McKinsey & Co acordó pagar 650 millones de dólares para resolver una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el trabajo de la consultora que asesora al fabricante de opioides OxyContin, Purdue Pharma, sobre cómo aumentar las ventas.
McKinsey firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido de cinco años presentado en un tribunal federal en Abingdon, Virginia, para resolver los cargos penales presentados como parte del último enjuiciamiento corporativo relacionado con la comercialización de analgésicos adictivos que ayudaron a alimentar la epidemia mortal de opioides en Estados Unidos.
Los fiscales dijeron que McKinsey proporcionó a Purdue, con sede en Stamford, Connecticut, asesoramiento sobre las medidas que podría tomar para “impulsar” las ventas de OxyContin. Fue acusado de conspirar para etiquetar incorrectamente un medicamento y obstrucción de la justicia.
Un ex socio senior de McKinsey, Martin Elling, también acordó declararse culpable de obstrucción de la justicia por destruir registros relacionados con el trabajo de McKinsey para Purdue, según documentos judiciales. Está previsto que presente su declaración de culpabilidad el 10 de enero.
Elling borró documentos relacionados con su trabajo para Purdue de la computadora portátil de su empresa, enviándose correos electrónicos para recordarse a sí mismo que debía hacerlo, según documentos judiciales.
“Lamentamos profundamente nuestro servicio al cliente anterior a Purdue Pharma y las acciones de un ex socio que eliminó documentos relacionados con su trabajo para ese cliente”, dijo McKinsey en un comunicado.
“Deberíamos haber apreciado el daño que los opioides estaban causando en nuestra sociedad y no deberíamos haber realizado trabajos de ventas y marketing para Purdue Pharma. Esta terrible crisis de salud pública y nuestro trabajo anterior para los fabricantes de opioides siempre serán una fuente de profundo pesar para nuestra empresa”.
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McKinsey acordó pagar los 650 mdd durante cinco años
Un abogado de Elling declinó hacer comentarios.
McKinsey acordó pagar 650 millones de dólares durante cinco años, mejorar sus prácticas de cumplimiento para detectar actividades ilegales y someterse a la supervisión del Departamento de Justicia y la oficina del inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EU como parte del acuerdo de enjuiciamiento diferido, dijo la compañía.
La firma consultora también acordó resolver una investigación civil relacionada con presuntas violaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas y celebrar un acuerdo de “integridad corporativa” con la oficina del inspector general del HHS, dijo la compañía.
Purdue se declaró culpable en 2020 de cargos penales que cubrían mala conducta generalizada con respecto a su manejo de analgésicos recetados, incluida la conspiración para defraudar a funcionarios estadounidenses y pagar sobornos ilegales tanto a médicos como a un proveedor de registros médicos electrónicos.
Purdue está actualmente involucrada en una mediación ordenada por la corte sobre un acuerdo multimillonario alcanzado en un procedimiento de bancarrota que la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló.
En un comunicado el viernes, Purdue dijo que estaba trabajando para forjar un consenso sobre el plan para “entregar miles de millones de dólares de valor para la reducción de opioides” y crear una nueva compañía como un “motor para el bien”. Los ingresos del acuerdo también tienen como objetivo compensar a las víctimas, dijo Purdue.
McKinsey llegó previamente a acuerdos por un total de casi 1,000 millones de dólares para resolver demandas generalizadas y otras acciones legales que alegaban que la compañía ayudó a alimentar la epidemia de opioides a través de su trabajo como asesor del fabricante de OxyContin, Purdue Pharma, y otros fabricantes de medicamentos.
En 2019, McKinsey anunció que ya no asesoraría a los clientes sobre negocios relacionados con los opioides. La compañía ha sostenido que ninguno de sus acuerdos contiene admisiones de responsabilidad o irregularidades.
Con información de Reuters.
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