El caos vial en las grandes urbes no es un fenómeno nuevo, pero su impacto ha escalado hasta convertirse en una crisis de salud pública. En la Ciudad de México, la movilidad es un ecosistema complejo donde convergen peatones, ciclistas, motociclistas, transporte de carga, transporte público y la creciente economía de las plataformas de entrega. Sin embargo, esta convivencia parece estar diseñada para un conflicto permanente.
Históricamente, la ciudad ha intentado solucionar el tráfico con más asfalto. Se construyeron segundos pisos, túneles hacia Santa Fe y distribuidores viales bajo la premisa de que, a mayor superficie, habría menor congestión. No obstante, el crecimiento desmedido del parque vehicular y la integración de carriles exclusivos para transporte público o ciclistas —necesarios, pero a veces carentes de estudios de flujo reales— han asfixiado las arterias principales. Hoy vemos carriles para bicicletas sin ciclistas mientras el tránsito colapsa a su lado, o ciclopistas imposibles de transitar debido a grados de inclinación que desafían la lógica física. Las estrategias de mitigación, como los carriles reversibles, han resultado ser simples paliativos ante un problema estructural que parece no tener fondo.
Lo más alarmante es la operación cotidiana, que nos obliga a preguntarnos si lo que vemos es incapacidad o intención por parte de las autoridades. Los automovilistas enfrentan diariamente decisiones que desafían la lógica elemental: calles cerradas sin aviso previo, patrullas bloqueando carriles deliberadamente al circular por debajo del límite de velocidad y agentes alterando la sincronización de los semáforos de forma manual. A esto se suma la reducción de carriles en horas pico y el fenómeno de las concentraciones políticas, muchas veces promovidas por las mismas autoridades, que paralizan la ciudad por completo. Esta intervención, lejos de agilizar, colapsa la circulación de forma artificial. Cuando sumamos la falta de cultura vial, el abuso de los “franeleros”, la pobre administración de eventos masivos —conciertos, estadios o carreras atléticas— y un sistema de transporte público ineficiente e inseguro, el resultado es un incremento exponencial en los tiempos de traslado que roba horas de vida y productividad. Este estancamiento, además, crea el escenario ideal para la delincuencia: zonas congestionadas donde asaltantes, a pie o en motocicleta, rompen vidrios para sustraer pertenencias con total impunidad.
Para quienes no viajan en auto particular, el panorama es aún más desolador. El transporte público es hoy un espacio de riesgo extremo donde el usuario no solo lidia con la pérdida de tiempo, sino con una exposición constante a la inseguridad: asaltos, extorsiones y una lacerante violencia sexual contra las mujeres. Este entorno convierte el trayecto cotidiano en una experiencia traumática que agrava el deterioro de la salud mental. No se trata solo de llegar tarde; se trata de llegar con miedo.
El colapso no solo quita tiempo y tranquilidad, también quita vidas. Según datos de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y reportes de seguridad vial, la Ciudad de México registra anualmente miles de siniestros; el año que termina cierra con una cifra dolorosa que supera los 500 fallecidos por incidentes viales. En esta trágica estadística, los ciclistas han visto un incremento alarmante en su mortalidad, sumándose a los motociclistas y peatones como los grupos con mayor exposición al riesgo. El consumo de alcohol agrava esta tragedia, pero ahora nos enfrentamos a un nuevo reto: ante las políticas de tolerancia, cada vez es más frecuente ver conductores bajo los efectos de la marihuana y otras drogas. La combinación de una infraestructura confusa, una gestión humana errática y el consumo de sustancias convierte nuestras vías en trampas mortales.
Hoy estamos frente a las consecuencias del “síndrome de Goofy” y una crisis de cortisol generalizada. El impacto en la salud mental es innegable: la exposición prolongada al tráfico eleva drásticamente los niveles de esta hormona del estrés, generando riesgos físicos y psicológicos. El ciudadano promedio experimenta una metamorfosis similar a la clásica caricatura de Disney: un caballero respetable que, al subir a su auto, se transforma en un ser colérico y violento. La “ira de carretera” es una respuesta fisiológica a un entorno hostil. Ante este escenario, surge la pregunta incómoda: ¿A quién beneficia el caos? ¿Es mala administración o existe una intencionalidad detrás de este incremento artificial del tráfico? Cabe cuestionar si existen complicidades para favorecer la delincuencia en ciertas zonas o si es, simplemente, una suerte de perversidad burocrática de las autoridades al ignorar el sufrimiento ciudadano. A veces, resulta preferible que la tecnología tome las riendas cuando la capacidad humana se ve rebasada o corrompida.
Es imperativo entender que este desorden drena la economía del país. El costo de la congestión se traduce en pérdidas de miles de millones de pesos anuales por la caída en la productividad laboral. Un colaborador agotado por dos horas de tráfico e inseguridad no puede rendir al máximo. La solución técnica existe: el uso de Inteligencia Artificial (IA) para la sincronización dinámica de semáforos y gestión de flujos basada en datos reales. Al llegar al cierre de este año, la reflexión es obligada. Estamos a las puertas de eventos internacionales de gran escala, como el Mundial de Fútbol 2026. Si no se resuelve este colapso, seremos una vitrina mundial de ineficiencia y caos ante miles de visitantes. Que el inicio de un nuevo ciclo sea una oportunidad para exigir que la movilidad deje de ser una condena y se convierta en un derecho que respete nuestro tiempo, nuestra seguridad y nuestra paz mental. Es momento de que las autoridades decidan si el próximo año seguiremos siendo víctimas del colapso o si, finalmente, la inteligencia y la empatía tomarán el volante de nuestra ciudad.
Anticipadamente, feliz año nuevo.
Sobre el autor:
*Edgar Alonso Angulo Rosas es psicólogo clínico y experto en adicciones con amplia experiencia en prevención y atención a violencias, adicciones, salud mental y derechos humanos. Ha ocupado cargos directivos en ONGs, sector público y privado.
Correo electrónico: [email protected]
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