Siete jurisdicciones latinoamericanas —Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, México y Panamá— adoptaron o anunciaron la incorporación de las normas de sostenibilidad del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB, por sus siglas en inglés) a su marco regulatorio, según el inventario que lleva la Fundación IFRS. En Chile y México las reglas alineadas con esos estándares entraron en vigor de forma obligatoria a comienzos de 2026, de modo que la cuenta regresiva que durante meses pareció una advertencia lejana se convirtió en calendario vigente para los consejos de administración de la región.
El fenómeno desborda las fronteras latinoamericanas. A escala mundial, 21 países y territorios ya habían adoptado las normas del ISSB —de forma voluntaria u obligatoria— al 1 de enero de 2026, y otras 16 jurisdicciones preparan su incorporación, según un informe de S&P Global. El estándar ya funciona como la línea base con la que el capital global mide a las empresas.
La actualización de las normas de información financiera saltó de las áreas contables a la agenda de la alta dirección, donde se instaló como imperativo estratégico. Ante regulaciones cada vez más exigentes, que obligan a transparentar los riesgos de liquidez y a cuantificar en dinero los impactos de la sostenibilidad, se configura una carga fiduciaria inédita: gobernar ya supone responder, ante reguladores e inversionistas, por la calidad de lo que se informa.
El mercado castiga la inacción, y lo hace con precio. Un estudio de 2026 sobre transparencia regulatoria y costo de la deuda ESG en América Latina y el Caribe, publicado en Finance Research Letters, documentó que esos instrumentos cotizan con una prima cercana a los 100 puntos básicos frente a bonos convencionales comparables, y que los marcos de divulgación más estrictos reducen los diferenciales hasta en 33 puntos básicos, con un efecto mayor en las emisiones de alto rendimiento y en moneda local.
Desatender las nuevas disposiciones, entonces, trasciende el mero incumplimiento normativo, pues acarrea riesgos operativos y fiscales directos, encarece el financiamiento y aleja a la inversión institucional, que ya hace de la certeza una condición de acceso. Por eso los emisores se ven empujados a sincronizar su gobierno corporativo con un ecosistema que no tolera la ambigüedad en los datos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).
Del cumplimiento al modelo de negocio
Conviene precisar de qué hablamos. Las Normas Internacionales de Información Financiera sobre Sostenibilidad —NIIF S1 y S2, emitidas por el ISSB— ordenan a las organizaciones identificar, gestionar y divulgar los riesgos y las oportunidades que la sostenibilidad y el cambio climático imprimen sobre su negocio.
Su adopción progresiva trae una consecuencia práctica: incorpora una mirada estrictamente financiera que complementa el enfoque tradicional, centrado en los impactos ESG. La distinción es fina, pero decisiva, y así la subraya Earth University: a diferencia del estándar europeo, que sopesa tanto el efecto de la sostenibilidad sobre la empresa como el de la empresa sobre el entorno —la doble materialidad—, el ISSB se rige por la materialidad financiera y solo pondera aquello que pueda alterar el valor del negocio, de manera que habla el idioma del inversionista antes que el del activismo.
En el fondo, la sostenibilidad ya no cabe en un anexo: se integra en la estrategia y empuja a las empresas del simple reporte de cumplimiento a una revisión de su propio modelo de negocio.
El plazo para encararla cambia según el país:
- Brasil: uso voluntario desde 2024 y obligatorio a partir del 1 de enero de 2026, por decisión de la Comissão de Valores Mobiliários y el Ministerio de Hacienda.
- Chile: adopción de las NIIF S1 y S2 desde el ejercicio 2026, conforme a la NCG 519 de la Comisión para el Mercado Financiero.
- México: vigencia desde enero de 2026 con el primer informe obligatorio sobre datos de 2025; el CINIF emitió las normas locales NIS A-1 y B-1 como puente hacia el estándar pleno.
- Costa Rica: primer informe en 2028 con datos del cierre de 2027 para las entidades supervisadas por el CONASSIF y los grandes contribuyentes, según el cronograma unificado en enero de 2026.
- Bolivia: exigencia de las NIIF S1 y S2 a partir de 2027.
El detalle de las fechas engaña, porque una implementación rigurosa toma entre 12 y 18 meses, una vez sumados el diagnóstico de brechas, el análisis de materialidad, la gobernanza interna y el inventario de emisiones. Para los cierres de 2025 y 2026 que esos calendarios exigen, el reloj ya corre: la empresa que aún no mide llega tarde a su propio reporte.
El propósito de fondo cambia de naturaleza. Ya no se trata de informar por obligación, sino de ofrecer a inversionistas, entidades de crédito, agencias calificadoras, reguladores, clientes y colaboradores datos consistentes, comparables y útiles para asignar recursos y evaluar la reputación y el valor de la compañía.
Para las organizaciones que ya transitan hacia las prioridades del estándar ISSB, el eje se desplaza del reporte al aseguramiento formal de la información: la regla mexicana, por ejemplo, traza una escalera que va de ningún aseguramiento en 2025 a uno limitado en 2026 y razonable desde 2027. La exigencia consiste en demostrar, con trazabilidad, cómo se identifican y administran los riesgos ESG, de qué manera alteran los flujos de efectivo, las estimaciones contables y la resiliencia operativa, y —en el mismo movimiento— cómo se concretan las oportunidades que la sostenibilidad abre.
Ahí la norma baja a lo concreto. En el frente climático, la NIIF S2 obliga a revelar las emisiones de gases de efecto invernadero en sus tres alcances —las directas, las asociadas a la energía adquirida y, las más esquivas, las de toda la cadena de valor— y a someter la estrategia a un análisis de escenarios, según detalla Innoval. Es el punto donde la sostenibilidad se vuelve métrica auditable, no retórica.
El incumplimiento, además, empieza a tener costo legal y no solo reputacional. En Costa Rica, desde el 1 de enero de 2027 quienes no presenten sus estados financieros conforme a estos lineamientos quedan expuestos a sanciones y multas previstas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, señal de que la divulgación pasó de gesto voluntario a obligación fiscalizable.
Datos y tecnología: el nuevo estándar de credibilidad
Semejante evolución exige una arquitectura institucional sólida, en la que las finanzas, los datos ESG y la tecnología se entrelacen sin costuras para garantizar la exactitud de los reportes. Fortalecer la gobernanza supone elevar la calidad, la granularidad y la trazabilidad del dato, y desarrollar controles internos con el mismo rigor metodológico que respalda la contabilidad tradicional.
Sobre ese andamiaje, la credibilidad del informe financiero, una vez que integra la sostenibilidad, descansa en la capacidad de asegurar la veracidad, la consistencia y la auditabilidad de lo recopilado; allí reside el pilar sobre el que la alta dirección habrá de sostener sus decisiones.
Queda una brecha de fondo. La región creció rápido —según la CEPAL, colocó 31,000 millones de dólares en bonos verdes, sociales y sostenibles en los mercados internacionales durante 2023, un récord equivalente a 35% de su emisión internacional total—, pero todavía pesa poco en el tablero mundial, como recoge la Green Finance Platform, mientras Naciones Unidas calcula que los países en desarrollo necesitarán cerca de 6 billones de dólares hacia 2030 para cumplir sus metas de reducción de emisiones.
Cerrar la distancia entre lo que la región requiere y lo que el capital le confía dependerá, en buena medida, de la credibilidad con que reporte. Dominar este entorno regulatorio será, a la larga, el cimiento de la generación de valor sostenible.
(*) El autor es experto en ESG e innovación con doctorado en Economía y Gestión de la Innovación. Su carrera destaca por roles directivos en Grupo Televisa y el Tec de Monterrey, sumados a su labor como consultor, investigador en el King’s College London y académico en EGADE Business School y Universidad Anáhuac. Contacto.
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