excede la autoridad presidencial para imponer impuestos a las importaciones.
La demanda, presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, en Nueva York, sostiene que los nuevos aranceles requieren conclusiones mucho más específicas por país sobre prácticas comerciales desleales para poder justificarse legalmente.
Las dos empresas, respaldadas por una organización legal sin fines de lucro que ya obtuvo una victoria judicial contra rondas previas de aranceles de Trump, argumentan que el presidente intenta volver a imponer gravámenes que ya fueron declarados ilegales por la Corte Suprema de Estados Unidos.
La administración Trump impuso este viernes nuevos aranceles de 10% y 12.5% a productos procedentes de 60 socios comerciales, incluida la Unión Europea, al acusar a esos países de no hacer lo suficiente para impedir la exportación de bienes elaborados con trabajo forzado. Los nuevos gravámenes entraron en vigor justo cuando expiró un arancel global temporal de 10%.
Ni la Casa Blanca ni la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
Continua leyendo: Trump impone nuevos aranceles: por qué podrían ser más difíciles de anular en los tribunales
Trump ha convertido los aranceles en uno de los pilares de su política exterior, utilizándolos como herramienta para negociar acuerdos comerciales en todo el mundo. Sin embargo, el 20 de febrero, la Corte Suprema falló en contra de la mayoría de sus aranceles más amplios al concluir que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al presidente a imponer unilateralmente aranceles a los socios comerciales.
Tras ese fallo, Trump criticó la decisión judicial e impuso un arancel global temporal de 10% con base en otra autoridad legal. Esos gravámenes, al igual que los impuestos bajo la IEEPA, también fueron establecidos utilizando una disposición legal que ningún presidente anterior había empleado para imponer aranceles y posteriormente fueron declarados ilegales por el tribunal de comercio. La administración Trump mantiene una apelación contra esa resolución.
Los aranceles anunciados este viernes fueron impuestos bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, diseñada para combatir prácticas económicas desleales o discriminatorias de otros países.
A diferencia de la IEEPA o de la autoridad utilizada para el arancel global temporal, la Sección 301 ha sido utilizada con regularidad por presidentes anteriores.
No obstante, las pequeñas empresas sostienen en su demanda que históricamente los aranceles bajo la Sección 301 se han aplicado de forma específica contra determinados países o industrias, y que el enfoque generalizado adoptado por Trump no tiene precedentes.
Jeffrey Schwab, abogado del Liberty Justice Center y representante de las empresas demandantes, afirmó que la Sección 301 no otorga autoridad para “gravar sustancialmente todas las importaciones provenientes de prácticamente todos los países con tasas previamente establecidas”.
La demanda solicita al tribunal declarar ilegales los aranceles, impedir su aplicación y preservar el derecho de los importadores a recibir reembolsos por cualquier gravamen que posteriormente sea considerado ilegal.
Las empresas demandantes son Burlap & Barrel, una importadora de especias que ya había impugnado el arancel global temporal de 10% de Trump, y Collective Horology, una empresa californiana dedicada a la venta de relojes.
En las dos impugnaciones anteriores contra los aranceles de Trump también participaron varios estados gobernados por demócratas. El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, informó que su estado analiza la posibilidad de presentar una tercera demanda.
Según Rayfield, los nuevos aranceles incrementarán los costos para los consumidores estadounidenses sin contribuir a combatir el trabajo forzado en el extranjero.
Con información de Reuters
Sigue la información de la economía y las finanzas en nuestra sección especializada
