Por Edgar Alonso Angulo Rosas
¿Qué tan enfermo está el sistema de salud en México? Cuando uno visita un hospital público, observa con profunda tristeza la realidad que más le duele a la población: los enfermos graves se preparan para morir, perdiendo en los pasillos cualquier esperanza de sanar. Mientras las clínicas y hospitales son rebasados por la cantidad de usuarios y la complejidad de los cuadros médicos, la molestia de pacientes y familiares choca con el personal sanitario que hace lo que puede, pero que, devorado por el burnout, ya no está exento de caer en negligencias y en una dolorosa iatrogenia.
Hoy en día, las familias son maltratadas por reglamentos torpes y mal pensados. Se enfrentan a trámites absurdos que constituyen una verdadera violencia burocrática, aguardando en espacios de espera indignos y riesgosos, sometidos a tiempos de atención que parecen torturas diseñadas intencionalmente. Pero, ¿cómo llegamos al colapso que hoy vemos? ¿Cómo transitamos de una atención deficiente a una auténtica violencia sistémica? La respuesta yace en una suma de decisiones torpes disfrazadas de buenas intenciones. En medicina, la iatrogenia es el daño causado por el acto médico; en la política nacional, presenciamos una iatrogenia institucional: el Estado, en su intento por “curar” al sistema, lo ha enfermado de muerte.
El primer gran golpe fue la eliminación de los seguros de gastos médicos mayores para el personal del gobierno federal, organismos autónomos y gobiernos estatales. Esta medida, vendida como un triunfo de la austeridad, supuso un presunto ahorro para las finanzas públicas; sin embargo, ese dinero jamás llegó a los sistemas de salud pública para fortalecerlos o fue dilapidado. En cambio, volcó de golpe a millones de burócratas a un sistema que ya no tenía camas. A esto se sumó un estrangulamiento al sector privado mediante perversas interpretaciones fiscales hacia las aseguradoras —el “rencor del bienestar”—, que elevó los costos e impidió la renovación de planes para la clase media, empujando a más mexicanos a la fila de la salud pública.
Por otro lado, las políticas fiscales y laborales han fomentado el incremento de trabajos sin seguridad social. Las cifras de empleo del IMSS solo se sostienen artificialmente por programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y no por un incremento real de la masa laboral formal, lo que debilita el financiamiento del propio sistema de salud.
En medio de este caos, la política pública ha favorecido agendas mediáticas por encima de las necesidades reales, destinando presupuestos al asistencialismo de población sana en lugar de la atención a los enfermos crónicos. Mientras tanto, observamos una absoluta carencia de medicina preventiva. Los resultados de esta política a lo largo de los llamados “sexenios del bienestar” son demoledores: las cifras del INEGI muestran un exceso de mortalidad en enfermedades crónicas que supera el medio millón de personas por encima de lo proyectado. Y aunque los defensores de la 4T dirán que fue la pandemia, estas muertes no están asociadas al COVID, sino al colapso del sistema de salud. Son muertes evitables de personas que perdieron su red de protección cuando el CONEVAL registró que la carencia de acceso a la salud saltó de 20.1 a 50.4 millones de mexicanos. Bajo esta óptica de omisión deliberada y desmantelamiento de instituciones vitales, lo que enfrentamos podría configurarse como uno de los crímenes de Estado más atroces.
Para maquillar el desastre, las instituciones agregan módulos de “trato digno” que resultan ser una burla tan cruel como decir que estamos mejor que Dinamarca. La realidad internacional nos ubica en el extremo opuesto: según la OCDE, México es el país que menos invierte en salud por habitante de todo el organismo (apenas un tercio del promedio de la OCDE) y ocupa los últimos lugares en disponibilidad de camas hospitalarias y médicos especialistas por cada mil habitantes.
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Mientras las oficinas entregan cuentas alegres, afuera las familias duermen en el piso sobre cartones. Tanto en la Ciudad de México como en muchos otros estados, las personas acampan en la calle bajo condiciones infrahumanas, a la intemperie, sin higiene, sin dignidad. Sin especialistas ni insumos, el calvario es cotidiano: se pide a los familiares comprar desde medicamentos hasta materiales básicos. El vía crucis comienza desde lograr una valoración sin ser rechazado, sigue con el letargo en urgencias y culmina con la lotería de obtener una cama. En esta desesperación, los familiares graban a médicos exhaustos que, hartos de los reclamos, endurecen sus posturas. Al final, enfermos y personal médico terminan siendo víctimas de la negligencia de la transformación.
Las cifras del CIEP exponen una contradicción cruel: el gasto de bolsillo en salud aumentó un 30% promedio. México tiene hoy uno de los gastos de bolsillo más altos de la OCDE, lo que significa que en los “sexenios del bienestar”, el derecho a la salud se paga con el patrimonio familiar. En hogares pobres, una sola emergencia médica absorbe el total de lo que reciben por transferencias gubernamentales. Incluso encuestas oficiales como la ENSANUT revelan que el 40% de la población prefiere acudir a consultorios de farmacias privadas.
Resulta incomprensible la resistencia de la autoridad para asignar vales de medicamentos o estudios en laboratorios privados cuando los equipos propios fallan. En lugar de apoyarse en esa red funcional, la respuesta del Estado fue despilfarrar recursos en la “Megafarmacia”, un experimento logístico profundamente fallido; más que un elefante blanco, parece una manada de mamuts albinos. Se prometió la farmacia más grande del mundo y se entregó un cascarón vacío e inoperante. Y mientras este capricho burocrático fracasa, a las farmacias —que hoy sostienen la salud básica del país— se les tacha de “mercenarios” por cobrar 30 pesos una consulta.
Hoy, la ignorancia tiene piel delgada. Mientras los reclamos crecen en las giras oficiales, la respuesta es el desdén, la indiferencia y el regaño a dedo alzado. ¿Qué información le darán a la presidenta? ¿Cuántas mentiras habrá en esos informes alegres? El Juramento Hipocrático sostiene como máxima el primum non nocere (primero, no hacer daño). Qué lejos estamos de ese espíritu y qué peligrosamente cerca de Mengele; de un sistema que decide sobre la vida y la muerte como si fueran expedientes desechables gestados detrás de un escritorio.
Ahora, la unificación hacia el IMSS-Bienestar, ISSSTE e IMSS amenaza con ser la estocada final: un embudo que fusiona las carencias de tres gigantes enfermos. Un sistema de salud no se sana por decreto. Cuando las políticas se diseñan desde el rencor e improvisación, el costo no se mide en puntos del PIB, sino en vidas perdidas, en familias rotas y en médicos que hoy solo administran la agonía.
Sobre el autor:
*Edgar Alonso Angulo Rosas es psicólogo clínico y experto en adicciones con amplia experiencia en prevención y atención a violencias, adicciones, salud mental y derechos humanos. Ha ocupado cargos directivos en ONGs, sector público y privado.
Correo electrónico: [email protected]
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