Por Edgar Alonso Angulo Rosas*
La irrupción del fenómeno de los therians —personas que se identifican biológica o espiritualmente como animales no humanos— marca, en definitiva, un quiebre generacional profundo. Para entender la magnitud de este extravío, solo nos podemos remitir a una metáfora de la física cuántica: el principio de superposición nos enseña que la materia puede comportarse como onda, existiendo en todos los estados y espacios posibles simultáneamente, hasta que la mirada de un observador la colapsa en una sola realidad. Hoy, la sociedad parece haber tomado esta teoría subatómica y la ha convertido en un postulado sociológico. La realidad objetiva se ha diluido; las fronteras del espacio, el tiempo y la biología ya no importan frente a las infinitas “conexiones cuánticas” de la mente humana.
Vivimos en un mundo de tintes surrealistas donde la autopercepción se ha erigido como un derecho absoluto, trascendiendo la ciencia, el sentido común y la lógica material. Los individuos ahora habitan desde las posibilidades infinitas de la existencia, donde su mera percepción es la única prueba que necesitan para validar su realidad.
Frente a esto, los gobiernos, arrinconados por la presión discursiva de la “progresividad de derechos”, han abierto puertas institucionales que bien podrían ser el guion de una tragicomedia generacional. Hemos convertido la existencia en un performance lleno de símbolos, colores y corrientes; un escenario quizá divertido para el individuo y para algunos observadores, pero financiera y jurídicamente riesgoso para el Estado.
Las políticas públicas, diseñadas históricamente para resolver los problemas estructurales de las mayorías, hoy se fracturan y deforman para adaptarse a micro-minorías. Nos asomamos a un abismo de legislaciones cada vez más específicas que nunca serán suficientes. Si seguimos la inercia de esta pirámide de exigencias, no pasará mucho tiempo antes de que un therian demande al Estado por discriminación al exigir, y no recibir, atención médica en un hospital veterinario público.
Esta crisis de identidad corre en paralelo con una profunda disonancia cognitiva a nivel legal. Mientras llevamos décadas “humanizando” a las mascotas —hoy elevadas al estatus jurídico de animales de compañía, seres sintientes y sujetos con derechos de protección clínica—, llevamos exactamente el mismo tiempo “deshumanizando” y diluyendo la realidad material de nuestra propia especie.
Resulta un absurdo jurídico y filosófico que el Estado legisle con absoluto rigor científico el bienestar y la biología animal —prohibiendo las corridas de toros, el uso de animales en espectáculos y la comercialización de especies—, mientras en la misma tribuna legislativa se relativiza la biología básica humana, arriesgando incluso la salud y el desarrollo de las infancias para acomodar percepciones individuales. Este apunte no busca ser un ataque a los derechos civiles legítimamente ganados, sino exhibir la interpretación maniquea, contradictoria y francamente absurda de un sistema de leyes que juzga hechos idénticos con una doble moral.
La subjetividad extrema está fracturando el diseño de las políticas públicas y la lógica jurídica. En este escenario, la ciencia clínica no ha salido ilesa. Los manuales diagnósticos de psicopatología se encuentran bajo un asedio constante. Diversos grupos de presión exigen retirar diagnósticos clínicos argumentando que resultan estigmatizantes o violatorios de los derechos humanos. Paradójicamente, mientras la agenda política presiona para borrar trastornos históricos de los libros, la realidad clínica nos exige incorporar nuevas psicopatologías derivadas de esta misma fragmentación identitaria contemporánea. Hoy, bajo el eufemismo de las “neurodivergencias”, los diagnósticos objetivos se enuncian con miedo a las represalias. El terror a las palabras se ha convertido en la brújula que condiciona —o paraliza— el actuar de los profesionales de la salud.
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Es cierto que, a diferencia de otras ramas de la medicina, en la salud mental los marcadores bioquímicos son de difícil detección empírica a simple vista. El diagnóstico se construye más sobre síntomas (la descripción subjetiva del malestar por parte del paciente) que sobre signos (datos clínicos medibles y objetivos). Sin embargo, la neurociencia avanza a pasos agigantados, revelando cada vez con mayor precisión las alteraciones neurofuncionales subyacentes a estos malestares psicoemocionales. La ciencia está encontrando la evidencia material, pero la sociedad parece negarse a mirarla.
Nos enfrentamos a un nuevo oscurantismo donde la evidencia objetiva es motivo de ataque. El antiguo axioma bíblico que rezaba “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” ha mutado en una amenaza: hoy, la consigna parece ser “y divulgarás la verdad, y la verdad te hará preso”, o al menos, te condenará al ostracismo legal y social.
En la antigua Grecia, los sofistas enseñaban a convencer a las masas de que la verdad era relativa y dependía de quién la argumentara mejor. Platón y Sócrates lucharon a muerte contra esto. Y es que el diseño de un Estado no se trata de quién debate mejor, ni de quién junta más grupos de presión para imponer su narrativa. Frente a la estridencia colectiva, la verdad puede ser solitaria; pero sigue siendo la verdad.
Frente a estos nuevos censores con complejo de Torquemada, la gran interrogante que deben resolver las democracias modernas es: ¿dónde encontramos el punto de equilibrio? ¿Cómo garantizamos el derecho al libre desarrollo de la personalidad —incluso el derecho a habitar en el absurdo individual— sin que el Estado claudique ante el ejercicio de la razón pública? El gobierno no puede, ni debe, prohibir a un individuo que se autoperciba como le plazca en la intimidad de su mente. Pero las políticas públicas, los presupuestos de salud y el Código Penal no pueden redactarse desde la disonancia cognitiva. Por el contrario, el Estado debe establecer mecanismos clínicos de ayuda genuina para aquellas personas cuya identidad está extraviada, comprometida o colapsada, ya sea por el peso de narrativas ideológicas o por psicopatologías. Perder de vista esta frontera no es un acto de tolerancia; es el abandono definitivo de la ciencia y el preludio del colapso institucional. Es hacer de la locura, política pública.
Sobre el autor:
*Edgar Alonso Angulo Rosas es psicólogo clínico y experto en adicciones con amplia experiencia en prevención y atención a violencias, adicciones, salud mental y derechos humanos. Ha ocupado cargos directivos en ONGs, sector público y privado.
Correo electrónico: [email protected]
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