La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) solicitó la creación de fiscalías estatales para combatir y frenar la extorsión criminal y el cobro de moches de las autoridades a la empresas y compañías.
“Si bien es relevante la aprobación de la Ley General para combatir la extorsión, resulta indispensable que, con toda prioridad, los gobiernos locales constituyan las unidades especializadas en las Fiscalías Estatales para atender este grave delito”, consideró Juan José Sierra Álvarez, presidente del organismo.
El dirigente patronal recordó que el 68.8 por ciento de los eventos de extorsión se realizó vía telefónica y en 31.2 por ciento de las denuncias el cobro se vinculó con alguna autoridad o personas con apariencia de autoridad, lo que agrava el daño económico y mina la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el Estado de Derechos.
La extorsión se ha convertido en uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial en México, manifestó el representante empresarial.
“La extorsión no se trata de un fenómeno aislado ni transitorio, sino de una presión constante que afecta decisiones de inversión, encarece la operación cotidiana y limita la capacidad de crecimiento de las empresas, particularmente en determinadas regiones”, dijo.
En 2025, los datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que la extorsión se consolida como un delito estructural, que continúa expandiéndose y afectando la operación de las empresas.
“El incremento registrado desde 2015 se basa únicamente en las extorsiones denunciadas, lo que no refleja la dimensión real del problema, ya que al considerar la cifra negra, el crecimiento de este delito sería aún más relevante”, declaró.
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Agregó que el balance de la última década confirma que el problema no es coyuntural.
“En comparación con 2015, el número anual de víctimas pasó de 6 mil 223 a 11 mil 81 casos, lo que implica un aumento de casi 78.1 por ciento en 10 años, reflejando una tendencia sostenida que erosiona la actividad económica local”, detalló.
A nivel estatal, explicó, la extorsión muestra una concentración crítica que evidencia fallas estructurales en la contención del delito en el Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz, que concentran 65.2 por ciento de las víctimas.
“En 2025, 20 entidades de la República Mexicana registraron un aumento en la variación anual de extorsión, lo que significa que en casi dos tercios del país este delito creció respecto al año previo”, expresó el presidente de la Coparmex.
Entre los incrementos más relevantes destacan Tlaxcala, con un aumento de mil 300 por ciento, Chiapas con 364.3 por ciento, Ciudad de México con 264.4 por ciento, Nayarit con 171.4 por ciento, Yucatán con 100 por ciento, así como Puebla con 84.4 por ciento.
En las regiones fronterizas, de acuerdo con Coparmex, la extorsión también mantiene una trayectoria ascendente: 17.35 por ciento de los delitos se concentran en entidades colindantes, de los cuales 12.27 por ciento corresponden a la frontera norte y 5.07 por ciento a la frontera sur.
La frontera sur registró el mayor crecimiento del número de extorsiones con un incremento de 37.4 por ciento frente al 7.9 por ciento observado en la frontera norte, agregó.
“Esto confirma una presión creciente sobre corredores logísticos, cadenas de suministro y economías regionales clave”, expresó el líder de la Coparmex.
