Purdue Pharma será sentenciada el martes en un tribunal federal de Nueva Jersey por engañar a los reguladores gubernamentales y pagar sobornos a médicos para impulsar las ventas de opioides, completando un acuerdo de culpabilidad que despeja el camino para que la empresa se disolva en bancarrota y utilice sus activos para financiar un acuerdo de 7,400 millones de dólares destinado a compensar a las personas afectadas por la epidemia de opioides.
La empresa aceptó multas penales por valor de 5,500 millones de dólares, la mayoría de las cuales quedarán sin pagar bajo un acuerdo de 2020 con el Departamento de Justicia de EU, en el que la agencia solo recaudará 225 millones de dólares. Ese acuerdo permite a Purdue dirigir sus activos restantes a los acreedores que pagan, principalmente a los gobiernos estatales y locales, que se quedaron para afrontar los costes y consecuencias de la crisis de los opioides en sus comunidades.
Purdue tenía previsto ser sentenciado la semana pasada, pero la jueza federal Madeline Cox Arleo pospuso la audiencia para permitir una mayor participación pública de quienes querían pronunciarse sobre la comercialización de su analgésico OxyContin por parte de la empresa y su papel en el impulso de la epidemia de opioides en Estados Unidos.
“Reconocemos la importancia de garantizar que las víctimas puedan ser escuchadas y respetamos la decisión del tribunal”, dijo Purdue en un comunicado previo a la vista del martes.
Varias víctimas de la crisis de los opioides enviaron cartas al tribunal con historias personales de sufrimiento, pérdida y adicción, algunas de ellas instando al juez a rechazar el acuerdo de culpabilidad e insistir en la pena de prisión para los ejecutivos y propietarios de la empresa.
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La sentencia llega mientras personas afectadas por los opioides afirman que la larga bancarrota de la empresa les ha dejado frustradas. El acuerdo de 7,400 millones de dólares, que incluye un fondo de 865 millones para las personas afectadas por la crisis, ha sido aclamado por Purdue y los abogados de los demandantes como una victoria para las víctimas, pero un reciente análisis de Reuters muestra cómo el proceso ha creado obstáculos abrumadores para muchas personas que buscan una compensación.
Se espera que Arleo acepte el acuerdo de culpabilidad de Purdue en la audiencia del martes en Newark, Nueva Jersey, imponiendo una multa penal de 3,500 millones de dólares y 2,000 millones de dólares en decomisión.
El caso de bancarrota de Purdue llega a su fin tras más de seis años en los tribunales, tras una larga serie de apelaciones que llegaron hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
La sentencia es uno de los últimos obstáculos antes de que el acuerdo de bancarrota pueda continuar. Purdue afirmó que sigue en camino de salir de la bancarrota el 1 de mayo, cesando sus operaciones previas y convirtiéndose en una nueva empresa sin ánimo de lucro que fabricará medicamentos para el tratamiento de la adicción a los opioides y la reversión de sobredosis.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Purdue admitió haber pagado sobornos a médicos para impulsar las ventas de OxyContin y haber engañado a los reguladores federales sobre sus esfuerzos para prevenir el consumo ilegal de drogas. Ningún ejecutivo ni propietario de la empresa fue acusado como parte del último caso penal.
La empresa se declaró culpable anteriormente de cargos de etiquetado incorrecto y fraude relacionados con la comercialización de OxyContin en 2007, admitiendo que comercializó erróneamente OxyContin como menos adictivo, menos susceptible de abuso y menos propenso a causar síntomas de abstinencia que otros analgésicos rivales.
Con información de Reuters
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