Durante años, México atrajo inversión con argumentos conocidos: la cercanía con Estados Unidos, su red de tratados comerciales y una fuerza laboral competitiva. Esas ventajas siguen pesando, aunque ya no alcanzan por sí solas para decidir dónde se instala una planta.
La conversación con un inversionista cambió de eje: antes pesaba cuánto costaba construir una planta; hoy la primera pregunta es si habrá electricidad suficiente para operarla durante los próximos treinta años. Enseguida vienen el agua, la capacidad de transmisión, la conectividad ferroviaria, carretera y portuaria, y la disponibilidad de suelo industrial listo para arrancar.
En los hechos, la decisión de invertir ya no responde a una sola variable, sino a un ecosistema completo.
Por eso, el impulso de la Secretaría de Energía (SENER) para sumar más de seis gigawatts de nueva capacidad renovable, con almacenamiento incorporado y bajo esquemas de asociación con la CFE, merece leerse más allá. A esa apertura se agrega el arranque del primer proyecto público de generación con hidrógeno verde, un cambio de enfoque para la empresa estatal.
El movimiento no se agota en nuevas plantas solares o eólicas: marca el inicio de una etapa distinta de la política industrial mexicana. Y esa señal no llega sola.
Mientras la SENER empuja nueva generación, la Secretaría de Hacienda presentó un Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar que movilizará 5.6 billones de pesos hacia 2030, con más de la mitad orientada al sector energético, de acuerdo con la propia dependencia.
Al mismo tiempo, la Secretaría de Economía despliega los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, un programa que contempla quince polígonos y que en 2026 ya muestra avances: seis iniciaron obras en el primer trimestre con una inversión superior a 4.490 millones de dólares, y el de Puebla reporta cerca de 90% de avance constructivo, según la Secretaría de Economía. Cada polo se concibe para integrar infraestructura, incentivos, suelo industrial y servicios estratégicos en un mismo perímetro.
Por separado, estos anuncios parecen políticas independientes; leídos juntos cuentan otra historia. El gobierno empezó a mover a la vez cuatro piezas —capital, territorio, infraestructura y energía—, y esa coordinación puede volverse uno de los cambios de fondo de la economía mexicana en lo que va del sexenio.
De política ambiental a política industrial
La transición energética se presentó durante mucho tiempo como una obligación ambiental: reducir emisiones, cumplir acuerdos internacionales, sumar renovables. Ese objetivo sigue vigente, pero el eje del debate se corrió.
La energía limpia ya no pesa solo como responsabilidad ambiental: se volvió un factor de competitividad. Las empresas tecnológicas, automotrices, farmacéuticas y manufactureras no buscan apenas electricidad barata, sino suministro suficiente, disponible, confiable y de menor huella de carbono.
A esa exigencia se suman los fondos de inversión, las cadenas globales que ya miden las emisiones de sus proveedores y los mercados que premian a quien cumple, y así, lo que empezó como agenda ecológica opera hoy como condición para competir. Ahora bien, ese giro trae un problema práctico: los gigawatts anunciados son bienvenidos, pero el desafío no se agota en levantar parques solares y eólicos.
La experiencia internacional muestra que generar electricidad es apenas una parte del sistema; el reto mayor llega después, al transportarla, almacenarla y entregarla donde la industria la necesita. Ahí aparece el estrangulamiento mexicano: hay regiones con fuerte interés inversor que no pueden crecer porque la red ya opera cerca de su límite.
En algunos casos, la empresa consigue el terreno, el financiamiento y hasta los permisos ambientales, y lo único que falta es capacidad eléctrica para conectarse.
Ampliar la red tampoco depende solo del presupuesto público. El plan de Hacienda crea vehículos de inversión mixta en los que el Estado conserva la rectoría de los proyectos estratégicos y abre la puerta a capital de largo plazo, el andamiaje pensado para levantar esa capacidad con alianzas público-privadas y no únicamente con recursos federales.
En esa misma dirección, el esquema de Desarrollo Mixto de la CFE ya dio su primer resultado: la convocatoria de generación renovable con almacenamiento se adjudicó en 37 proyectos por 7,411 MW, en su mayoría fotovoltaicos, según medios especializados, aunque hasta el cierre de esta nota la comisión no había confirmado de manera oficial esas cifras.
El nuevo peso de la logística
Durante décadas, un parque industrial se medía por tres variables: acceso carretero, conectividad ferroviaria y proximidad a los mercados. Hoy esa cuenta quedó corta, con la disponibilidad energética como cuarto factor indispensable y el agua como quinto en camino.
Para el sector logístico la exigencia es más aguda. Un centro de distribución ya no se juzga solo por su acceso carretero o ferroviario, porque la certidumbre energética pesa tanto como la ubicación.
Los desarrolladores que compiten por operaciones de manufactura avanzada, centros de datos o plantas ligadas al nearshoring enfrentan una variable nueva: de poco sirve tener el terreno y el transporte resueltos si la interconexión eléctrica tarda años o si la subestación más cercana ya está saturada.
De ese modo, la cadena que durante años se pensó como carreteras, puertos y ferrocarriles empieza a depender de una infraestructura menos visible, la red eléctrica, que hoy define tanto como cualquier factor la velocidad con que una inversión pasa del papel a la operación.
Un centro de datos de gran escala consume decenas de megawatts de forma continua, y la manufactura avanzada, los procesos químicos y buena parte de la industria tecnológica suman una demanda alta de agua y de sistemas de enfriamiento cada vez más complejos.
A ello se agrega un factor que suele pasarse por alto, el suelo industrial: no basta la electricidad, hacen falta terrenos amplios y con vocación industrial, con conectividad ferroviaria y carretera, infraestructura hidráulica, telecomunicaciones y cercanía con los mercados de consumo.
La consecuencia se impone sola: de esta forma, la infraestructura ya no admite planearse por sectores, sino como un sistema.
El nuevo mapa industrial y apuesta por el hidrógeno
La competencia también se desplaza: ya no ocurre solo entre países, sino cada vez más entre regiones. Los estados que integren energía, agua, suelo industrial, logística, telecomunicaciones, incentivos fiscales y talento especializado concentrarán la próxima ola de inversión.
No ganará necesariamente quien genere más electricidad, sino quien logre convertirla en desarrollo económico.
En este camino, los Polos de Desarrollo apuntan a esa lógica, con una meta de 300 mil empleos y una inversión equivalente al 1.5% del PIB en el sexenio, según la Presidencia de la República. No se limitan a atraer empresas: buscan armar ecosistemas productivos, con energía, suelo, incentivos fiscales y conectividad coordinados en un mismo polígono, de modo que un estado ofrezca una respuesta integral en lugar de una fila de trámites.
Por su parte, el proyecto Oasis de la CFE combinará una central solar de 72 MW, baterías por 20 MW y una planta de electrólisis de 20 MW para abastecer a comunidades de Mulegé, en Baja California Sur, y frente a otras inversiones internacionales puede parecer modesto.
Su peso, sin embargo, no está en el tamaño sino en la señal: México admite de manera oficial que el hidrógeno verde entra en la siguiente etapa tecnológica, en la línea de Alemania, Japón, Corea del Sur o Australia, que ya lo incorporan a industrias donde electrificar resulta más difícil.
El país reúne condiciones sólidas para ese mercado: alta radiación solar, corredores eólicos, acceso a dos océanos, integración comercial con Norteamérica y una posición útil para abastecer a la vez al mercado nacional y al estadounidense.
En este sentido, la ampliación de la Central Fotovoltaica de Puerto Peñasco es una muestra: al concluir alcanzará 1,000 MW y será, según la CFE, la planta solar más grande de América.
Ninguna ventaja geográfica genera prosperidad por sí sola: la historia económica muestra que los países que prosperan no son los que tienen más recursos, sino los que saben organizarlos.
Lo que está en juego
Hay, además, un componente internacional poco mencionado: Estados Unidos necesita que buena parte de su cadena de suministro opere con energía más limpia, no solo por motivos ambientales, también por competitividad, compromisos corporativos y presión de los mercados.
En ese marco, México ya no compite solo por costos laborales bajos, sino por plataformas industriales capaces de producir con energía suficiente, confiable y de menor intensidad de carbono, una diferencia que puede decidir dónde se instalarán miles de millones de dólares en la próxima década.
Los gigawatts anunciados son un buen comienzo, aunque apenas el primer movimiento, pero la pregunta de fondo no es cuántos megawatts se instalen este año, sino si México logrará que energía, agua, infraestructura, logística, financiamiento y planeación territorial funcionen como un solo cuerpo.
De esa coordinación depende la diferencia entre atraer inversiones sueltas o consolidar una plataforma industrial para Norteamérica. Por décadas, los países compitieron con mejores fábricas; hoy compiten con mejores entornos productivos.
Detrás de las cifras hay una idea sencilla: hoy la energía no acompaña al desarrollo, lo encabeza. Ese giro, en silencio, puede terminar pesando más que cualquiera de los anuncios que hoy lo integran.
(*) El autor es empresario y fue presidente de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Centrales de Abasto A.C., encargada de representar al sector mayorista alimentario del país, además de cofundador del TMexpark, la plataforma logística de México.
