Por Dr. Nicolás Domínguez García*
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, 2025) muestra que el Paquete Económico 2026 se estructura sobre un gasto total cercano a 10.2 billones de pesos, dentro del cual destacan dos componentes por su magnitud y naturaleza obligatoria: el gasto en pensiones, con aproximadamente 2.3 billones de pesos, y el costo financiero de la deuda, cercano a 1.6 billones de pesos. En conjunto, estos rubros representan una proporción creciente del presupuesto, evidenciando un cambio estructural en la composición del gasto público.
En este sentido, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP, 2025) advierte que ambos componentes comparten un rasgo central: su rigidez. A diferencia del gasto programable, estos rubros no pueden ajustarse de manera discrecional en el corto plazo, lo que limita la capacidad del Estado para reasignar recursos. Bajo esta lógica, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2025) sostiene que el presupuesto público está transitando hacia un esquema dominado por obligaciones acumuladas.
En primer lugar, la SHCP (2025) explica que el gasto en pensiones responde a una dinámica estructural asociada a la transición demográfica y a la expansión de la cobertura social. El envejecimiento poblacional y el incremento en la esperanza de vida han generado una presión creciente sobre el sistema pensionario, lo que implica que su trayectoria de gasto presenta un comportamiento inercial.
El CEFP (2025) documenta que el gasto pensionario alcanza aproximadamente 2.3 billones de pesos en 2026, consolidándose como uno de los principales componentes del presupuesto público. Este nivel refleja tanto compromisos institucionales derivados de derechos adquiridos como decisiones de política pública orientadas a ampliar la cobertura social.
Asimismo, la OCDE (2025) señala que el sistema pensionario mexicano combina pensiones contributivas con programas no contributivos, lo que genera una presión dual sobre el gasto público. Por un lado, las pensiones contributivas constituyen obligaciones jurídicas; por otro, los programas sociales amplían de manera continua el universo de beneficiarios.
Por otra parte, la SHCP (2025) destaca que las pensiones contributivas no pueden ajustarse en el corto plazo sin reformas estructurales, lo que limita la capacidad del Estado para contener su crecimiento. En paralelo, el IMCO (2025) advierte que las pensiones no contributivas incrementan la presión fiscal al depender de ingresos corrientes.
En este sentido, el CEFP (2025) plantea que la combinación entre obligaciones pensionarias rígidas y expansión de programas sociales configura una presión estructural sobre el presupuesto, reduciendo progresivamente el margen de maniobra fiscal.
Desde una perspectiva económica más amplia, la OCDE (2025) advierte que el crecimiento del gasto pensionario puede generar efectos de desplazamiento sobre la inversión pública, afectando la capacidad del Estado para impulsar el crecimiento económico de largo plazo.
En segundo lugar, el Banxico (2025) señala que el costo financiero de la deuda está determinado por el nivel de endeudamiento y por las condiciones de las tasas de interés. En este sentido, el entorno reciente de tasas elevadas ha incrementado significativamente el gasto en intereses.
La SHCP (2025) indica que el costo financiero alcanza aproximadamente 1.6 billones de pesos en 2026, consolidándose como uno de los principales componentes del gasto no programable.
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El CEFP (2025) muestra que el costo financiero se concentra principalmente en el Gobierno Federal, con alrededor de 1.3 billones de pesos, mientras que Pemex alcanza aproximadamente 190.8 mil millones de pesos y la CFE cerca de 48.0 mil millones. Esta distribución evidencia una concentración relevante del gasto financiero en el componente soberano, con una participación creciente de las empresas productivas del Estado.
En este sentido, el IMCO (2025) advierte que la situación financiera de estas entidades introduce riesgos adicionales, ya que sus pasivos pueden trasladarse al balance público, ampliando la vulnerabilidad fiscal.
Desde una perspectiva de largo plazo, la SHCP (2025) permite observar que el costo financiero ha seguido una trayectoria ascendente sostenida, pasando de aproximadamente 255.8 mil millones de pesos en 2010 a más de 1.57 billones en 2026, lo que refleja un proceso acumulativo de presión presupuestaria.
El Banxico (2025) señala que a partir de 2022 se observa una aceleración en esta tendencia, asociada al endurecimiento de la política monetaria, lo que implica que el costo financiero depende tanto del volumen de deuda como del precio del financiamiento.
Por su parte, la OCDE (2025) muestra que México mantiene un nivel de deuda cercano al 58.9% del PIB, inferior al de economías avanzadas, aunque esta condición no elimina la presión fiscal derivada del costo financiero.
En consecuencia, el IMCO (2025) argumenta que México enfrenta una paradoja fiscal: niveles de deuda moderados, pero un costo financiero creciente, lo que sugiere que la vulnerabilidad se encuentra en la dinámica del gasto.
Desde una perspectiva integral, el CEFP (2025) plantea que la combinación de pensiones y costo financiero configura el núcleo del gasto rígido, limitando la flexibilidad presupuestaria.
Por otro lado, la OCDE (2025) advierte que esta estructura del gasto desplaza recursos que podrían destinarse a inversión pública, afectando el crecimiento económico de largo plazo.
Adicionalmente, el Banxico (2025) señala que, en un entorno de crecimiento moderado cercano a 1.6%, la presión sobre las finanzas públicas se intensifica.
En esta misma línea, la SHCP (2025) reconoce que la sostenibilidad fiscal depende de un equilibrio entre ingresos, gasto obligatorio y financiamiento.
Finalmente, el IMCO (2025) concluye que el problema central no es únicamente el tamaño del gasto, sino su rigidez estructural, lo que redefine el papel del presupuesto público en México.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, 2025) sostiene que el Paquete Económico 2026 refleja una estructura de gasto crecientemente condicionada por componentes rígidos, particularmente pensiones y costo financiero.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP, 2025) explica que esta rigidez reduce la flexibilidad presupuestaria y limita la capacidad de reasignación del gasto hacia rubros productivos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2025) advierte que esta dinámica puede afectar el crecimiento económico de largo plazo.
En este contexto, el Banco de México (Banxico, 2025) señala que la sostenibilidad fiscal dependerá de la capacidad del Estado para equilibrar sus obligaciones con el crecimiento económico.
Finalmente, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2025) concluye que el principal desafío no es únicamente el tamaño del gasto, sino su rigidez estructural.
Sobre el autor:
*Dr. Nicolás Domínguez García, Técnica de Desarrollo de Contabilidad y Auditoría Gubernamental.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
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